Arranca el plan para abrir en todas las provincias centros de crisis 24 horas para v¨ªctimas de violencia sexual

De madrugada o a las dos de la tarde. El mismo d¨ªa en que ha ocurrido o a?os despu¨¦s. As¨ª est¨¢ previsto que funcionen los futuros centros de atenci¨®n integral a mujeres v¨ªctimas de violencia sexual, los conocidos como centros de crisis 24 horas, que funcionar¨¢n ma?ana, tarde y noche todos los d¨ªas del a?o con atenci¨®n psicol¨®gica, jur¨ªdica y social para v¨ªctimas y familiares. El Ministerio de Igualdad destina 19,8 millones de euros para iniciar la puesta en marcha de ¡°al menos¡± un centro de este tipo en cada provincia, m¨¢s otros dos en las ciudades aut¨®nomas de Ceuta y Melilla. ¡°En ning¨²n caso es necesaria la interposici¨®n de una denuncia para facilitar la atenci¨®n e intervenci¨®n¡±, se?ala Igualdad en la documentaci¨®n sobre este proyecto, que se aprobar¨¢ el martes en el Consejo de Ministros, y a la que ha tenido acceso EL PA?S. Menos del 10% de las v¨ªctimas de agresiones sexuales denuncian a su atacante.

Esta primera partida servir¨¢ para empezar a habilitar las oficinas, que Igualdad espera que abran, como muy tarde, en 2023. Cada autonom¨ªa recibir¨¢ una primera cantidad de 300.000 euros por provincia ¡ªel montante por centro que calcula el ministerio es de un mill¨®n¡ª. El resto de dinero hasta 19,8 millones, cubiertos con fondos europeos e incluidos en el Plan Espa?a te protege contra las violencias machistas, se repartir¨¢n en funci¨®n de la cantidad de mujeres mayores de 16 a?os, la dispersi¨®n de la poblaci¨®n o la insularidad. En este primer ingreso, Igualdad transfiere un 30% del total de la inversi¨®n del mill¨®n de euros previsto por centro, que deber¨¢n completarse tambi¨¦n con fondos de Europa, seg¨²n la previsi¨®n del ministerio. La propuesta de reparto, que debe de ser ratificada en una conferencia sectorial en abril entre el ministerio que encabeza Irene Montero y las comunidades aut¨®nomas, oscila entre el m¨¢ximo de 2,95 millones para Andaluc¨ªa y los 305.000 euros previstos para Ceuta y Melilla, respectivamente.

La creaci¨®n de este tipo de centros est¨¢ recogida en el llamado convenio de Estambul, el acuerdo del Consejo de Europa sobre prevenci¨®n y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia dom¨¦stica, aprobado en 2011 y ratificado por Espa?a hace siete a?os, en 2014. Es este convenio el que ampl¨ªa la consideraci¨®n de v¨ªctimas de violencia machista m¨¢s all¨¢ de la que sufren las mujeres que son maltratadas por sus parejas o exparejas. Lo extiende a otras formas recogidas tambi¨¦n entre los perfiles que atender¨¢n estos centros de crisis. Estar¨¢n dirigidos a v¨ªctimas de agresiones sexuales, mujeres sometidas a matrimonios forzosos y mutilaciones genitales, quienes hayan sufrido acoso sexual, exhibicionismo o provocaci¨®n sexual, prostituci¨®n ¡°ajena¡±, seg¨²n recoge la documentaci¨®n de Igualdad, as¨ª como proxenetismo, explotaci¨®n sexual, trata con fines de explotaci¨®n sexual, acecho o acoso reiterado por raz¨®n de g¨¦nero o feminicidio sexual.

Entre los trabajadores que las atender¨¢n, se prev¨¦n perfiles especializados: psic¨®logas y psiquiatras, abogadas, profesionales de ciencias sociales con capacidades y formaci¨®n especializada en intervenci¨®n o contenci¨®n en crisis o emergencia (trabajadoras sociales, educadoras sociales, pedagogas o de otras disciplinas) y mediadoras culturales o traductoras. La intenci¨®n de Igualdad, que recoge todos los perfiles en femenino, es que las contratadas sean mayoritariamente mujeres, como ya ocurre en servicios como el tel¨¦fono de atenci¨®n a v¨ªctimas de violencia machista ¡ªreci¨¦n abierto tambi¨¦n a agresiones sexuales¡ª, el 016. Fuentes de Igualdad se?alan adem¨¢s que es ¡°muy habitual¡± que las v¨ªctimas pidan ser tratadas por otras mujeres y que en el ministerio incluyen siempre en los pliegos como recomendaci¨®n que se las contrate a ellas.

