El ensayo andaluz de la ley de libertad sexual

Andaluc¨ªa se convirti¨® en julio de 2018 en el primer territorio espa?ol en considerar como v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero a las mujeres que han sufrido agresiones o abuso sexual, una equiparaci¨®n que tambi¨¦n va a incluir la futura ley de Igualdad Sexual que prepara el Gobierno central. Con la reforma de su ley de violencia de g¨¦nero de 2007, la comunidad tambi¨¦n fue pionera en ampliar los tipos de violencia que se consideraban de g¨¦nero, a la econ¨®mica -que incluye, entre otros aspectos, la discriminaci¨®n laboral-, el feminicidio, la trata, la explotaci¨®n sexual o la mutilaci¨®n genital, entre otras muchas clases. Un a?o y medio despu¨¦s de su implantaci¨®n, a la letra impresa no le ha acompa?ado la m¨²sica de su efectividad. Su ¨¢mbito exclusivamente auton¨®mico y la falta de recursos han lastrado su desarrollo.

¡°La redacci¨®n de los art¨ªculos uno y el tres es el marco id¨®neo para proteger a la mujer porque incorpora un cariz femenino en la victimolog¨ªa. Es una de las normas que aplica con mayor extensi¨®n el contenido del Convenio de Estambul¡±, explica Flor de Torres, fiscal delegada de Violencia de G¨¦nero en Andaluc¨ªa. En ese articulado que cita De Torres se recoge la ampliaci¨®n del car¨¢cter de v¨ªctima a los hijos de las mujeres que han sufrido violencia de g¨¦nero, a todas las personas que dependan de ellas y a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados y los distintos tipos de violencia de g¨¦nero. ¡°La violaci¨®n de La Manada, con la ley andaluza se podr¨ªa haber juzgado como violencia de g¨¦nero¡±, explica la fiscal.

Pero es esa asimetr¨ªa entre esta ley y la que se aplica en los juzgados, la Org¨¢nica de Medidas de Protecci¨®n Integral contra la Violencia de G¨¦nero, de 2004, la que en buena parte ha lastrado la efectividad y visibilidad de la norma andaluza a efectos legales. ¡°Nos genera cierta esquizofrenia, porque la nacional se queda corta en relaci¨®n con la auton¨®mica¡±, incide la fiscal. Esa dicotom¨ªa provoca que en el ¨¢mbito judicial una mujer v¨ªctima de trata o que haya sufrido una agresi¨®n sexual no pueda ser reconocida como v¨ªctima de violencia de g¨¦nero, pero que pueda acceder a la ayuda asistencial que s¨ª le garantiza la comunidad por tener esa consideraci¨®n.

Llega la ley de libertad sexual: el silencio no es un s¨ª

La agilidad a la hora de acceder a esos recursos tampoco parece ser la t¨®nica. La Junta de Andaluc¨ªa, a trav¨¦s del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), tiene en marcha una serie de convenios con la Asociaci¨®n Amuvi para desarrollar los programas de asistencia legal y psicol¨®gica de violencia sexual. Adem¨¢s, desde abril de 2018, se encarga del tel¨¦fono de atenci¨®n inmediata a las mujeres que han sufrido agresi¨®n o acoso sexual, tambi¨¦n dependiente del IAM. ¡°Nos hemos encontrado con v¨ªctimas de violencia sexual que necesitaban una casa de acogida y gracias a esta ley hemos podido hacerlo, pero no ha sido f¨¢cil porque falta cierta adaptaci¨®n¡±, explica Inma Moreno, psic¨®loga de Amuvi.

Moreno advierte de que, sin la dotaci¨®n econ¨®mica adecuada, la reforma de 2018 es ¡°todo lo ambiciosa que puede ser la ley en el papel, pero no produce un impacto real¡±. El cambio en los criterios de reparto de las 10 l¨ªneas de subvenciones que tiene el IAM, que dej¨® sin apoyo econ¨®mico a centenares de proyectos, provoc¨® las protestas de muchas organizaciones y asociaciones. ¡°Hemos debido adaptar las bases reguladoras de las subvenciones y la crisis del covid nos ha obligado a priorizar, dando preferencia a las ayudas directas a las v¨ªctimas, pero los fondos para los programas se van a conceder¡±, explica Laura Fern¨¢ndez, directora del IAM. En el proyecto de presupuestos para 2021, la partida para el Instituto de la Mujer es pr¨¢cticamente la misma que en el ejercicio anterior -de 44.080.096 euros pasa a 44.197.69-, que ya se consider¨® deficitaria.

