Cinco ministerios negociar¨¢n una hoja de ruta para garantizar el derecho a los cuidados

?C¨®mo puede el Estado ayudarle a cuidar a sus hijos, a sus mayores, a un familiar enfermo? El asunto de c¨®mo abordar desde los poderes p¨²blicos la conciliaci¨®n de la vida familiar y laboral y los cuidados, que recaen de forma mayoritaria en las mujeres dentro de la familia y en trabajadoras precarias fuera de ella, se ha hecho mucho m¨¢s patente con la pandemia y el confinamiento, cuando en muchos hogares hicieron malabarismos para mantener la vida familiar y profesional entre las mismas cuatro paredes. Ahora que llegan nuevos fondos de Europa para salir de esta crisis econ¨®mica y sanitaria y que estos cuidados se han hecho m¨¢s visibles, el Ministerio de Igualdad pone en marcha la llamada mesa asesora para los cuidados, en la que debatir¨¢ con otros cuatro ministerios y medio centenar de organizaciones para cerrar un libro blanco en el plazo de un a?o. El objetivo es implantar pol¨ªticas que garanticen este derecho a los cuidados, es decir, que hombres y mujeres puedan trabajar y atender a una familia, que las mujeres no se vean penalizadas por tener hijos o que la atenci¨®n a mayores y dependientes est¨¦ garantizada.

Conciliaci¨®n, la asignatura pendiente lastrada por la pandemia

Al tiempo que elaboran ese diagn¨®stico, se han comprometido a poner en marcha algunas medidas en lo que queda de legislatura: pol¨ªticas como la ampliaci¨®n de permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses (actualmente son de cuatro), una prestaci¨®n por el cuidado de menores, el reconocimiento al derecho a excedencia por el cuidado de familiares o medidas que garanticen la flexibilidad horaria en los trabajos.

Son algunos de los compromisos que ha enumerado este martes la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, en la presentaci¨®n a la prensa de la iniciativa. La directora ha recordado el concepto feminista de la econom¨ªa de cuidados y c¨®mo la cuarta ola feminista aboga por ponerlos ¡°en el centro¡± del debate p¨²blico. Buscan un ¡°cambio de paradigma¡±, introducir ¡°reformas estructurales que permitan que en el cambio de recuperaci¨®n postcovid incorporemos no solo la transformaci¨®n ecol¨®gica o tecnol¨®gica, sino la transformaci¨®n econ¨®mica feminista¡±.

¡°Las mujeres hemos estado muy solas atendiendo tareas que son imprescindibles para que ruede el sistema¡±, ha a?adido Morillas. Junto con dos asesoras de Igualdad, ha contado este martes algunas de las claves de este nuevo ente. Participan los ministerios de Igualdad, Derechos Sociales y Trabajo y Econom¨ªa Social ¨Dactualmente liderados por Unidas Podemos¡ª y de los de Inclusi¨®n y Educaci¨®n, que encabezan ministros socialistas. Hay 15 expertas en econom¨ªa feminista que participar¨¢n, como Amaia P¨¦rez Orosco, Mar¨ªa Pazos, Silvia Gil o Mar¨ªa ?ngeles Dur¨¢n, entre otras, y un experto: Vicente Marb¨¢n. Y una cincuentena de organizaciones, entre las que est¨¢n representados sectores precarizados como el de las empleadas del hogar, organizaciones de madres solteras y familias monoparentales, asociaciones familiares, de personas enfermas o de trabajadores sociales, adem¨¢s de los sindicatos (UGT, CC OO), la Conferencia Espa?ola de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederaci¨®n espa?ola de la Peque?a y Mediana Empresa (CEPYME) y organizaciones internacionales como el Instituto Europeo de Igualdad de G¨¦nero (EIGE) o la OCDE (Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®micos). A¨²n se pueden incorporar m¨¢s participantes, aseguran desde Igualdad. La mesa buscar¨¢ dar valor a estos cuidados como trabajo ¡°indispensable¡± o ampliar estos servicios y que los profesionales que los prestan trabajen en condiciones dignas.

Precariedad

Seg¨²n estimaciones de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT), un tercio de las 700.000 empleadas dom¨¦sticas que trabajan en Espa?a no tienen contrato ni, por tanto, ning¨²n tipo de protecci¨®n social. Este colectivo reclama desde hace m¨¢s de un lustro que Espa?a ratifique el convenio 189 de la OIT que les permitir¨ªa acceder a prestaciones y derechos ¡°a fin de asegurar que los trabajadores dom¨¦sticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general¡±, seg¨²n el convenio. Es solo un ejemplo de una de las medidas que ya podr¨ªan estar en marcha, como la reiteradamente prometida red universal de plazas educativas para menores de cero a tres a?os. Esta red ya era deficiente antes de esta crisis sanitaria mundial.

En Espa?a, el 62% de los menores de tres a?os no estaban escolarizados en 2018, seg¨²n un an¨¢lisis elaborado por este peri¨®dico. Y la pandemia ha supuesto un mazazo para este ciclo, que no es ni universal ni gratuito. En el curso pasado, se redujo en casi 80.000 alumnos, seg¨²n los datos del Ministerio de Educaci¨®n. Se preve¨ªa un cierto descenso por la baja natalidad, pero la pandemia (con el miedo de las familias a los contagios y a perder sus empleos) ha supuesto un descenso mucho m¨¢s brusco. Se han perdido adem¨¢s unos 10.000 empleos, casi todos ocupados por mujeres, al tratarse de otro sector feminizado.

Entre los compromisos alcanzados con los fondos europeos para la recuperaci¨®n est¨¢ la creaci¨®n de hasta 200.000 plazas m¨¢s. Morillas ha admitido que hay propuestas que ya deber¨ªan estar en marcha, como estas dos citadas: ¡°A lo que aspiramos es que la mesa de cuidados sirva como motor y como espacio de impulso pol¨ªtico y de incidencia para que algunas cosas que est¨¢n tardando demasiado, se aceleren¡±. La primera reuni¨®n de la mesa ser¨¢ el pr¨®ximo 20 de septiembre.