La Fiscal¨ªa ve ¡°parcial¡± y ¡°de escasa utilidad¡± la auditor¨ªa sobre abusos encargada por los obispos a un despacho de abogados

La Fiscal¨ªa General del Estado desde?a que la propia Iglesia cat¨®lica se investigue a s¨ª misma sobre los casos de abusos a menores cometidos en su seno y su encubrimiento. Califica, adem¨¢s, ¡°de escasa utilidad¡± el encargo de la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE) al despacho Cremades & Calvo-Sotelo para que lleve a cabo este cometido: ¡°Deben descartarse y considerarse de escasa utilidad las auditor¨ªas o investigaciones parciales encomendadas por parte de la Iglesia a despachos de juristas privados, donde las v¨ªctimas adolecen del espacio seguro donde narrar su vivencia y se les insta a rellenar un formulario donde se refiere a ellas con el t¨¦rmino ¡®afectados¡±, precisa el ministerio p¨²blico en un informe que remiti¨® el martes al Defensor del Pueblo, en el que analiza desde su perspectiva el problema de los abusos y c¨®mo afrontarlo. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, advierte de que este tipo de comisiones deben ser independientes, y estima ¡°esencial¡± la presencia de la Fiscal¨ªa en la investigaci¨®n que el Congreso de los Diputados ha encargado al Defensor del Pueblo, ?ngel Gabilondo.

El ministerio fiscal orden¨® a comienzos de a?o a los 17 fiscales superiores de toda Espa?a que le remitiesen los procedimientos penales (denuncias y querellas) en tramitaci¨®n referidos a abusos a menores cometidos por miembros de la Iglesia. Recibi¨® 68 procedimientos, aunque no destac¨® cu¨¢les correspond¨ªan al ¨¢mbito cat¨®lico y cu¨¢les a otras instituciones religiosas. El recuento, valorado por la Fiscal¨ªa como ¡°meramente referencial¡±, no reflejaba la amplitud del problema, ya que la cifra resultante era una fotograf¨ªa de un instante, la de los casos abiertos de 2022. En ese c¨®mputo no se incluyen las sentencias condenatorias del pasado y tampoco los casos que no llegan a la justicia civil, sino que se instruyen en los procesos can¨®nicos. Por otro lado, la gran mayor¨ªa de estos delitos no han visto la luz, bien porque las v¨ªctimas nunca lo han contado o la Iglesia los ha silenciado.

En el texto, el ministerio p¨²blico, apoyado con aportaciones de expertos en el tema, describe el problema de los abusos como una ¡°realidad criminal de incuestionable gravedad¡±, en la que subyace una gran responsabilidad por parte de los obispos y superiores de las ¨®rdenes religiosas, que frecuentemente supieron de estos delitos en el pasado y no hicieron nada: ¡°Ese conocimiento previo de los hechos por parte de los superiores jer¨¢rquicos de la instituci¨®n ha podido ser el motivo, entre otros, del desconocimiento del n¨²mero real de casos, de que se hayan silenciado muchos de ellos y de que en el momento de intentar detectar la dimensi¨®n de lo ocurrido nos encontremos con archivos secretos, denuncias silenciadas o cierto encubrimiento de los hechos, que tiene como coartada el tiempo que ha pasado o la minimizaci¨®n de lo ocurrido, lo que sin duda eleva el grado de sufrimiento para las v¨ªctimas¡±.

La Fiscal¨ªa valora que ¡°esa situaci¨®n de ocultamiento¡±, ¡°la minimizaci¨®n de los abusos sexuales por las congregaciones religiosas¡± y la escasa ¡°asunci¨®n de responsabilidades¡± son los motivos por los que las indagaciones promovidas por la propia Iglesia carecen de un valor real y no cubren totalmente las necesidades de las v¨ªctimas. ¡°L¨®gicamente, la desconfianza que despierta esta investigaci¨®n en ellas les impide tramitar su denuncia con unas garant¨ªas m¨ªnimas o serias de que se pueda llevar a tr¨¢mite¡±, explica.

