Edificios ilegales que escapan a las sentencias de derribo

Urbanizaci¨®n de lujo Marina Isla de Valdeca?as, en C¨¢ceres, construida en un espacio natural protegido de la Red Natura 2000. Tras 13 a?os de litigios, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) declar¨® hace unas semanas ¡°la imposibilidad material parcial¡± de cumplir las sentencias de demolici¨®n y resolvi¨® salvar de la piqueta un hotel y 185 viviendas. Edificio Piricoto en la colina de Castrelos, en Vigo. Pasados m¨¢s de 25 a?os de su sentencia de derribo de 1994 por su impacto paisaj¨ªstico, el Supremo acaba de fallar de forma definitiva que no sea derribado, validando algunos cambios en la estructura y dando por bueno el argumento de que en todo este tiempo el entorno ha cambiado y est¨¢ mucho m¨¢s urbanizado. Hotel Talaso Atl¨¢ntico, construido hace 20 a?os en suelo no urbanizable en Oia (Pontevedra). A pesar de haberse dictado su demolici¨®n en 2012, este complejo tur¨ªstico con balneario de agua salada sigue funcionando hoy en d¨ªa con total normalidad.

Son muchos m¨¢s los ejemplos que muestran lo dif¨ªcil que es que caiga una construcci¨®n contraria a la ley en Espa?a para restituir el entorno a su estado anterior, aunque tenga sentencia de derribo. La justificaci¨®n suele ser que esta no es una medida r¨¢pida de ejecutar por su importante coste econ¨®mico, y a veces tambi¨¦n social. En su auto del 30 de junio, el TSJEx expone que los gastos de demolici¨®n y las indemnizaciones por tirar abajo todo el complejo de la isla de Valdeca?as podr¨ªan alcanzar casi 145 millones de euros, considerando los magistrados que esta cantidad supondr¨ªa ¡°un grave perjuicio econ¨®mico¡± para el erario p¨²blico. Sin embargo, seg¨²n destaca Pedro Brufao, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, para evitar justamente este extremo est¨¢n las medidas cautelares, que permiten detener un proyecto mientras se llega a una resoluci¨®n firme. ¡°Pero en Espa?a no se usan o cuando se usan se piden fianzas millonarias, lo que supone un obst¨¢culo al convenio de Aarhus porque dificulta el acceso a la justicia en materia ambiental¡±, incide.

Como explica la abogada de la organizaci¨®n ecologista extreme?a Adenex, Mar¨ªa ?ngeles L¨®pez, tras una larga espera para recibir el expediente de las obras en la isla de Valdeca?as, solicitaron medidas cautelares por primera vez al TSJ de Extremadura para detener las m¨¢quinas en 2009: petici¨®n desestimada. Despu¨¦s, ya con una sentencia que anulaba el decreto de construcci¨®n, y con 185 viviendas construidas, volvieron a pedir la paralizaci¨®n del proyecto en 2012 para frenar las edificaciones: en esta ocasi¨®n los magistrados exigieron a los ecologistas una fianza de 41 millones de euros. ¡°No era asumible¡±, se queja la letrada. ¡°Adem¨¢s, yo para ejecutar algo de lo que ya tengo sentencia, tengo que poner fianza, y la otra parte no tiene que poner fianza si pierde para poder llevar a cabo la demolici¨®n¡±.

Existe un factor determinante para explicar los retrasos interminables en el cumplimiento de las sentencias urban¨ªsticas. Como se?ala el profesor de la Universidad de Extremadura, ¡°el problema m¨¢s grave ocurre cuando a quien se condena es la propia Administraci¨®n y corresponde a ella ejecutar la sentencia: se hace la perezosa, pone much¨ªsimas pegas, alega que no tiene presupuesto¡­¡±. En muchas ocasiones, esta misma Administraci¨®n trata de reformar el planeamiento con efectos retroactivos para legalizar lo que antes fue ilegal. ¡°Esto vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva¡±, destaca Brufao, ¡°la jurisprudencia del Constitucional est¨¢ ya reconociendo esta situaci¨®n. En Valdeca?as, por ejemplo, se declar¨® inconstitucional la reforma expresa de la ley del suelo de Extremadura para dar cabida a este proyecto¡±.

¡°En un mundo de buena fe y lealtad la Administraci¨®n deber¨ªa cumplir el fallo judicial de forma espont¨¢nea, puntual y exacta¡±, incide Jos¨¦ Ram¨®n Chaves, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en una reciente publicaci¨®n de Juezas y Jueces para la Democracia sobre medio ambiente que aborda la ejecuci¨®n de sentencias urban¨ªsticas. ¡°Sin embargo, el mundo de la ejecuci¨®n contencioso-administrativa gira bajo el castizo principio de resistencia y hechos consumados (sostenella y no enmendalla); en esta contumacia administrativa, el urbanismo se ofrece como m¨¢s crudo ejemplo plagado de edificaciones ilegales por sentencia, que se mantienen en pie gracias a planeamientos sanadores, nulidades de actuaciones, tercer¨ªas, etc¨¦tera¡±, prosigue Chaves.

