El sindicato de las invisibles

Es tentador, pero arriesgado, pensar que con prohibir algo desaparece el problema. La ley seca de EE UU en los a?os veinte suele ponerse como ejemplo de que la ilegalizaci¨®n no resuelve lo que pretend¨ªa, en este caso el alcoholismo, y tiene efectos contraproducentes, como enriquecer a las mafias. La guerra contra las drogas, declarada por Richard Nixon ante el apogeo del abuso de sustancias en los...

Es tentador, pero arriesgado, pensar que con prohibir algo desaparece el problema. La ley seca de EE UU en los a?os veinte suele ponerse como ejemplo de que la ilegalizaci¨®n no resuelve lo que pretend¨ªa, en este caso el alcoholismo, y tiene efectos contraproducentes, como enriquecer a las mafias. La guerra contra las drogas, declarada por Richard Nixon ante el apogeo del abuso de sustancias en los a?os hippies, ha cumplido medio siglo sin lograr evitar la disponibilidad de producto y llenando las c¨¢rceles de peque?os traficantes o pobres adictos.

Otras veces se impone la estrategia del avestruz: no miramos de frente al problema para que no exista. En los a?os de la Guerra Fr¨ªa, los reg¨ªmenes comunistas declaraban muy rotundos que en sus pa¨ªses no exist¨ªa la prostituci¨®n, porque el sistema garantizaba una vida digna a todos, pero el viajero no hab¨ªa deshecho la maleta y ya estaba recibiendo proposiciones sexuales, de pago por supuesto. Espa?a hace el avestruz a su manera: la prostituci¨®n no es legal, pero tampoco tiene que esconderse, y las vistosas luces de ne¨®n de los burdeles iluminan de noche las carreteras.

El Tribunal Supremo acaba de reconocer que las personas que practican la prostituci¨®n ¡ªen su gran mayor¨ªa mujeres, tambi¨¦n hay varones¡ª¡±gozan del derecho fundamental a la libertad sindical y tienen derecho a sindicarse¡±. Permite as¨ª la formalizaci¨®n del sindicato Organizaci¨®n de Trabajadoras Sexuales (Otras), anulada por una sentencia anterior tras una pol¨¦mica que cost¨® la silla a una directora general del Ministerio de Trabajo (la entonces ministra Magdalena Valerio habl¨® de que les hab¨ªan colado ¡°un gol por la escuadra¡±). El fallo del Supremo aclara que tienen ese derecho quienes ejerzan por cuenta propia, porque no se admite una relaci¨®n laboral. Y no entra en el debate de fondo sobre si la prostituci¨®n es o no una actividad legal.

La cuesti¨®n es una patata caliente que divide a los pol¨ªticos, no siempre en l¨ªneas partidistas. Avanza entre la izquierda y el feminismo la idea del abolicionismo, palabra que remite a la esclavitud: se parte de que la prostituci¨®n es violencia contra la mujer que debe perseguirse. Un enfoque actual, que sigue la estela de Suecia y de Francia, plantea castigar a los clientes en vez de a las mujeres, porque se las considera v¨ªctimas: una mayor¨ªa son explotadas por chulos o incluso forzadas a ejercer contra su voluntad, es decir, secuestradas. Otros pa¨ªses europeos, como Alemania o Pa¨ªses Bajos, apostaron hace d¨¦cadas por la regulaci¨®n. Los burdeles son legales, pagan impuestos y pueden ser inspeccionados. Espa?a se qued¨® en un limbo llamado alegalidad que significa tolerancia y casi nula vigilancia.

Se prepara una nueva ley, despu¨¦s de que varios proyectos se hayan quedado en el caj¨®n. Se centrar¨¢ en combatir la trata, lo que debe aplaudirse, pero ya estaba prohibida; el reto es que se cumpla. Los partidos lanzan mensajes confusos: hay distintas sensibilidades entre el abolicionismo que proclama Carmen Calvo y la regulaci¨®n que defiende Ciudadanos (y algunas voces en Podemos, donde hay divisi¨®n interna). Existen dilemas sin resolver entre castigar solo a los proxenetas o tambi¨¦n a los clientes, o sobre c¨®mo distinguir el ejercicio voluntario del forzado.

No hay soluci¨®n m¨¢gica para un drama complejo. Ni los pa¨ªses que han legalizado los burdeles ni los que persiguen la demanda pueden presumir de haber erradicado la explotaci¨®n, ni Espa?a es ejemplo de nada. El Supremo da ahora cierta protecci¨®n a las meretrices por cuenta propia (no sabemos cu¨¢ntas son). Pongamos el foco en las dem¨¢s, las explotadas sexualmente, sea bajo coacci¨®n o aprovechando su precariedad econ¨®mica, y tampoco sabemos cu¨¢ntas son. ?C¨®mo se las protege mejor? ?Empuj¨¢ndolas a la clandestinidad o permitiendo que formen sindicatos? Dicho de otro modo, si la sociedad quiere ¡ªdebe¡ª ayudar a estas mujeres, ?empezamos por permitir que se escuche su voz?