Once autonom¨ªas recortaron el gasto en dependencia el a?o pasado respecto a 2020

El a?o pasado, 11 comunidades aut¨®nomas disminuyeron su partida para dependencia respecto a 2020, seg¨²n los datos publicados este martes por la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En un informe en el que analiza las ¨²ltimas cifras oficiales, publicadas por el Imserso, acusa a los gobiernos regionales de ¡°hacer caja¡± con el incremento en los Presupuestos Generales del Estado, ¡°aliviando las arcas auton¨®micas en lugar de incrementar la atenci¨®n a personas en situaci¨®n de dependencia¡±. En 2021, la aportaci¨®n del Ministerio de Derechos Sociales subi¨® un 44%, hasta alcanzar los 1.992 millones de euros. La financiaci¨®n de las comunidades se elev¨® en un 0,57%, hasta los 7.566 millones (las que subieron su financiaci¨®n compensaron a las que la bajaron). La situaci¨®n en Catalu?a (con 55,1 millones menos) y en Canarias (con 43,6 millones menos), las dos autonom¨ªas con mayor lista de espera, es ¡°especialmente sangrante¡±, seg¨²n la asociaci¨®n. En t¨¦rminos absolutos, son las que m¨¢s disminuyeron el gasto, seg¨²n el informe.

El grueso de la financiaci¨®n de la dependencia reposa a?o a a?o sobre los hombros de las comunidades aut¨®nomas, pese a que la ley establece que estas deben aportar al menos tanto como la Administraci¨®n General del Estado. En 2021, seg¨²n los datos publicados por la asociaci¨®n, las autonom¨ªas sufragaron el 79,2% de la financiaci¨®n p¨²blica y el ministerio, el 20,8% restante, aunque hay variaci¨®n por autonom¨ªas (en Galicia, la aportaci¨®n auton¨®mica es del 67% y en el Pa¨ªs Vasco es del 88%).

El a?o pasado fue el primero del plan de choque aprobado por Derechos Sociales y las comunidades para relanzar el sistema de la dependencia, y por el que el Gobierno ha inyectado unos 1.800 millones de euros nuevos respecto a 2020, si se suman los presupuestos de 2021 y 2022.

Por ello, ante este incremento que consigui¨® revertir los recortes que lastraban la aplicaci¨®n de la ley desde 2012, Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la asociaci¨®n, critica que haya 11 autonom¨ªas que redujeran su presupuesto. No quiere decir que en esas autonom¨ªas disminuyera la partida total para dependencia, sino que, si se descuenta lo que aport¨® el ministerio, redujeron su propia aportaci¨®n. Se trata de Canarias, Castilla y Le¨®n, La Rioja, Galicia, Catalu?a, Arag¨®n, Navarra, Murcia, Extremadura, Pa¨ªs Vasco y Castilla-La Mancha, seg¨²n el informe, aunque esta ¨²ltima apenas lo hace en un 0,02%. La horquilla es amplia, va del 24,56% de reducci¨®n en Canarias al 0,94% del Pa¨ªs Vasco.

Dos comunidades aut¨®nomas, Canarias y Galicia, afirman que los datos oficiales, en los que se basa la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para realizar su informe, no son correctos. Canarias asegura que su intervenci¨®n ha certificado un gasto total de 38,6 millones de euros m¨¢s, de forma que el a?o pasado no dejaron de invertir 43,6 millones de euros, sino unos cinco millones. Galicia confirma que las cifras para 2021 son correctas, pero discrepa de las relativas a 2020. Si se atiende a los datos que aporta, el a?o pasado invirti¨® 60.056,44 euros m¨¢s que en 2020. Sin embargo, ninguno de estos datos viene corroborado en la informaci¨®n oficial publicada en la web del Imserso, analizada por la asociaci¨®n para elaborar su estudio.

¡°Se est¨¢ abandonando sin atenciones¡± a las cerca de 397.000 personas que aguardaban a final del a?o pasado por alg¨²n tr¨¢mite de la ley, se lee en la nota publicada por la asociaci¨®n, ¡°mientras el tiempo de espera medio es de 421 d¨ªas¡±. En 2021, 43.600 personas murieron mientras esperaban por alg¨²n procedimiento de la ley. Seg¨²n la asociaci¨®n, el hecho de que estas 11 comunidades redujeran su aportaci¨®n en 2021 ha ¡°limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque¡±.

De hecho, el a?o pasado quedaron sin gastar 75,78 millones de euros que estaban presupuestados en concepto de nivel m¨ªnimo garantizado de financiaci¨®n, a trav¨¦s del cual el ministerio transfiere una cantidad a las comunidades aut¨®nomas a medida que estas van atendiendo a personas en situaci¨®n de dependencia. No todas las comunidades avanzaron a igual ritmo. En 2021, el ministerio se hab¨ªa marcado el objetivo de reducir en 60.000 personas la lista de espera y se redujo finalmente en 38.807, recuerda la asociaci¨®n. ¡°Incluso siete comunidades la incrementaron¡±, se sostiene en la nota. Entre ellas, Catalu?a, Canarias y La Rioja, las tres con mayor lista de espera, recuerda Ram¨ªrez.

El hecho de que 11 comunidades disminuyeran su aportaci¨®n no quiere decir que se atendiera a menos personas. Desde 2015, la cifra de atendidos ha aumentado a?o a a?o. Tambi¨¦n el a?o pasado subieron. ¡°Hay varias explicaciones para esto. Quiere decir que se ha atendido a m¨¢s gente, pero con menos dinero auton¨®mico. La cifra depende de la calidad, intensidad y cantidad de los servicios y prestaciones. Y de si se trata de una persona con dependencia leve o severa, que hace que se requiera m¨¢s o menos dinero¡±, explica Ram¨ªrez.

Este es justamente otro de los aspectos que denuncia la asociaci¨®n en su nota: la gran desigualdad territorial. El gasto anual medio por persona beneficiaria fue de 8.196 euros. La comunidad que destin¨® mayor cantidad fue el Pa¨ªs Vasco, con 12.932 euros anuales, una cifra que duplica el gasto de Castilla y Le¨®n, que con 6.599 euros anuales fue la que menos invirti¨®.

La asociaci¨®n puntualiza en su nota que en los criterios para repartir parte del presupuesto de 2022, el ministerio prev¨¦ incluir nuevos criterios, como el n¨²mero de personas atendidas, la agilidad administrativa y la inversi¨®n auton¨®mica, entre otros, que benefician a algunas comunidades que han incrementado sus cuant¨ªas, como Arag¨®n, Asturias, Cantabria y la Comunidad de Madrid, y perjudica a las autonom¨ªas que ¡°peor gestionaron en 2021, como Canarias, Catalu?a, La Rioja¡±.

La asociaci¨®n llama, para que no vuelva a quedar una parte del presupuesto sin ejecutar en 2022, a que se suban las cuant¨ªas que el ministerio aporta por cada persona en situaci¨®n de dependencia con grado tres (el m¨¢s grave), de tal manera que se priorice ¡°a las personas m¨¢s vulnerables de la lista de espera, que son quienes necesitan servicios de mayor intensidad y, por ello, de mayor coste¡±.