En su art¨ªculo 25, el convenio de Estambul insta a las naciones firmantes ¡ªlo han ratificado 34 pa¨ªses aunque Turqu¨ªa acaba de anunciar su salida¡ª a tomar las medidas necesarias para crear centros ¡°de ayuda de emergencia para las v¨ªctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, f¨¢cilmente accesibles y en n¨²mero suficiente, para realizarles un reconocimiento m¨¦dico y m¨¦dico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y consejos¡±. Espa?a est¨¢ lejos de tener ese ¡°n¨²mero suficiente¡±. Seg¨²n un informe de Amnist¨ªa Internacional de noviembre, solo existen dos instalaciones oficiales ¡ªpromovidas por las administraciones¡ª en toda Espa?a: una impulsada por el Principado de Asturias y otra desde el Ayuntamiento de Madrid. Siete comunidades m¨¢s (Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Baleares, Cantabria, Castilla y Le¨®n, Comunidad Valenciana y Murcia), se?ala Amnist¨ªa, ofrecen asistencia para v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero y sexual. Castilla-La Mancha y el Pa¨ªs Vasco incluyen programas de atenci¨®n psicol¨®gica para v¨ªctimas de agresi¨®n sexual y Catalu?a tiene una unidad espec¨ªfica para estos casos. Desde hace casi 30 a?os existen organizaciones no gubernamentales que tambi¨¦n atienden a mujeres que han sufrido estos ataques. Entre ellas, las nueve integradas en Famuvi, la Federaci¨®n de Asociaciones de Asistencia a V¨ªctimas de Violencia Sexual y de G¨¦nero.

Una red ¡°ni de lejos suficiente¡±

El Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia de G¨¦nero (Grevio, creado por mandato del convenio de Estambul) se?al¨® en su primer informe de evaluaci¨®n de Espa?a, publicado en 2020, que la red existente es ¡°marginal¡± y ¡°ni de lejos suficiente¡±. Destacaba que queda ¡°desatendida una gran parte de Espa?a, y las zonas rurales en particular¡±. Instaba a las autoridades espa?olas ¡°a que tomen medidas que establezcan un n¨²mero suficiente de centros de ayuda de emergencia para las v¨ªctimas de violencia sexual¡±. Y tambi¨¦n a que desarrolle ¡°un protocolo que aborde de manera integral esta violencia, de forma que se ofrezca una respuesta integral a las necesidades de las v¨ªctimas¡±, un aspecto en el que Igualdad se?ala que est¨¢ trabajando con el ministerio de Sanidad. Es este grupo, entre otros organismos y especialistas, el que se?ala que la denuncia no debe de ser un requisito: ¡°El acceso de una v¨ªctima a los diferentes servicios de apoyo no debe depender de su voluntad de presentar una denuncia¡±. Los delitos de violencia sexual tienen una tasa muy baja de denuncias. Un 13,7% de la poblaci¨®n femenina a partir de 16 a?os, 2.802.914 mujeres residentes en Espa?a, han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida, seg¨²n la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019. Solo el 8% de las que fueron agredidas sexualmente fuera del ¨¢mbito de su pareja denunciaron al agresor. Entre los motivos que esgrimieron destacan que eran menores, que tuvo poca importancia, que no lo hicieron por verg¨¹enza, porque ¡°eran otros tiempos¡± o por miedo a que no les creyeran, seg¨²n el citado estudio.

El Grevio tambi¨¦n desaconseja que se atienda en los mismos servicios a las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja o expareja y a las v¨ªctimas de violencia sexual. Se?ala que hay investigaciones que indican que, cuando se mezclan, los primeros casos ¡°son priorizados debido a la naturaleza inmediata del momento de crisis¡±. Sumarlos ¡°no parece responder a las necesidades de las v¨ªctimas de violaci¨®n, que requieren de atenci¨®n m¨¦dica inmediata y apoyo a su trauma, adem¨¢s los ex¨¢menes forenses oportunos de cara a un futuro proceso judicial como prueba documental de las v¨ªctimas al presentar cargos¡±.