El TSJM anula las restricciones impuestas por Sanidad en Madrid para frenar los contagios de covid-19
La justicia deniega la ratificaci¨®n de las medidas al ¡°verse afectados los derechos y las libertades fundamentales¡±
Varapalo judicial a las restricciones de movilidad en la capital y en otros nueve municipios de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado este jueves la ratificaci¨®n del cierre impuesto por el Ministerio de Sanidad para frenar los contagios al entender que suponen ¡°una injerencia en los derechos fundamentales sin habilitaci¨®n legal que la ampare¡±. Al no contar con el aval judicial, no se podr¨¢ multar a los incumplidores y quedan en papel mojado los confinamientos perimetrales a 4.786.948 ciudadanos que, desde el pasado viernes por la noche, no pod¨ªan salir de sus municipios salvo excepciones y con justificante. La presidenta regional, Isabel D¨ªaz Ayuso, ha pedido a los ciudadanos que no salgan de Madrid y ha anunciado medidas ¡°sensatas, justas y ponderadas¡±, mientras que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que el Gobierno adoptar¨¢ ¡°las decisiones jur¨ªdicas que mejor protejan la salud¡±, sin aclarar cu¨¢les. El alcalde de la capital, Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez-Almeida, tambi¨¦n ha llamado a la responsabilidad a los madrile?os. En cualquier caso, se han suspendido solo los art¨ªculos de la orden que afectan a derechos fundamentales. El resto de medidas, como el cierre de los bares a las 22.00 y la limitaci¨®n de aforo, siguen vigentes.
Casi una semana despu¨¦s de la entrada en vigor de las restricciones, tras publicar Sanidad el jueves la orden en el BOE y de hacer lo propio Madrid en su bolet¨ªn oficial el viernes, la Secci¨®n Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha dado a conocer su auto esta ma?ana, en el que concluye que la ley que supuestamente ampara y que da cobertura a las medidas en realidad no lo hace.
Los magistrados entienden que ¡°las medidas limitativas de derechos fundamentales¡± que establece la orden de Sanidad ¡°constituyen una injerencia de los poderes p¨²blicos sin habilitaci¨®n legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada¡±. En concreto, explican que ¡°la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi¨®n y calidad del Sistema Nacional de Salud, y en concreto su art¨ªculo 65, no contiene una habilitaci¨®n legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales¡±.
En su auto, inciden en que en el orden constitucional espa?ol corresponde a los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales ¡°la delimitaci¨®n y la modulaci¨®n de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial¡±. ¡°Dicho de otro modo, los derechos fundamentales que la Constituci¨®n atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposici¨®n con rango de ley, que re¨²na las condiciones m¨ªnimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jur¨ªdica y certeza del derecho¡±, a?ade el fallo.
En su informe de hace dos d¨ªas, la Fiscal¨ªa de Madrid dio sin embargo su aprobaci¨®n a las medidas, al entender que se ajustan a los ¡°criterios de proporcionalidad¡± ante el alto riesgo de contagios y que prevalece ¡°el derecho a la vida y a la salud¡± por encima de cualquier otra consideraci¨®n. Los magistrados, que ya dieron dos veces su aval a las restricciones de Ayuso, en esencia las mismas pero aplicadas primero a 37 y luego a 45 ¨¢reas de salud y no a municipios completos, explican en su resoluci¨®n que ¡°se est¨¢ ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de an¨¢lisis el 24 de septiembre y el 1 de octubre¡±, ya que ahora se trata de un mandato del ministerio.
La sala asegura ser ¡°consciente de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes¡± y de la "necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces de diversa ¨ªndole para proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagaci¨®n de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud, entre las que cabr¨ªa incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance¡±. Pero a?ade: ¡°Para ello nuestro sistema constitucional articula instrumentos jur¨ªdicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jur¨ªdicos diferentes para delimitar, modular, restringir e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garant¨ªas constitucionales¡±, concluyen los jueces. En resumen: s¨ª a las medidas, pero no al marco legal empleado para aplicarlas.
Y ahora, ?qu¨¦? Contra el auto cabe recurso, primero ante la propia sala y despu¨¦s ante el Tribunal Supremo, pero tambi¨¦n hay margen desde la pol¨ªtica. Fuentes del Gobierno regional avanzan que el viernes la Comunidad lanzar¨¢ una nueva orden sanitaria. ¡°Con nuestro dise?o, ya que fue aprobado por el mismo tribunal¡±, es decir, que restaurar¨¢ las restricciones por ¨¢reas de salud y no por municipios, informa Manuel Viejo.
El ministro Illa, sin concretar si se refiere a una eventual declaraci¨®n del estado de alarma, que s¨ª dar¨ªa base jur¨ªdica a las medidas, ha avanzado: ¡°Hemos conocido una resoluci¨®n judicial. El plan a, el plan b y el plan c es proteger la salud de los ciudadanos. Siempre pensemos en los enfermos, las familias, las personas y los sanitarios. Adoptaremos las decisiones jur¨ªdicas que mejor protejan la salud¡±. Por su parte, el alcalde de la capital ha lamentado la situaci¨®n: ¡°La pandemia va a seguir, pero no puede continuar la inseguridad jur¨ªdica¡±. Almeida ha tendido la mano a los Gobiernos de Madrid y de la naci¨®n para ¡°abordar la reforma del marco normativo¡± que permita a la regi¨®n adoptar medidas, al tiempo que ha llamado a los madrile?os a seguir respetando las medidas.
De momento, lo que no se podr¨¢ es sancionar a los incumplidores de los municipios afectados ¨DMadrid, Alcal¨¢ de Henares, Alcobendas, Alcorc¨®n, Fuenlabrada, Getafe, Legan¨¦s, M¨®stoles, Parla y Torrej¨®n de Ardoz ¨D. El Gobierno regional estaba a la espera de la decisi¨®n judicial para dar v¨ªa libre a las multas, que pod¨ªan oscilar entre los 600 y los 600.000 euros. La no ratificaci¨®n coincide con las primeras vacaciones tras el verano, el puente del Pilar, en el que habitualmente miles de madrile?os acuden a sus segundas residencias en la sierra o en comunidades lim¨ªtrofes o se van al campo o a la playa.
Fuentes de la Delegaci¨®n del Gobierno han informado de que los controles aleatorios y m¨®viles de la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil se mantienen ¡°hasta nuevo aviso¡±, mientras que se han cancelado ya los de la Polic¨ªa Municipal de Madrid porque ¡°ya no tienen sentido¡± seg¨²n fuentes municipales. Hasta el momento, eran solo informativos y as¨ª seguir¨¢n siendo de momento. La vigilancia ha ido estos d¨ªas in crescendo. Los tres cuerpos implicados identificaron el mi¨¦rcoles a 2.796 personas y pararon 1.843 veh¨ªculos en 346 controles. En ellos intervinieron 618 agentes nacionales. El despliegue de la Guardia Civil es mucho menor porque son pocos los municipios afectados bajo su jurisdicci¨®n. El martes, se identificaron a 2.189 personas, un 28% m¨¢s que el lunes, y se pararon 1.366 veh¨ªculos en 314 controles. El lunes, primer d¨ªa laborable de cierre, hubo 1.705 identificados y se dio el alto a 697 veh¨ªculos en 247 controles.
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