La Fiscal¨ªa pide penas de 11 y 10 a?os de prisi¨®n a los responsables de Magrudis por el mayor brote de listeriosis de Europa

La Fiscal¨ªa ha pedido penas de prisi¨®n de 11 y 10 a?os para los due?os de la empresa sevillana Magrudis, responsable del mayor brote de listerioris de Europa, que caus¨® en 2019 cuatro muertos, provoc¨® siete abortos y afect¨® a 240 personas. El ministerio p¨²blico tambi¨¦n considera al Ayuntamiento de Sevilla responsable civil subsidiario, pero, tal y como ya hiciera en la fase de instrucci¨®n, ha decidido excluir de responsabilidad penal a la veterinaria municipal que realiz¨® las inspecciones a la c¨¢rnica, en contra del criterio de las acusaciones particulares y de la juez instructora que s¨ª la incluy¨® entre los procesados.

El fiscal solicita 11 a?os de prisi¨®n para Jos¨¦ Antonio Mar¨ªn Ponce, el administrador de hecho de Magrudis, y para su hijo Sandro Mar¨ªn, que aparec¨ªa como administrador ¨²nico de la c¨¢rnica, por sendos delitos contra la salud p¨²blica, homicidio por imprudencia grave y falsedad en la elaboraci¨®n de la declaraci¨®n responsable para obtener la autorizaci¨®n para desarrollar la actividad. Para Mario Mar¨ªn, el hijo menor de Jos¨¦ Antonio, y su madre, Encarnaci¨®n Rodr¨ªguez, encargada de producci¨®n y del sistema de autocontrol de la empresa, pide 10 a?os tambi¨¦n por un delito contra la salud p¨²blica y por homicidio por imprudencia grave. Para todos ellos reclama tambi¨¦n ocho meses de multa por un delito de defraudaci¨®n el¨¦ctrica, ya que las naves donde elaboraban los productos estaban enganchadas ilegalmente a la red de Endesa.

En su escrito de acusaci¨®n, el fiscal concluye que los cuatro acusados, ¡°en cuanto responsables de Magrudis, conoc¨ªan que realizaban un proceso de elaboraci¨®n con deficiencias sanitarias y riesgo grave o muy grave para los posibles consumidores en caso de comercializaci¨®n¡±. La Fiscal¨ªa recuerda c¨®mo a pesar de que conocieron que uno de sus lotes de carne mechada hab¨ªa dado positivo en listeria monocytogenes en febrero de 2019, seis meses antes de que el 15 de agosto de ese a?o se declarara el brote, no pusieron en conocimiento ese particular a las autoridades sanitarias. Tambi¨¦n reprocha que una vez se supo que su carne mechada estaba infectada, omitieron informaci¨®n relativa a que otra c¨¢rnica la comercializaba y ocultaron que tambi¨¦n elaboraban otros productos que, a posteriori, obligaron a ampliar la alerta sanitaria. ¡°Estas omisiones afectaron directamente a la toma de decisiones por parte de las autoridades sanitarias, de forma que se desconoc¨ªa exactamente qu¨¦ productos se deb¨ªan retirar, clientes que los ten¨ªan, as¨ª como el ¨¢mbito territorial¡±.

La Fiscal¨ªa tambi¨¦n condena a Jos¨¦ Antonio y a Sandro, junto con el arquitecto Sergio L. G., a un a?o y seis meses de prisi¨®n por falsedad en documento oficial por ¡°faltar a la verdad¡± en la redacci¨®n del proyecto de la declaraci¨®n responsable.

Fallo en el doble control del consistorio

El Ayuntamiento de Sevilla tambi¨¦n aparece como responsable civil subsidiario y deber¨¢ hacer frente en ¨²ltima instancia a la responsabilidad civil derivada de todos los da?os y gastos ocasionados, unos gastos que la Fiscal¨ªa cuantifica en 141.00,12 euros, ocasionados al propio Consistorio hispalense, 800.000 euros a la Junta de Andaluc¨ªa, y 5.861,26 a Endesa. El fiscal no cuantifica en su escrito las cantidades que deber¨¢n percibir los damnificados. Los acusados suscribieron un seguro de responsabilidad civil subsidiaria con Axa por importe de 300.000 euros. A lo largo del procedimiento, las partes han obtenido la p¨®liza de responsabilidad civil del Ayuntamiento que asciende a 1,2 millones, lo que supondr¨ªa que el l¨ªmite hasta el que las partes podr¨ªan reclamar ascender¨ªa a 1,5 millones de euros.

