Una v¨ªctima de abusos en Montserrat demanda a la abad¨ªa y pide 150.000 euros de indemnizaci¨®n por encubrimiento

EL PA?S puso en marcha en 2018 una investigaci¨®n de la pederastia en la Iglesia espa?ola y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce alg¨²n caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, la direcci¨®n es: abusosamerica@elpais.es.

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Miguel Hurtado, que sufri¨® abusos en 1998 cuando era menor en la abad¨ªa de Montserrat, en Barcelona, e hizo p¨²blico el caso en 2019 a trav¨¦s de EL PA?S y un documental en Netflix, ha presentado ahora una demanda para reclamar a la abad¨ªa y al obispado de Sant Feliu de Llobregat una indemnizaci¨®n de 150.000 euros, como responsables subsidiarios. Los abusos del monje Andreu Soler, fundador del grupo scout del monasterio y fallecido en 2008, nunca fueron juzgados y los hechos est¨¢n prescritos, pero tras ser destapado el caso en prensa la abad¨ªa abri¨® una investigaci¨®n interna y concluy¨® que eran ciertos. En septiembre de 2019 present¨® un informe en el que reconoci¨® que Soler ¡°fue un depredador sexual y un pederasta¡± entre 1972 y 2000, y que hab¨ªa contabilizado al menos 12 v¨ªctimas. En esa admisi¨®n del delito se apoya ahora Hurtado para exigir una indemnizaci¨®n por responsabilidad civil, tanto indirecta, por tratarse de un fraile de la abad¨ªa, como directa por el encubrimiento de los hechos a lo largo de los a?os, seg¨²n una demanda a la que ha tenido acceso este peri¨®dico. Fue presentada en julio y a¨²n est¨¢ a la espera de ser admitida a tr¨¢mite.

La demanda es novedosa porque en Espa?a apenas se ha explorado la v¨ªa civil para obtener una compensaci¨®n de la Iglesia cat¨®lica en casos de abusos de menores y, cuando se ha hecho, como una v¨ªctima de abusos en Navarra en 2021, ha fracasado. La v¨ªa penal suele estar cerrada de entrada, pues la inmensa mayor¨ªa de los casos est¨¢n prescritos. Sucedieron hace d¨¦cadas y hasta 2021, cuando la nueva ley de protecci¨®n de la infancia ampli¨® los plazos de prescripci¨®n, este delito caducaba, como m¨¢ximo, a los 33 a?os de la v¨ªctima en los casos m¨¢s graves. Tambi¨¦n el delito de encubrimiento prescribe entre tres y cinco a?os desde la ocultaci¨®n del episodio. De este modo, sin una sentencia que considere probados los hechos y el da?o causado, era imposible acudir a reclamar una indemnizaci¨®n por la v¨ªa civil. En el caso navarro, fue archivado porque la Orden de los Reparadores de Puente la Reina ni siquiera admiti¨® los hechos, que no se dieron por acreditados. Pero en la actual demanda la abad¨ªa de Montserrat s¨ª que ha reconocido los abusos y que no protegi¨® adecuadamente a los menores. ¡°Esta comisi¨®n no puede concluir si se ocult¨® lo que sucedi¨® o simplemente se actu¨® por desconocimiento de la situaci¨®n, ya que existen versiones contradictorias. Lo que podemos afirmar, como relatan las v¨ªctimas, es que hab¨ªa rumorolog¨ªa suficiente para justificar una acci¨®n encaminada a reunir a los padres, actuar contra el H. [hermano] Andreu o haberlo apartado preventivamente de los escoltas [ni?os]¡±, public¨® la abad¨ªa en su informe.

¡°Hemos intentado negociar con la abad¨ªa un acuerdo extrajudicial, pero no quiso. Lo incre¨ªble es que parece que las indemnizaciones por abusos en la Iglesia cat¨®lica dependen de la buena voluntad de cada instituci¨®n a la que pertenece el violador¡±, opina Hurtado, una de las v¨ªctimas de abusos en la Iglesia con m¨¢s visibilidad p¨²blica tras recoger m¨¢s de 500.000 firmas contra la prescripci¨®n del delito. Lo cierto es que cada di¨®cesis y cada orden hace lo que le parece y va por libre. La Iglesia espa?ola ha pagado ya al menos dos millones de euros, seg¨²n se desprende de las condenas judiciales y can¨®nicas localizadas por EL PA?S, aunque es una informaci¨®n que las instituciones eclesi¨¢sticas se niegan a revelar. Por su parte, los maristas de Catalu?a pactaron en 2020 una compensaci¨®n sin precedentes en Espa?a de 353.000 euros con 25 familias. Los jesuitas est¨¢n negociando caso por caso con cada v¨ªctima, con una tabla que establece un pago de 5.000, 10.000 o 15.000 euros, seg¨²n consideren los abusos leves, medios o graves, tal y como revel¨® este diario. Este sistema y el importe de las sumas han sido considerados un insulto por los afectados. Adem¨¢s, tanto maristas como jesuitas exigen un pacto de silencio, algo que contradice las ¨®rdenes del Papa.

