Los servicios sociales no est¨¢n preparados frente a la pandemia: grandes desigualdades y mucha burocracia

Espa?a tiene unos servicios sociales que no est¨¢n preparados para hacer frente a la peor crisis en a?os. La pandemia es mucho m¨¢s que una emergencia sanitaria, ha llevado a miles de personas a una situaci¨®n l¨ªmite y la Administraci¨®n no cuenta con suficientes recursos para atenderlos. El 40% de la poblaci¨®n vive en comunidades con unos servicios sociales d¨¦biles o irrelevantes, seg¨²n el ¨ªndice DEC, un informe presentado este lunes por la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experta en el sector. El estudio analiza una treintena de indicadores y valora la situaci¨®n en las 17 comunidades en cuanto a reconocimiento de derechos, inversi¨®n econ¨®mica y cobertura de servicios. Once de ellas, como Catalu?a, Canarias y Galicia, han empeorado en este ¨²ltimo punto, que eval¨²a desde plazas en residencias a rentas m¨ªnimas de inserci¨®n, respecto al anterior informe, de 2018. Hay grandes diferencias territoriales. El gasto p¨²blico por habitante en el Pa¨ªs Vasco duplica el de Murcia.

Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la asociaci¨®n, critica que estos servicios se mantienen ¡°d¨¦biles¡± cuando m¨¢s falta hacen. ¡°Una infraestructura de servicios sociales deficiente genera desigualdad y que muchas personas no est¨¦n atendidas en una gran crisis social como la que vivimos¡±, apunta. Aunque la inversi¨®n ha repuntado respecto a los ¨²ltimos a?os, sigue por debajo del m¨¢ximo alcanzado en 2012, el primero analizado. El informe revela que en 2019 las autonom¨ªas gastaron de media el 1,98% de su PIB en servicios sociales, por debajo del pico del 2,02% de hace nueve a?os. ¡°Si las autoridades no evitan la exclusi¨®n, se puede poner en riesgo la cohesi¨®n social en nuestro pa¨ªs¡±, apunta Ram¨ªrez. La asociaci¨®n reclama m¨¢s recursos para cubrir las necesidades de los m¨¢s de ocho millones de personas que los servicios sociales atienden en Espa?a, seg¨²n el estudio. El ¨ªndice DEC, que se elabora a partir de la ¨²ltima informaci¨®n disponible proporcionada por las comunidades y el Gobierno, refleja datos recabados entre 2018 y 2020. Es decir, que a¨²n no permite hacer una evaluaci¨®n de la actuaci¨®n frente a la pandemia. Pero quedan claras las deficiencias estructurales de un sistema que no se adec¨²a a las necesidades de la poblaci¨®n.

Para elaborar el informe, la asociaci¨®n ha valorado 30 indicadores relacionados con el reconocimiento de derechos, con su cobertura social y con el esfuerzo financiero ¡ªdesde el gasto p¨²blico, a plazas en residencias o cobertura del sistema de dependencia, entre otros¡ª. La organizaci¨®n punt¨²a cada regi¨®n y califica su estructura de servicios sociales en una escala que va desde la irrelevancia a la excelencia. Si una autonom¨ªa llega a la excelencia en alguno de los tres ¨¢mbitos analizados (derechos, cobertura y financiaci¨®n), adquiere una calificaci¨®n superior. Pa¨ªs Vasco (7,95) y Navarra (7,90), ambas con una calificaci¨®n de ¡°excelente¡±, son las mejor paradas, seguidas por Castilla y Le¨®n, con un 7,30 y un sistema puntuado como ¡°medio¡±. La Comunidad de Madrid y Murcia, con un 3,20, son las peor valoradas. ¡°Adem¨¢s, Madrid es la que m¨¢s deterioro ha registrado en los ¨²ltimos a?os¡±, a?ade Ram¨ªrez. Estas comunidades obtienen la calificaci¨®n de ¡°irrelevante¡±, que comparten con Canarias y Cantabria.

Uno de los principales problemas es que existen grandes desigualdades en el gasto social de las comunidades aut¨®nomas, seg¨²n el informe. El Pa¨ªs Vasco destina m¨¢s del doble de inversi¨®n por habitante y a?o en servicios sociales (738 euros) que Murcia, que con 299 euros anuales, es la comunidad que menos esfuerzo realiza. Las administraciones p¨²blicas del Pa¨ªs Vasco invierten el 13,7% de su presupuesto, frente al 7,79% de la Comunidad de Madrid. Adem¨¢s, el porcentaje del PIB regional ¨Do riqueza del territorio¨D que Navarra destina a servicios sociales (2,37%), es m¨¢s del doble del que destina Madrid, con el 1,04%. ¡°Las diferencias territoriales implican que no es lo mismo ser pobre o vulnerable en una comunidad que en otra, porque no hay las mismas facilidades¡±, apunta Ram¨ªrez.

