Una residencia fija sanciones para los mayores que hagan declaraciones que supongan el ¡°descr¨¦dito¡± del centro

Se considera una falta muy grave ¡°realizar manifestaciones de descr¨¦dito o difamaci¨®n del centro, as¨ª como difundir datos de otros usuarios, trabajadores o familiares, por s¨ª mismos o en connivencia con terceras personas, ya sea en medios de comunicaci¨®n, mediante acciones particulares por otros medios o incluso familiares de usuarios¡±. As¨ª se establece en el reglamento de r¨¦gimen interior del centro residencial Guada¨ªra, en la localidad sevillana de Alcal¨¢ de Guada¨ªra, del grupo Reifs, donde tambi¨¦n se incluye como falta muy grave participar en peleas cuando haya da?os a terceros o robar de forma reiterada.

Quienes incurran en estas infracciones pueden llegar a enfrentarse al traslado a otro centro, en el caso de usuarios con plazas concertadas, o a su expulsi¨®n, seg¨²n las sanciones que se recogen en el documento. El texto recibi¨® el pasado octubre el visto bueno de la delegaci¨®n territorial en Sevilla de la Consejer¨ªa de Igualdad, Pol¨ªticas Sociales y Conciliaci¨®n. Una responsable de la compa?¨ªa pide que no se malinterprete el texto y aclara que el ¨²nico fin es el de salvaguardar la protecci¨®n de datos, tanto de los usuarios como de los familiares. Fuentes de la consejer¨ªa indican que, ¡°al tener conocimiento de esta situaci¨®n¡±, han instado a la delegaci¨®n a retirar ese reglamento.

Toda residencia tiene un documento de este tipo. Se debe entregar a los usuarios a su llegada, junto con el contrato. En ¨¦l se especifican los deberes y obligaciones de las partes. Se regula la vida en el centro. El viernes pasado se envi¨® a la Consejer¨ªa de Pol¨ªticas Sociales un escrito firmado por la Asociaci¨®n para la Defensa y Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Addemar) en el que se critica que el reglamento ¡°vulnera derechos¡± y ¡°promociona la opacidad¡± en la residencia. En el mismo apartado en el que se especifica que realizar manifestaciones de descr¨¦dito al centro constituye una falta grave, se a?ade que tambi¨¦n lo ser¨¢ ¡°no respetar el derecho a la intimidad e imagen de los trabajadores y del centro o hacia el resto de usuarios y sus familiares, as¨ª como difundir o transmitir de manera verbal, gr¨¢fica y fotogr¨¢fica o escrita informaci¨®n relativa al funcionamiento, instalaciones o gesti¨®n del centro, salvo autorizaci¨®n expresa de la direcci¨®n¡±.

Entre los deberes de los usuarios se recoge el ¡°no difundir informaci¨®n relativa al centro ni a su funcionamiento interno (fotograf¨ªas, v¨ªdeos, grabaciones, etc.), por cualquier medio, susceptible de ser publicado o utilizado con fines difamatorios¡±. Entre las obligaciones de los familiares figura ¡°no realizar manifestaciones de descr¨¦dito o difamaci¨®n de ellos [los responsables profesionales de la residencia] o del centro, ya sea en medios de comunicaci¨®n o mediante acciones particulares por otros medios¡±. Tambi¨¦n se incluye la de ¡°respetar los datos y el derecho a la intimidad e imagen de los trabajadores y resto de usuarios o familiares, as¨ª como no difundir o transmitir de manera verbal y gr¨¢fica o escrita informaci¨®n relativa al funcionamiento, instalaciones o gesti¨®n del centro salvo autorizaci¨®n expresa de la direcci¨®n del mismo¡±.

El reglamento fue autorizado por la delegaci¨®n territorial de la Consejer¨ªa de Pol¨ªticas Sociales en Sevilla, en un documento fechado el 21 de octubre. Seis meses despu¨¦s, y tras recibir el escrito de Addemar y ser consultadas al respecto, fuentes de la consejer¨ªa apuntan que ¡°al tener conocimiento de esta situaci¨®n, la direcci¨®n general de Personas Mayores ha remitido un escrito a la delegaci¨®n territorial de Sevilla instando a la delegada a retirar ese reglamento y adecuarlo al modelo publicado en la orden¡± de 21 de diciembre de 2007. En ella se incluye un anexo con el modelo tipo y nada se dice sobre ¡°descr¨¦dito¡± ni sobre ¡°difamaci¨®n¡±. Si bien es cierto que la orden es anterior a la ley de protecci¨®n de datos de 2018, fuentes del sector manifiestan que ¡°lo normal es aludir a que no se pueden difundir im¨¢genes o datos personales sin el consentimiento de las partes, no incluir como una falta muy grave realizar manifestaciones de descr¨¦dito del centro¡±.