Otra novedad de la demanda es que pretende superar el sistema habitual para compensar a v¨ªctimas de abusos sexuales en Espa?a, que a juicio de Hurtado y todas las v¨ªctimas es obsoleto y sin sentido, pues toma como referencia la tabla de indemnizaciones por accidentes de tr¨¢fico. Este baremo no contempla los da?os que provoca el encubrimiento u otras secuelas, como la adicci¨®n a las drogas, alcoholismo o problemas en la conducta alimentaria. En este caso, la demanda se ha basado en el patr¨®n utilizado por la Comisi¨®n de Reparaci¨®n de V¨ªctimas de Abusos en la Iglesia en Irlanda, pionero en este campo. Divide las secuelas en tres tipos: medicopsiqui¨¢tricas (trastorno de estr¨¦s postraum¨¢tico, trastorno de la personalidad, alcoholismo y drogodependencias), psicosociales (aislamiento social, dificultades en las relaciones familiares, sexuales o afectivas) y secuelas por la p¨¦rdida de oportunidades (menor rendimiento acad¨¦mico, desarrollo profesional o dificultad para acceder o mantener un empleo). Adem¨¢s, este m¨¦todo clasifica la gravedad de los abusos en cinco niveles diferentes, y a cada uno se le asigna un rango de compensaci¨®n posible, lo que permite concretar la indemnizaci¨®n seg¨²n las diferencias de cada caso.

Miguel Hurtado ha denunciado que la abad¨ªa de Montserrat, adem¨¢s de intentar comprar su silencio, no solo ocult¨® los delitos de Soler, sino que lo traslad¨® y permiti¨® que siguiera ¡°actuando impunemente¡±. Se?ala al antiguo rector Josep Maria Sanrom¨¤ y a los abades em¨¦ritos Josep Maria Soler y Sebasti¨¤ Bardolet como encubridores que, ¡°con su silencio c¨®mplice¡±, fueron ¡°responsables de los abusos cometidos que pudieron haber evitado¡± y ¡°de los da?os causados por su propia actuaci¨®n de encubrir¡±. Tambi¨¦n acusa a la Orden de San Benito, a la que pertenece el santuario, por no ejercer un control estricto sobre las actividades juveniles que all¨ª se realizaban y por no ¡°tomar cartas en el asunto¡± cuando la v¨ªctima relat¨® lo sucedido a la direcci¨®n de la escolan¨ªa y poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes. De igual modo, la v¨ªctima afirma que el obispado, ¡°al ser la entidad de la que dependen jer¨¢rquicamente¡± la congregaci¨®n y la abad¨ªa, ¡°debi¨® haber llevado un mayor control sobre las actividades escolares que se desarrollaban en el monasterio para confirmar que se cumpl¨ªan todas las medidas de seguridad y garantizar el bienestar de los menores¡±.

El precedente chileno

Esta l¨ªnea de acusaci¨®n ¡ªpedir cuentas por el encubrimiento institucional¡ª fue la que emprendieron en Chile algunas v¨ªctimas del sacerdote Fernando Karadima, protagonista de uno de los esc¨¢ndalos m¨¢s graves de pederastia en la Iglesia del pa¨ªs sudamericano. Los delitos estaban prescritos para la justicia, pero tres v¨ªctimas de abusos reclamaron indemnizaciones por el encubrimiento de los responsables eclesi¨¢sticos durante a?os. En 2019, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile les dio la raz¨®n y conden¨® a la Iglesia cat¨®lica a compensarles por ¡°da?o moral¡± con una suma equivalente a 130.000 euros, una decisi¨®n sin precedentes que abri¨® la puerta a futuras acciones civiles. En Alemania, el papa em¨¦rito Benedicto XVI acaba de aceptar acudir a declarar a un juicio por responsabilidad civil en el encubrimiento de un pederasta cuando era arzobispo de M¨²nich.

En Espa?a la demanda contra Montserrat tambi¨¦n podr¨ªa marcar un precedente, aunque una de las claves para que prospere estar¨¢ en c¨®mo se interpreta la prescripci¨®n del plazo para reclamar una indemnizaci¨®n. La norma se?ala que ¡°la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia¡± prescriben un a?o despu¨¦s ¡°desde que lo supo el agraviado¡±, es decir, cuando la v¨ªctima es consciente del da?o que le han causado. En este caso la demanda se basa en que las heridas no se cierran precisamente hasta que la abad¨ªa reconoce los hechos en 2019. En los abusos a menores es dif¨ªcil precisar la gravedad de los da?os, ya que son continuados en el tiempo, pueden agravarse paulatinamente y la revictimizaci¨®n contin¨²a a lo largo de los a?os. Hurtado se?ala que el Tribunal Supremo, que s¨ª ha fijado el criterio en otros asuntos complejos, como negligencias m¨¦dicas, no se ha pronunciado claramente sobre esta cuesti¨®n.