En un auto de diciembre de 2012, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Pontevedra advert¨ªa personalmente al alcalde de Oia de que, en caso de no cumplir con el derribo del Talaso en el plazo de un a?o, se le impondr¨ªan multas coercitivas de 1.500 euros o una cuant¨ªa superior hasta completar la demolici¨®n. Fue el primero de los avisos a una alcald¨ªa por la que desde entonces han pasado Alejandro Rodr¨ªguez, del PP, la socialista Rosa Mar¨ªa Otero y Cristina Correa, de nuevo del PP, hoy regidora. M¨¢s de siete a?os despu¨¦s, el edificio sigue ah¨ª, indemne, y no ha habido multa alguna. A cada escrito de la juez, el Ayuntamiento ha dado una respuesta diferente que postergaba el derribo.

¡°Estamos tramitando un plan especial para encuadrar el hotel balneario dentro de la legalidad vigente¡±, comenta Correa, que incide en el perjuicio que supondr¨ªa para el Ayuntamiento de Oia el derribo y las posibles indemnizaciones a la empresa a la que se dio permiso para construir: ¡°Eso ser¨ªa objeto de otro pleito, pero cualquier cantidad excede con creces lo que puede soportar un Ayuntamiento de este tama?o, tenemos un presupuesto muy peque?o¡±. ¡°Puede ser la ruina, la quiebra¡±, destaca la alcaldesa.

Para Eulogio Abeleira, activista urban¨ªstico detr¨¢s de la denuncia contra el Talaso y otras muchas m¨¢s en Galicia, resulta un esc¨¢ndalo que en todos estos a?os no se haya impuesto ni una sola multa a la alcald¨ªa y que el hotel balneario no haya sido precintado hace mucho tiempo. ¡°Que un Ayuntamiento sea pobre o rico no le exime de cumplir las leyes¡±, destaca. ¡°Es una verg¨¹enza que luego multen al pobre paisano por construir sin permisos un gallinero¡±.

De todas las construcciones ilegales del pa¨ªs, posiblemente la m¨¢s conocida sea el hotel El Algarrobico, la mole de una veintena de plantas levantada en el Parque Natural Cabo de Gata-N¨ªjar, a solo 50 metros del mar, en el municipio de Carboneras (Almer¨ªa). Esta construcci¨®n cuyas obras se paralizaron de forma cautelar en 2006, hace 14 a?os, es hoy un edificio fantasma con decenas de sentencias en contra. Parad¨®jicamente, ninguna de ellas habla todav¨ªa de demolici¨®n. ¡°Ya hemos pedido el derribo al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa en Granada, a¨²n no tenemos fecha para el fallo de la sentencia¡±, comenta Jos¨¦ Ignacio Dom¨ªnguez, abogado de Greenpeace, que tiene asumido que queda un complicado camino para que este lugar vuelva a su estado anterior.

¡°El Algarrobico tendr¨ªa que estar ya demolido, pero si la Administraci¨®n no quiere puede jugar de muchas formas¡±, incide el letrado de los ecologistas, que asegura que hay varias cuestiones clave que Carboneras sigue demorando en el proceso necesario para anular la licencia que dio a la constructora en 2003. ¡°El Ayuntamiento de Carboneras se est¨¢ fumando un puro, hace lo que quiere¡±, se?ala el abogado. En julio de 2018 el pleno de este Consistorio dio cuenta de una resoluci¨®n de la alcald¨ªa para cumplir con dos requisitos a los que est¨¢ obligado por una sentencia del TSJ de Andaluc¨ªa: modificar su planeamiento urban¨ªstico para que el suelo donde est¨¢ el hotel figure como protegido en lugar de urbanizable y ampliar la servidumbre de protecci¨®n de la orilla del mar hasta los 100 metros tal como marca la Ley de Costas. Pero dos a?os despu¨¦s, ninguno de estos cambios ha aparecido todav¨ªa en el Bolet¨ªn Oficial de la Provincia. Desde el Ayuntamiento, responden: ¡°Se est¨¢ trabajando en la modificaci¨®n de la normativa urban¨ªstica¡±.

