El PP recurre ante el Tribunal Constitucional la ¡®ley Cela¨¢¡¯

El Partido Popular ha presentado este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de educaci¨®n (Lomloe), conocida como ley Cela¨¢. El l¨ªder del PP, Pablo Casado, ha anunciado adem¨¢s que si llega a La Moncloa la derogar¨¢. A su entender, la ley conculca la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos, ataca a la educaci¨®n especial y al castellano, porque deja de figurar en el texto como lengua vehicular de la ense?anza (se sustituye por una expresi¨®n m¨¢s gen¨¦rica). La nueva norma revierte la pol¨¦mica Lomce o ley Wert, aprobada por el PP en solitario en 2013. PP y Vox rivalizan por este asunto: el partido de extrema derecha present¨® su propio recurso la semana pasada antes que los populares.

El PP ha escenificado la presentaci¨®n del recurso en un acto protagonizado por Pablo Casado en el Colegio Internacional J.H Newman, un centro privado concertado de Madrid. El l¨ªder del PP ha estado acompa?ado del presidente de Uni¨®n del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, que firma tambi¨¦n el recurso a la ley, y de representantes del sector educativo como la presidenta de COFAPA, Bego?a Ladr¨®n de Guevara, y el director del colegio concertado, Juan Ram¨®n de la Serna.

En el acto, Casado ha defendido una escuela de calidad ¡°en la que prime la libertad¡±. ¡°No vamos a permitir que se utilicen nuestros hijos como herramienta de un proyecto de ingenier¨ªa social o de transformaci¨®n nacionalista de algunas comunidades¡±, ha manifestado en referencia a la supresi¨®n del castellano como lengua vehicular en la ense?anza. Esta medida es fruto de un acuerdo que el Gobierno alcanz¨® con ERC para la aprobaci¨®n de los presupuestos generales y supone eliminar algo que la ley solo recog¨ªa desde 2013 y que en estos siete a?os tampoco ha servido en la pr¨¢ctica para que el castellano sea vehicular en la ¨²nica comunidad en la que no lo es: Catalu?a.

El principal caballo de batalla del PP es, no obstante, la defensa de la escuela concertada, ante los cambios en la ley. Seg¨²n Casado, la norma ¡°es un ataque frontal a la concertada con cierta cobard¨ªa¡±. ¡°Queremos garantizar que los padres puedan elegir la ense?anza concertada y el colegio que quieran¡±, ha reclamado. La ley Cela¨¢ elimina el concepto de ¡°demanda social¡± empleado en la anterior normativa para planificar las plazas escolares. El objetivo, seg¨²n ha explicado el Ministerio de Educaci¨®n, era ¡°mejorar el sistema de admisi¨®n¡± de la escuela concertada y ¡°equilibrar¡± la escolarizaci¨®n de los alumnos con bajos recursos y dificultades de aprendizaje entre los centros p¨²blicos y privados. La llamada ¡°demanda social¡± establece que las comunidades aut¨®nomas tendr¨¢n en cuenta la preferencia de las familias para la planificaci¨®n de las plazas escolares. La ministra de Educaci¨®n, Isabel Cela¨¢, ha afirmado en varias ocasiones que ¡°la escuela p¨²blica no puede ser subsidiaria de la concertada¡±.

Por ¨²ltimo, el PP carga contra la intenci¨®n del Gobierno en el nuevo texto normativo de integrar en un periodo de 10 a?os al m¨¢ximo n¨²mero de alumnos con discapacidad en los centros ordinarios, de forma que los de educaci¨®n especial queden reservados ¨²nicamente para los casos m¨¢s graves. Casado se ha erigido en portavoz del colectivo de padres con discapacidad y ha afirmado que estos ¡°simplemente quieren que les dejen en paz, que dejen las cosas como est¨¢n¡±.

En el acto estaba presente el diputado popular Juanjo Matar¨ª, padre de una joven con s¨ªndrome de Down, que ha tenido un encontronazo con la ministra de Educaci¨®n, Isabel Cela¨¢, en una sesi¨®n de control por este asunto. ¡°Lamento mucho, querido Juanjo, las palabras impresentables e inadmisibles de la ministra de Educaci¨®n contra tu familia, que en mi opini¨®n merecer¨ªan su cese¡±, le ha dicho Casado. Durante el pleno de control, el diputado popular denunci¨® que la norma no defiende la educaci¨®n especial y explic¨® que su hija de 25 a?os con s¨ªndrome de Down hab¨ªa conseguido una plena inclusi¨®n social y laboral gracias a que su formaci¨®n hab¨ªa sido adaptada a sus capacidades. Cela¨¢ contest¨® al diputado acus¨¢ndole de no tener ning¨²n contacto con el mundo educativo; ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. ¡°Usted no s¨¦ de qu¨¦ habla¡±, le dijo, provocando el revuelo. La ministra telefone¨® despu¨¦s al diputado para pedirle disculpas dici¨¦ndole que ¡°jam¨¢s¡± fue su intenci¨®n ¡°faltarle al respeto, ni a ¨¦l ni a su familia¡±.