La Fiscal¨ªa considera que el Ayuntamiento de Sevilla fall¨® en el doble control que la normativa aplicable le exig¨ªa, el sanitario y el de autorizaciones. Respecto del primero, seg¨²n el fiscal, ¡°la actuaci¨®n del Servicio de Inspecci¨®n Veterinaria fue sin duda deficiente, ya que no se llev¨® a cabo la frecuencia de las inspecciones conforme a la normativa vigente¡±, un incumplimiento que se achaca a ¡°la falta de medios y la sobrecarga de trabajo, por la escasa dotaci¨®n de personal¡± de ese servicio, que solo contaba con nueve veterinarios para todo el distrito de la capital andaluza. Un argumento esencial para la exclusi¨®n de la responsabilidad penal de la veterinaria municipal que llev¨® a cabo todas las inspecciones previas a la declaraci¨®n del brote y posteriores.

Sobre el control de las autorizaciones para que Magrudis pudiera funcionar como empresa c¨¢rnica, el fiscal recuerda que los t¨¦cnicos del Ayuntamiento no examinaron la declaraci¨®n responsable ¡ªque conten¨ªa numerosas irregularidades redactadas a sabiendas por el arquitecto con la connivencia de Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn y su hijo Sandro¡ª que se present¨® en noviembre de 2018 hasta finales de agosto de 2019, cuando ya se hab¨ªa activado la alerta sanitaria por el brote de listerioris. ¡°Todo ello determina la responsabilidad civil del Ayuntamiento, que deber¨ªa asumir las consecuencias de su inacci¨®n, acci¨®n deficiente y acci¨®n tard¨ªa, por cuanto supone de funcionamiento anormal de un servicio p¨²blico y la trascendencia en el resultado producido¡±, concluye el escrito de la Fiscal¨ªa.

Las dudas sobre la responsabilidad de la veterinaria municipal

El fiscal exime de responsabilidad, sin embargo, a la veterinaria municipal. ¡°No consideramos que constituya imprudencia grave que determine su responsabilidad penal en los resultados lesivos producidos¡±, sostiene. Para el ministerio p¨²blico, el hecho de que Magrudis tuviera instaurado, como establece la normativa europea, un sistema de autocontrol, ¡°permit¨ªa suponer¡± a la funcionaria ¡°que se estaban realizando todos los controles peri¨®dicos, incluidas tomas de muestras, y que en caso de resultados positivos ser¨ªan comunicados¡±. ¡°Lo que, evidentemente, no ocurri¨® en este caso¡±, apostilla el fiscal.

La jueza de instrucci¨®n s¨ª decidi¨® procesar a la veterinaria por entender que en las dos ¨²nicas inspecciones que realiz¨® a Magrudis antes del brote, en 2016 y 2017, ¡°punt¨²a a la baja y omite algunas puntuaciones, no recoge muestras de productos, ni comprueba superficies, ni verifica muestras del ambiente interior, por lo que no comprueba de forma exacta si la instalaci¨®n re¨²ne las condiciones¡±. Ese sistema de puntuaci¨®n determin¨® que las nuevas visitas se espaciaran en el tiempo, y la magistrada concluye que de haberse efectuado correctamente, ¡°pudo haber evitado lo ocurrido¡±.

Los cuatro representantes que ejercen la acusaci¨®n popular y que representan a distintos tipos de v¨ªctimas han transmitido a este diario su sorpresa y malestar por el hecho de que la Fiscal¨ªa no haya incluido a la veterinaria entre los acusados. ¡°No entendemos c¨®mo se puede exigir la responsabilidad del Ayuntamiento excluyendo a la funcionaria¡±, explican desde la asociaci¨®n de consumidores Facua, que recuerda que en su escrito de calificaciones ha solicitado 10 a?os y un d¨ªa de prisi¨®n; seis a?os y un d¨ªa por delitos contra la salud p¨²blica, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y cuatro por falsedad en documento p¨²blico y falsedad en documento oficial, adem¨¢s de su inhabilitaci¨®n especial para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la supervisi¨®n de alimentos.

El abogado Eduardo Mart¨ªnez tambi¨¦n se muestra contrario a la valoraci¨®n de la Fiscal¨ªa. ?l tambi¨¦n ha pedido seis a?os de c¨¢rcel por homicidio imprudente. Germ¨¢n Grima, de Ateneo abogados, tambi¨¦n recuerda que han pedido prisi¨®n en su escrito de calificaci¨®n y advierte de que, si realmente hab¨ªa poco personal en el Servicio de Inspecci¨®n del Ayuntamiento, la veterinaria deber¨ªa haberlo denunciado. Un argumento que tambi¨¦n suscribe Dami¨¢n V¨¢zquez, el letrado representante de la asociaci¨®n Defensor del Paciente.

Para asegurar la indemnizaci¨®n de las v¨ªctimas, el procesamiento de la veterinaria no es balad¨ª. La condena de un funcionario p¨²blico en un proceso penal determina de manera inmediata la responsabilidad subsidiaria del Consistorio. Si finalmente resulta excluida del juicio oral, habr¨ªa que reclamar la responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento por la v¨ªa contencioso-administrativa, un proceso farragoso que nunca se iniciar¨ªa antes de que se agote la v¨ªa penal, que puede dilatarse durante a?os si se suceden los recursos.