Nuria Lucas, directora de gesti¨®n de centros de Reifs, considera que la interpretaci¨®n que se est¨¢ haciendo del texto no es correcta, y afirma que ¡°habr¨¢ que aclar¨¢rselo a los familiares de la residencia¡±. Recalca que la ¨²nica intenci¨®n de los art¨ªculos mencionados es la de cumplir con la ley de protecci¨®n de datos y que el reglamento se acoge a la normativa vigente. ¡°Toda persona que ingresa, firma un documento de protecci¨®n de datos. Hay veces que ni las familias pueden hacer fotograf¨ªas. Si alguien habla de su padre o de su madre no hay ning¨²n problema, pero tenemos que velar por todas las personas, y hay ocasiones en que se habla de otros usuarios o incluso se usan im¨¢genes sin su consentimiento¡±, apunta.

Lucas se muestra sorprendida porque no han recibido ninguna queja de residentes ni familiares, con quienes existe una ¡°buena relaci¨®n¡±, seg¨²n dice, y sostiene que ¡°los reglamentos de r¨¦gimen interior son documentos vivos¡±, que se adaptan a medida que hay cambios normativos, como los de protecci¨®n de datos. ¡°Podemos modificar las palabras. A todo lo que nos transmiten le damos soluci¨®n, si la requiere¡±, se?ala. No especifica si los 10 centros de la compa?¨ªa disponen del mismo reglamento, dado que la empresa est¨¢ actualmente inmersa en la ¡°revisi¨®n de todos los protocolos y procedimientos¡±.

Un miembro de Addemar que pide no ser identificado afirma que hay ¡°miedo entre los familiares a que haya represalias con los residentes¡±. En el escrito remitido a la consejer¨ªa se lee: ¡°Estamos todos de acuerdo con el cumplimiento de la ley de protecci¨®n de datos, pero de ah¨ª a que no se pueda hablar, publicar o denunciar nada de este centro, nos parece totalmente fuera de lugar en la Espa?a actual¡±. Se a?ade, dado que es ¡°una evidencia que no debe difamarse a nadie¡±, que el texto ¡°solo se puede entender como medida disuasoria que evite que se hagan p¨²blicas situaciones que le generen a la empresa una publicidad negativa¡±.

En el reglamento se recoge, entre las obligaciones de los familiares, ¡°no interferir ni inmiscuirse en el trabajo ni tareas profesionales, y guardar la confidencialidad respecto de los mismos¡±. En el apartado de las relaciones con el personal se proh¨ªbe que ¡°el familiar interfiera en el trabajo o desempe?o profesional del trabajador, le solicite informaci¨®n profesional o confidencial, datos de usuarios u otros familiares, normativa propia de la empresa, etc. [se hace constar que el trabajador tiene expresamente prohibido facilitar dicha informaci¨®n por pacto de confidencialidad con responsabilidad disciplinaria]¡±.

Lucas explica que con este punto quieren, adem¨¢s de respetar la protecci¨®n de datos, evitar que haya familiares que pretendan modificar la forma en que se atiende a alg¨²n usuario, ¡°por ejemplo respecto al tipo de dieta¡±. En el escrito remitido a la consejer¨ªa se apunta: ¡°La empresa no puede vulnerar el derecho que tiene un familiar a pedir las explicaciones oportunas por un hecho y adem¨¢s tiene la obligaci¨®n de explicar el proceso y lo que ha fallado en ¨¦l. Da la impresi¨®n de que lo que se pretende es dar m¨¢s opacidad y oscurantismo a lo que ocurre de puertas hacia adentro y con este art¨ªculo blindan cualquier solicitud de informaci¨®n¡±.

Paulino Campos, portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, que agrupa a asociaciones de casi todas las comunidades aut¨®nomas, afirma que los familiares que se quejan en las residencias sufren represalias y habla de ¡°cl¨¢usulas mordaza¡± que se introducen en nuevos contratos. ¡°Estamos acostumbrados al ¡®si no te gusta, ya sabes d¨®nde est¨¢ la puerta¡¯, pero esto supone ir un paso m¨¢s all¨¢¡±.