La Lomloe incluye, adem¨¢s, entre sus principales cambios, la p¨¦rdida de peso de la asignatura de Religi¨®n en el curr¨ªculo. Su oferta ya no ser¨¢ obligatoria en 1? y 2? de bachillerato y las calificaciones no computar¨¢n para el acceso a la universidad o la obtenci¨®n de becas. Tambi¨¦n elimina la divisi¨®n de alumnos en diferentes itinerarios seg¨²n sus capacidades acad¨¦micas.

El PP contrat¨® al bufete de abogados Mart¨ªnez-Echevarr¨ªa, en el que trabaja el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera, para recurrir ante el Tribunal Constitucional la Lomloe. La ley educativa se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de los populares contra el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. El PP, ha anunciado Casado, recurrir¨¢ la norma tambi¨¦n ante las instituciones europeas: los populares ya han iniciado conversaciones con la comisaria del ramo.

Un recurso basado en tres ejes

El recurso del PP hace especial hincapi¨¦ en tres ¨¢reas: la cuesti¨®n ling¨¹¨ªstica, el respeto a la libertad religiosa y la escuela concertada. En las tres ¨¢reas entiende el PP que la ley vulnera derechos fundamentales y para impugnarla se apoya en abundante jurisprudencia del propio Constitucional. En particular, para sostener que la ley discrimina la lengua castellana, al no considerarse lengua ¡°propia¡± de comunidades que gozan de otra lengua cooficial, como ocurre con el catal¨¢n en Catalu?a.

El texto se remite a la sentencia que el tribunal de garant¨ªas dict¨® sobre la reforma del Estatut de Catalu?a, y sus previsiones sobre el castellano como lengua vehicular en la ense?anza. En l¨ªnea con los lemas de la campa?a electoral del PP en las pr¨®ximas elecciones en Madrid, el recurso pide la anulaci¨®n de los art¨ªculos impugnados con el argumento de que ponen en riesgo la libertad y el libre desarrollo de la personalidad.

Sostiene as¨ª que con la ley Celaa el Estado ¡°desatiende (¡­) clamorosamente su obligaci¨®n de garantizar el derecho a la libertad religiosa y la obligaci¨®n de cooperaci¨®n con la Iglesia Cat¨®lica y dem¨¢s confesiones¡±. A?ade que ¡°vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formaci¨®n moral y religiosa que est¨¦ de acuerdo con sus propias convicciones¡±. Todo ello para defender la inserci¨®n de la asignatura de religi¨®n.

El PP argumenta que cuando el Estado no prev¨¦ ni regula la asignatura de religi¨®n en las distintas etapas de la educaci¨®n, ¡°manteniendo solamente una vac¨ªa y est¨¦ril menci¨®n al cumplimiento del Acuerdo sobre Ense?anza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado espa?ol, lesiona, por omisi¨®n, los derechos fundamentales¡±.

En materia ling¨¹¨ªstica, los preceptos impugnados designan a la asignatura en la que se estudia la lengua cooficial en la correspondiente comunidad aut¨®noma como ¡°lengua propia¡± y se refieren a la asignatura en la que se estudia el espa?ol o castellano como ¡°lengua castellana¡±. El PP sostiene que la cooficialidad ¡°ha de sujetarse a un patr¨®n de equilibrio o igualdad entre lenguas¡±. Pero subraya que si se diferencia entre lengua castellana y la lengua cooficial correspondiente para definirla como lengua propia, ¡°el espa?ol o castellano¡± aparece como si fuera lengua ¡°ajena, extranjera, extra?a¡±.

El recurso denuncia desequilibrios en los planes de la ley sobre los centros privados concertados. La ley Celaa ¡ªsostiene el PP¡ª asegura ¡°una oferta suficiente solo de plazas p¨²blicas, especialmente en las zonas de nueva poblaci¨®n¡±. Para el PP ello se traduce en que se limita ¡°radicalmente¡± la oferta educativa y la reforma aprobada la escora a una oferta de centros p¨²blicos, eliminando cualquier menci¨®n a los concertados. El recurso impugna que se impida ¡°por principio, de forma absoluta, el acceso a la financiaci¨®n p¨²blica mediante el r¨¦gimen de conciertos a los centros que apliquen la educaci¨®n diferenciada entre alumnos y alumnas¡±. La conclusi¨®n es que el ¡°objetivo ¨²ltimo de la ley¡± consiste en un modelo de ¡°educaci¨®n ¨²nica y monol¨ªtica, universal y exclusivamente ofrecida o controlada por el Estado¡±.