La ley de libertad sexual tipifica por primera vez como delito el acoso callejero

La ley de libertad sexual, conocida popularmente como ley de solo s¨ª es s¨ª, tipifica por primera vez como delito el acoso sexual callejero, que se castigar¨¢ con localizaci¨®n permanente o trabajos en beneficio de la comunidad. El anteproyecto que llega este martes en segunda vuelta al Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso este peri¨®dico, considera autor de un delito leve a quienes ¡°se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de car¨¢cter sexual que creen a la v¨ªctima una situaci¨®n objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad¡±. Esta es una de las novedades que incorpora la ¨²ltima versi¨®n del texto, en la que el Gobierno ha incluido una definici¨®n de consentimiento sexual distinta a la que recog¨ªa el anteproyecto anterior. Ya no se define lo que no es consentimiento, sino lo que s¨ª lo es: ¡°Solo se entender¨¢ que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atenci¨®n a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona¡±.

El texto, que equipara a las v¨ªctimas de violencia sexual con las de la violencia de g¨¦nero, est¨¢ inspirado por los altibajos judiciales del caso de La Manada, el de la joven violada por cinco hombres en Pamplona en Sanfermines de 2016. El recorrido judicial de ese caso centr¨® el debate en la necesidad de un cambio del C¨®digo Penal, que llega cinco a?os despu¨¦s con una nueva ley que prev¨¦, adem¨¢s, muchas otras medidas. El objetivo del anteproyecto de Ley Org¨¢nica de Garant¨ªa Integral de la Libertad Sexual, de 113 p¨¢ginas, es la protecci¨®n integral del derecho a la libertad sexual y la erradicaci¨®n de todas las violencias sexuales. Para ello, entre otras novedades, prev¨¦ la acreditaci¨®n de v¨ªctimas sin necesidad de denuncia policial, extiende a estos casos la actuaci¨®n de la polic¨ªa especializada o las oficinas de v¨ªctimas y prev¨¦ ayudas econ¨®micas para quienes sufran esta violencia.

El anteproyecto que se eleva a la reuni¨®n del Gobierno incorpora algunas de las sugerencias que recomendaron el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado tras analizar la redacci¨®n anterior. El Ejecutivo no ha querido renunciar a definir el consentimiento, como recomend¨® el Poder Judicial, pero se ha optado por una definici¨®n m¨¢s simple, muy parecida a la que recoge el Convenio de Estambul sobre prevenci¨®n y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia dom¨¦stica, aunque la ley espa?ola va m¨¢s all¨¢ al exigir que el consentimiento, adem¨¢s de libre y voluntario, sea manifestado de forma clara.

M¨¢s informaci¨®n

El Poder Judicial aprueba por unanimidad el informe que cuestiona los aspectos clave de la ley de libertad sexual

Espa?a ya castiga los actos sexuales sin consentimiento, pero este no est¨¢ definido en el C¨®digo Penal, que se centra en la violencia o intimidaci¨®n para determinar cu¨¢ndo hay agresi¨®n. El otro cambio sustancial de la nueva ley es que desaparece el delito de abuso sexual, una modificaci¨®n que ya hab¨ªa propuesto el grupo de especialistas convocado por el Gobierno de Mariano Rajoy para revisar el C¨®digo Penal cuando arreciaron las cr¨ªticas por el tratamiento a la v¨ªctima de La Manada.

Adem¨¢s de la agresi¨®n sexual, el acoso sexual o la explotaci¨®n de la prostituci¨®n ajena, la norma prev¨¦ dar respuesta tambi¨¦n a las violencias sexuales cometidas en el ¨¢mbito digital, como la pornograf¨ªa no consentida o la extorsi¨®n sexual. Recoge la mutilaci¨®n genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotaci¨®n sexual y la trata con fines de explotaci¨®n sexual. E incluye el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual, ¡°o feminicidio sexual, como la violaci¨®n m¨¢s grave de los derechos humanos vinculada a las violencias sexuales, que debe ser visibilizada y a la que se ha de dar una respuesta espec¨ªfica¡±, se?ala el texto.

El anteproyecto, que se convertir¨¢ en proyecto de ley tras su paso por el Consejo de Ministros y que iniciar¨¢ su tr¨¢mite parlamentario previsiblemente en septiembre, desarrolla el ¡°derecho a la reparaci¨®n¡± de las v¨ªctimas como uno de los ejes centrales para ¡°lograr la completa recuperaci¨®n de las v¨ªctimas y las garant¨ªas de no repetici¨®n de la violencia¡±. Prev¨¦ la creaci¨®n de los llamados centros de crisis 24 horas, que atienden a las mujeres todos los d¨ªas del a?o y cuya primera partida se aprob¨® ya en abril en Consejo de Ministros, y las casas de ni?os para atenci¨®n a menores.

Estas son algunas de las claves del anteproyecto de ley que se lleva este martes al Consejo de Ministros:

Horquilla progresiva de penas y otros cambios en el C¨®digo Penal

El principal cambio que se introduce en el C¨®digo Penal supone acabar con la distinci¨®n entre agresi¨®n y abuso sexual en funci¨®n de los medios empleados, como se hac¨ªa hasta ahora, porque esta distinci¨®n, seg¨²n el Gobierno, no siempre refleja la gravedad de la conducta (por ejemplo, la norma vigente considera abuso cuando se han usado f¨¢rmacos o drogas para anular la voluntad de la v¨ªctima). El anteproyecto, adem¨¢s, considera violaci¨®n toda conducta sexual sin consentimiento que suponga acceso carnal o introducci¨®n de miembros u objetos, algo que ahora se reservaba solo para los casos en los que hab¨ªa violencia o intimidaci¨®n (y que fue objeto de pol¨¦mica a partir del caso de La Manada, que al tratarse inicialmente como un caso de abuso por prevalimiento y no como agresi¨®n no se defini¨® como violaci¨®n).