El ministerio fiscal tambi¨¦n se?ala que uno de los obst¨¢culos con los que se encuentra para eliminar ¡°esta lamentable lacra¡± es la existencia de ¡°una falsa creencia de cierta inmunidad de los religiosos que cometieron los abusos¡±, al estar sometidos al derecho can¨®nico y, antes del 3 de enero de 1979, al estar acogidos a los Acuerdos entre el Estado espa?ol y la Santa Sede, cuando para denunciar a un sacerdote era necesario un permiso especial por parte de su obispo o superior. ¡°Lo que supon¨ªa un filtro en el que no llegaban a tramitarse todas las denuncias. Es innegable que existe un enfoque distinto de las causas y las consecuencias que dan lugar a los abusos por parte de los representantes de las congregaciones religiosas y por parte de quienes los sufren¡±, se cita en el informe.

En el documento, adem¨¢s, se insiste en la responsabilidad de la c¨²pula eclesi¨¢stica. Por ello, una de sus propuestas es ¡°la posibilidad de una reforma de las normas sobre prescripci¨®n de la responsabilidad civil, lo que permitir¨ªa que respondieran las instituciones con independencia de que los responsables penales de los delitos est¨¦n o no en condiciones de hacer frente a un proceso penal¡±.

Un fen¨®meno extendido y silenciado

Ante la recurrente queja de los obispos de que una investigaci¨®n sobre la pederastia no deber¨ªa circunscribirse exclusivamente al ¨¢mbito de la Iglesia cat¨®lica, la Fiscal¨ªa argumenta que una iniciativa de esta naturaleza est¨¢ justificada porque es la instituci¨®n religiosa m¨¢s extendida en Espa?a ¡°y en la que m¨¢s casos se han detectado o se han silenciado, lo que impide tener una referencia real de la dimensi¨®n de este fen¨®meno¡±. Raz¨®n por la que, seg¨²n el ministerio fiscal, el problema de los abusos en el ¨¢mbito eclesi¨¢stico ¡°no finaliza con dar una respuesta al hecho delictivo que ha sido denunciado y acreditado¡±. ¡°Es necesario impulsar otras iniciativas que permitan detectar los casos que hayan podido ocurrir en otros momentos hist¨®ricos, acudiendo a mecanismos distintos al judicial para poder escuchar y reparar a las v¨ªctimas y velar por la prevenci¨®n de estas conductas¡±, a?ade el escrito.

El modelo que la Fiscal¨ªa, seg¨²n el criterio de las publicaciones de diversos expertos, aconseja seguir al Defensor del Pueblo es la creaci¨®n de una comisi¨®n independiente de expertos que ¡°deber¨¢ trabajar en un periodo de tiempo de cierta amplitud para obtener mejores resultados¡±. Que divida los trabajos en tres fases con distintos objetivos: escuchar, dimensionar el fen¨®meno con un recuento objetivo, y reparar a las v¨ªctimas. El equipo, prosigue el documento, debe trabajar a tiempo completo y ¡°sin v¨ªnculos de inter¨¦s alguno¡±. Adem¨¢s, ¡°tendr¨¢ que estar dotado de una partida presupuestaria suficiente¡±. El documento subraya: ¡°Lo que es importante es que los profesionales que intervengan en la fase de escucha sean totalmente independientes a cualquier congregaci¨®n religiosa, huyendo as¨ª de posibles actitudes defensivas que conlleven revictimizaci¨®n¡±. Como ejemplo, en el informe se citan las comisiones creadas en Navarra y Catalu?a, o las puestas en marcha en el Pa¨ªs Vasco para otro tipo de v¨ªctimas.

Otra de las propuestas que el ministerio fiscal lanza al Defensor del Pueblo es la creaci¨®n de oficinas de asistencia para las v¨ªctimas, en las que pueda ofrec¨¦rseles informaci¨®n sobre los posibles procedimientos administrativos y judiciales que pudieran iniciar, asesorarlas sobre servicios de peritajes especializados o articular la intermediaci¨®n con otras entidades de informaci¨®n a v¨ªctimas. Por otra parte, insiste en que su presencia en la comisi¨®n en la que Gabilondo est¨¢ trabajando la dotar¨ªa ¡°de realidad institucional¡± y aportar¨ªa en cada caso los criterios jur¨ªdicos oportunos para buscar una respuesta eficaz. ¡°El ministerio fiscal formar¨ªa parte de esa comisi¨®n no en calidad de acusador p¨²blico ni para determinar hechos concretos, sino para proteger a la v¨ªctima y promover los mecanismos necesarios para que reciba la asistencia necesaria¡±, explica el ministerio p¨²blico.

Si conoce alg¨²n caso que no ha sido denunciado puede hac¨¦rnoslo llegar a trav¨¦s de la direcci¨®n de correo abusos@elpais.es