Nuevos protocolos para otras violencias

Fern¨¢ndez es consciente de que todav¨ªa hay muchos elementos de la reforma de 2018 que a¨²n no han podido desarrollarse. Su departamento est¨¢ trabajando en el Plan integral de sensibilizaci¨®n y prevenci¨®n contra la violencia de g¨¦nero, pero, como la propia directora reconoce, ¡°no est¨¢ cuantificado econ¨®micamente¡±, a la espera de que cada consejer¨ªa establezca sus acciones y las justifique. S¨ª se pretende que en diciembre est¨¦ en funcionamiento la primera fase de la ventanilla ¨²nica para que ¡°todas las v¨ªctimas puedan conocer los recursos de los que dispone la Junta en materia de violencia de g¨¦nero¡±. La segunda fase ser¨¢ la de asesoramiento jur¨ªdico.

En consonancia con la ampliaci¨®n de los tipos de violencia que se consideran de g¨¦nero, el IAM tambi¨¦n est¨¢ ultimando protocolos y planes estrat¨¦gicos, como el de trata de mujeres y ni?as, que se presentar¨¢ en diciembre, el de masculinidad igualitaria o los manuales para mujeres con discapacidad y para mayores de 65 a?os, en cuya redacci¨®n participan organizaciones directamente involucradas con estos problemas.

Entre las ayudas que a¨²n no se han repartido este a?o est¨¢n las destinadas al servicio de asesoramiento jur¨ªdico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminaci¨®n laboral por raz¨®n de sexo, un programa que presta el propio IAM y los sindicatos CC OO y UGT. Ambas organizaciones prestan este servicio de manera gratuita, pero generalmente han contado con ayudas de la Junta, que, coinciden, descendieron de cuant¨ªa en 2019 y en 2020 no se han convocado. ¡°Las leyes hay que llevarlas a la realidad y ahora es cuando m¨¢s falta hace la inversi¨®n¡±, se?ala Cristina Garc¨ªa desde UGT. En 2019, este servicio atendi¨® a 254 trabajadoras que hab¨ªan sufrido alg¨²n tipo de discriminaci¨®n econ¨®mica, seg¨²n la memoria del IAM.

¡°Conocer la violencia de g¨¦nero, imprescindible para abordar la sexual¡±

En la atenci¨®n a las nuevas violencias, Andaluc¨ªa tambi¨¦n ha sido pionera en el acompa?amiento integral a las v¨ªctimas de violencia sexual, que se ha fortalecido con la atenci¨®n inmediata a trav¨¦s de un n¨²mero 900. Este servicio lo presta Amuvi a trav¨¦s de un contrato con el IAM que se renov¨® en 2018 por un importe de 287.800 euros y que se ha prorrogado por otros 12 meses a raz¨®n de 143.900 euros, seg¨²n la informaci¨®n facilitada por el IAM. En 2019 se atendieron a 609 mujeres v¨ªctimas de agresiones y/o abusos sexuales. ¡°Adem¨¢s de asistencia psicol¨®gica, los programas implican un acompa?amiento integral de la mujer en el caso de que quiera iniciar un proceso penal. No es lo mismo ir sola y sentirse culpable que conocer a qu¨¦ se van a enfrentar y por qu¨¦¡±, indica Celia Pulido, abogada de Amuvi. En 2019, a trav¨¦s de este servicio se realizaron 2.728 actuaciones jur¨ªdicas. ¡°Conocer la violencia de g¨¦nero para abordar la sexual es imprescindible¡±, abunda Pulido.

La reforma de 2018 incorpora otro avance importante, como es la extensi¨®n de la facultad de emitir certificados de acreditaci¨®n de violencia de g¨¦nero a otras entidades, como los servicios sociales o inspectores de Trabajo y Seguridad Social, m¨¢s all¨¢ de la autoridad judicial, fiscal o policial. Pero su eficacia tambi¨¦n es cuestionada. ¡°La valoraci¨®n es esencial para que la v¨ªctima acceda a una atenci¨®n especializada e integral, pero muchas veces esa valoraci¨®n no queda registrada o no se otorga. ?Para qu¨¦ sirven las leyes, si luego los servicios p¨²blicos no se modifican?¡±, se pregunta la abogada sevillana Amparo Mu?oz, especialista en violencia de g¨¦nero y trata. Desde el IAM son conscientes de ese problema y su directora se?ala que se van a publicar instrucciones para que sea el IAM quien pueda emitir esos t¨ªtulos habilitantes que permitan a las mujeres acceder a los recursos que le reconoce la ley.