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Estos desequilibrios se manifiestan en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios a los ciudadanos. En Navarra hay un profesional de los servicios de atenci¨®n primaria por cada 745 habitantes, mientras que la carga de trabajo se cuadruplica en Canarias, hasta llegar a un empleado por cada 3.219 personas. En Castilla y Le¨®n esperan para recibir una ayuda a la dependencia el 0,1% de las personas que la tienen reconocida, frente al 31,9% de Canarias. Las rentas m¨ªnimas de inserci¨®n en Navarra alcanzan a 7 de cada 10 personas en riesgo de pobreza (70,4%), mientras que en Canarias solo llegan al 1,5% y en otras comunidades como Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha, La Comunidad Valenciana y Murcia apenas alcanzan el 5%.

La asociaci¨®n se?ala que las diferencias no solo se deben a la ¡°extrema disparidad del gasto¡±, sino que tambi¨¦n se explican en clave organizativa. Es decir, gastar m¨¢s no significa necesariamente ofrecer m¨¢s prestaciones y servicios. ¡°Los territorios m¨¢s eficientes son aquellos que tienen una gesti¨®n m¨¢s local y descentralizada, porque cuanto m¨¢s cerca de los ciudadanos se toman las decisiones, m¨¢s se comprenden los problemas que tienen¡±, aclara Ram¨ªrez. Algunas comunidades como Canarias, Extremadura, Pa¨ªs Vasco o Navarra presentan una escasa cobertura con relaci¨®n al gasto que realizan. Otras como Castilla y Le¨®n o Arag¨®n tienen estructuras m¨¢s eficientes, con mayor equilibrio entre lo que gastan y los servicios que ofrecen. ¡°No solo hay que mantener estas entidades locales, sino reforzarlas¡±, insiste Ram¨ªrez.

Una burocracia contra las personas

El informe pone de manifiesto que la complejidad burocr¨¢tica y los tr¨¢mites farragosos se han incrementado cuando la pandemia ha planteado ¡°nuevas realidades y necesidades¡± a las que responder. Ram¨ªrez afirma: ¡°Estamos en una situaci¨®n en la que la burocracia se ha vuelto contra las personas¡±. Un ejemplo es, seg¨²n el estudio, el Ingreso M¨ªnimo Vital, cuya solicitud es rechazada en ¡°tres de cada cuatro ocasiones¡± y que pierde ¡°gran parte de su potencialidad por la falta de procedimientos ¨¢giles y la exigencia de complejos e incomprensibles requisitos¡±. En el caso de la dependencia, los procedimientos enrevesados tambi¨¦n son la principal causa de que decenas de miles de personas permanezcan en el limbo de la atenci¨®n y de que muchas fallezcan sin ser atendidas, seg¨²n la asociaci¨®n. Ram¨ªrez avisa: ¡°Tenemos una bomba de relojer¨ªa y si los servicios sociales no act¨²an de manera r¨¢pida y diligente quitando complejidad t¨¦cnica a los procedimientos, va a estallar en los m¨¢s vulnerables¡±.

La asociaci¨®n alerta de un riesgo de involuci¨®n hacia un tratamiento ¡°asistencial¡±, con trabajadores sobrecargados por la cantidad de procedimientos y que corren el riesgo de convertirse en simples verificadores de los requisitos para conceder prestaciones. Ram¨ªrez explica: ¡°Muchas personas desisten de solicitar ayudas a los servicios sociales y lo hacen en otras entidades, que responden m¨¢s inmediatamente¡±. Es el caso de las llamadas colas del hambre. ¡°Cada vez que un trabajador social deriva a una persona a una entidad caritativa es la evidencia clara del fracaso de las instituciones p¨²blicas¡±, sostiene el presidente de la asociaci¨®n. Para Ram¨ªrez, la soluci¨®n ser¨ªa establecer una ¡°prescripci¨®n social facultativa¡±, es decir, que los procedimientos se asemejaran a los del ¨¢mbito sanitario y que, tras un diagn¨®stico y una receta, la persona solicitante recibiera directamente la prestaci¨®n. ¡°Subsistir en nuestro pa¨ªs no deber¨ªa ser algo compasivo, sino un derecho de la ciudadan¨ªa¡±, concluye Ram¨ªrez.