La Fiscal¨ªa del Estado toma las riendas de la investigaci¨®n sobre los casos de pederastia en la Iglesia

La Fiscal¨ªa General del Estado ha ordenado este lunes a los 17 fiscales superiores de toda Espa?a que le remitan en un plazo de 10 d¨ªas todos los procedimientos penales (denuncias y querellas) en tramitaci¨®n referidos a agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier instituci¨®n religiosa. Todos ellos ¡°incoados tanto en sede judicial como fiscal¡±, seg¨²n indica el documento al que ha tenido acceso EL PA?S. Con ello, la Fiscal¨ªa pretende tener una radiograf¨ªa sobre el problema de la pederastia en el seno de la Iglesia. Este mandato in¨¦dito supondr¨¢ una exhaustiva investigaci¨®n en un plazo corto de tiempo, ya que en los registros de este tipo de procesos de las memorias anuales nunca se especifica si el delito se cometi¨® dentro o fuera del ¨¢mbito religioso. La recopilaci¨®n que llevar¨¢n a cabo los fiscales no representar¨¢ la totalidad de estos delitos, ya que una parte de ellos no llega a la justicia civil, sino que se instruyen en procesos eclesi¨¢sticos. Son los obispos y los superiores de las ¨®rdenes religiosas los que se han encargado de juzgarlos y, en algunas ocasiones, de dictar indemnizaciones o bien de silenciar lo ocurrido.

La solicitud del ministerio p¨²blico se produce en medio del esc¨¢ndalo de pederastia que est¨¢ viviendo la Iglesia espa?ola despu¨¦s de EL PA?S entregase al papa Francisco y al presidente de la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE), el cardenal Juan Jos¨¦ Omella, un dosier con 251 casos in¨¦ditos de abusos cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores seglares del ¨¢mbito religioso. El trabajo period¨ªstico, puesto en marcha en octubre de 2018, ha impulsado que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu presentasen la semana pasada en el Congreso una petici¨®n para la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n de dichos delitos. Este martes se decide la admisi¨®n a tr¨¢mite de la iniciativa para debatirla en el pleno de la C¨¢mara.

No es la primera vez que la Administraci¨®n intenta hacer una recopilaci¨®n de los datos. El Gobierno solicit¨® en enero de 2019 a la por entonces fiscal General del Estado, Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, que le informase sobre las diligencias abiertas en los tribunales por casos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia, tanto en las parroquias que dependen de las di¨®cesis como en los colegios de las congregaciones religiosas. Un mes despu¨¦s, el Ministerio de Justicia, cuando estaba al frente Dolores Delgado, pidi¨® a la CEE que le informara de los casos que conoc¨ªa, un gesto que sent¨® mal en la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica. Y de hecho, no le contestaron.

Meses despu¨¦s, en junio de ese mismo a?o, el ministerio fiscal remiti¨® al Ministerio de Justicia un escrito donde explicaba que sus registros inform¨¢ticos sobre diligencias abiertas por agresiones o abusos sexuales a menores no permiten discriminar si han sido cometidos en el seno de instituciones religiosas o en otros lugares, y solo detall¨® al ministerio datos generales de abusos que se registraron en Espa?a. Para conocer esos casos, era necesario que se pusiera en marcha una revisi¨®n como la que la Fiscal¨ªa orden¨® el lunes: que cada fiscal¨ªa provincial indague en cada uno de sus expedientes.

Pese a la falta de cifras, las conclusiones del ministerio p¨²blico en dicho documento eran contundentes: se?alaba la ¡°opacidad¡± de la Iglesia e instaba al Gobierno a movilizarse y a tomar medidas. En el documento suger¨ªa al Ejecutivo que se pusieran en marcha comisiones de investigaci¨®n similares a las que pa¨ªses como Australia u Holanda hab¨ªan establecido, formadas por grupos de expertos independientes y que han investigado estos delitos durante a?os. En ellas, se abrieron canales para que las v¨ªctimas pudieran aportar su testimonio, hicieron miles de entrevistas y entregaron un informe final exhaustivo. Despu¨¦s, las v¨ªctimas fueron indemnizadas.

Si conoce alg¨²n caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escr¨ªbanos con su denuncia a abusos@elpais.es