Aunque se agrupan en un mismo delito las conductas tipificadas como abuso y como agresi¨®n, la nueva ley no supone una rebaja ni un incremento de la pena vigente para estos delitos, sino que establece una horquilla progresiva en la que se pretenden encajar todas las conductas a las que pueda enfrentarse un tribunal. La norma contempla penas que van desde una multa, hasta 12 a?os de prisi¨®n para las violaciones agravadas, y 15 a?os cuando concurran dos circunstancias agravantes. Adem¨¢s de las agravantes gen¨¦ricas, la norma incluye un cat¨¢logo de agravantes espec¨ªficas, entre las que se encuentran las agresiones grupales, la existencia de una violencia o un da?o grave a la v¨ªctima, la especial vulnerabilidad de esta, o el uso de armas o medios peligrosos. Se contempla tambi¨¦n espec¨ªficamente como agravante la sumisi¨®n qu¨ªmica, para aquellos casos en que el agresor hubiera utilizado sustancias o m¨¦todos para anular la voluntad de la v¨ªctima.

Tambi¨¦n se introducen cambios en los delitos cometidos sobre menores. El anteproyecto anterior manten¨ªa para estos casos la distinci¨®n entre abuso y agresi¨®n, pero el Gobierno ha optado finalmente por eliminarlo, como en el caso de los adultos. Sin embargo, las penas en el caso de v¨ªctimas infantiles s¨ª distinguen entre los casos en los que pueda haber un consentimiento del menor (castigado con entre dos y seis a?os de c¨¢rcel) y aquellos en los que no lo hay (entre cinco y diez a?os).

Adem¨¢s, los condenados a penas superiores a cinco a?os de c¨¢rcel por delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores o discapacitados no podr¨¢n obtener el tercer grado penitenciario (el r¨¦gimen de semilibertad que permite a los presos acudir a la c¨¢rcel solo a dormir a de lunes a viernes) hasta que superen un programa de tratamiento para condenados por agresi¨®n sexual.

El acoso sexual callejero, incluido como delito leve, ser¨¢ perseguible previa denuncia de la persona perjudicada. Contempla tres opciones de penas para estos casos: de cinco a 30 d¨ªas de localizaci¨®n permanente, trabajos en beneficio de la comunidad durante el mismo periodo o multa de uno a cuatro meses.

La norma recoge tambi¨¦n un apartado para combatir el proxenetismo y las conductas que favorecen el negocio de la prostituci¨®n. Se castiga la explotaci¨®n de la prostituci¨®n ajena, expresamente el llamado ¡°proxenetismo no coercitivo¡±, y se penaliza de nuevo una figura conocida como tercer¨ªa locativa, que durante un tiempo estuvo recogido en el C¨®digo Penal, pero actualmente no lo estaba. Este delito castiga al propietario de un establecimiento en el que se ejerza la prostituci¨®n.

Ayudas econ¨®micas a las v¨ªctimas y educaci¨®n transversal

El texto avanza en la protecci¨®n integral de las v¨ªctimas, para lo que contempla tambi¨¦n estas otras medidas:

Ampliar recursos a m¨¢s v¨ªctimas. La propuesta del Gobierno prev¨¦ que se ampl¨ªen a las v¨ªctimas de violencia sexual recursos espec¨ªficos destinados a las v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero, aquellas maltratadas por su pareja o expareja. Contempla que les atienda la polic¨ªa especializada que trata a estas v¨ªctimas o que se dediquen tambi¨¦n a ellas las unidades de valoraci¨®n forense integral (UVFI) que trabajan en los juzgados. Sindicatos policiales han denunciado que no hay suficiente plantilla especializada para las v¨ªctimas. En la actualidad, hay un total de 2.141 agentes de Polic¨ªa Nacional y Guardia Civil en toda Espa?a, apenas 41 agentes m¨¢s que hace una d¨¦cada. El Ministerio de Justicia reconoce en un informe reciente, el Plan de mejora para las UVFI, publicado en 2020, que Espa?a cuenta solo con 24 de estas unidades, que dan cobertura solo a 8,3 millones de habitantes.

Educaci¨®n sexual en todas las etapas educativas. El sistema educativo espa?ol incluir¨¢ la integraci¨®n de contenidos sobre educaci¨®n sexual e igualdad de g¨¦nero y educaci¨®n afectivosexual para el alumnado, apropiados en funci¨®n de la edad, en todos los niveles educativos, se?ala la propuesta del Gobierno, que tambi¨¦n prev¨¦ que las comunidades impulsen contenidos de ¡°capacitaci¨®n para la prevenci¨®n, sensibilizaci¨®n, detecci¨®n y formaci¨®n en materia de violencias sexuales en los planes de estudios de los t¨ªtulos universitarios oficiales que conducen al ejercicio de profesiones docentes¡±.

Ayudas econ¨®micas a las v¨ªctimas. Cuando las v¨ªctimas de violencia sexual ganen menos del salario m¨ªnimo recibir¨¢n una ayuda econ¨®mica equivalente a seis meses de subsidio por desempleo. Estas ayudas ser¨¢n mayores en caso de que la v¨ªctima tenga una discapacidad o personas a su cargo. ¡°Las administraciones p¨²blicas promover¨¢n el acceso prioritario de las v¨ªctimas de violencias sexuales al parque p¨²blico de vivienda y a los programas de ayuda de acceso a la vivienda, en los t¨¦rminos que se determine reglamentariamente¡±, recoge tambi¨¦n la futura normativa.