Ante la extrema complejidad para deshacer lo construido una de las estrategias para sacar adelante un proyecto esquivando la ley es darse prisa en terminarlo. ¡°Los promotores saben que si van m¨¢s r¨¢pido que los tribunales no va a pasar nada, es una vulneraci¨®n de los derechos de los ciudadanos¡±, comenta Mar¨ªa ?ngeles Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acci¨®n en Madrid, que asegura que esto fue lo que pas¨® con el desdoblamiento de la carretera M-501, entre Quijorna y Navas del Rey, realizado sin el preceptivo estudio de impacto ambiental. ¡°Nosotros pedimos suspensi¨®n cautelar y nos pidieron 500.000 euros de fianza. Mientras hac¨ªamos una campa?a de donaciones, la Comunidad de Madrid empez¨® a trabajar los siete d¨ªas de la semana, las 24 horas, tambi¨¦n de noche. Antes de que consigui¨¦ramos toda la fianza, se inaugur¨® la carretera. Cuando llega en 2011 la sentencia firme, estaba todo construido. Hemos ganado en el TSJ, en el Supremo, en el Tribunal Europeo. Hemos ganado todo lo habido y por haber. Pero ah¨ª est¨¢ la carretera. Hay que agilizar los tr¨¢mites procesales, las paralizaciones cautelares¡±.

Aunque en una primera sentencia se planteaba la restituci¨®n de la zona afectada a su estado original, desde la Comunidad de Madrid consideran que todo estar¨¢ resuelto en cuanto se terminen de aplicar las medidas previstas en la declaraci¨®n de impacto formalizada a posteriori, seis a?os despu¨¦s de que terminaran las obras. ¡°El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en auto de 29 de enero de 2016, confirm¨® que se considerar¨ªa ejecutada la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 15 de diciembre de 2011 que afectaba al proyecto si se adoptaran las medidas propuestas en la Declaraci¨®n de Impacto Ambiental¡±, indican.

Con todo, s¨ª hay casos en los que se consigue volver para atr¨¢s lo hecho. Es dif¨ªcil tirar una construcci¨®n ilegal, pero no imposible. Ocurri¨®, por ejemplo, en el Alto del Cuco, una monta?a a la que se arranc¨® un enorme trozo para meter 214 viviendas en 2007, en Pi¨¦lagos (Cantabria). El Tribunal Supremo confirm¨® la sentencia de demolici¨®n en 2011 y la urbanizaci¨®n fue derribada en 2016. ¡°T¨² vas ahora y ves una monta?a, preparada para sembrar especies aut¨®ctonas. Puede ser incluso un ejemplo mod¨¦lico¡±, comenta Carlos Garc¨ªa, presidente de ARCA, organizaci¨®n ecologista c¨¢ntabra con muchas victorias en los tribunales. ¡°La realidad es como es, lo que importa no es lo que tardes, sino que se produzca¡±, incide Garc¨ªa, que asegura que ¡°una sentencia firme de demolici¨®n ya es un elemento de disuasi¨®n¡±.

Antes incluso que en el Alto del Cuco, en 2009 las excavadoras tambi¨¦n empezaron a tirar en Arnuero las casas ilegales de la playa de La Arena, una de las urbanizaciones que llevan m¨¢s tiempo con sentencia de derribo: desde mayo de 1994. Todav¨ªa no se ha completado la demolici¨®n, pues este caso a?ade una importante complejidad: a¨²n sigue habiendo 102 apartamentos con gente viviendo dentro. A pesar de todo, se lleg¨® a un acuerdo para terminar de derribar la urbanizaci¨®n una vez se haya realojado a las familias en casas de nueva construcci¨®n en otra parte del municipio.

Ciriaco Garc¨ªa, vicepresidente de AMA, la organizaci¨®n que representa a estos afectados, calcula que hay m¨¢s de 400 viviendas pendientes de derribo con personas dentro en Cantabria, la mayor parte de ellas en Argo?os, que asegura tiene 16 sentencias de demolici¨®n, el ¡°r¨¦cord nacional por metro cuadrado¡±. ¡°Si las viviendas est¨¢n mal construidas, por qu¨¦ no se par¨® al principio, por qu¨¦ se sigui¨®¡±, incide el representante de AMA, siglas de Asociaci¨®n de Maltratados por la Administraci¨®n. ¡°La gente iba a preguntar al Ayuntamiento y all¨ª les dec¨ªan que no hab¨ªa problema para comprar¡±.

Como subraya Garc¨ªa, hay casas en Escalante con sentencia de derribo desde 1992, dentro de unos meses se cumplir¨¢n 28 a?os. ¡°Los responsables de todo esto son el Gobierno de Cantabria y los Ayuntamientos, pero los que pagamos la condena somos nosotros, y esto es una cadena perpetua¡±.