La di¨®cesis de Alicante y los maristas no aclaran el encubrimiento de un cura pederasta durante 35 a?os

EL PA?S puso en marcha en 2018 una investigaci¨®n de la pederastia en la Iglesia espa?ola y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce alg¨²n caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, la direcci¨®n es: abusosamerica@elpais.es.

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Un caso de abusos sobre un menor de un sacerdote de la di¨®cesis de Orihuela-Alicante en el seminario marista de La Marina de Elche, cometido en 1986 y destapado por EL PA?S, es un ejemplo de c¨®mo est¨¢ siendo la actuaci¨®n de la Iglesia en la mayor¨ªa de las denuncias: se da el m¨ªnimo de informaci¨®n y se ocultan aspectos fundamentales para evitar que la verdad salga a la luz. En esta ocasi¨®n, tanto los maristas como el obispado, dirigido por Jos¨¦ Ignacio Munilla, se niegan a aclarar c¨®mo se ha encubierto este caso durante 35 a?os, puesto que la v¨ªctima afirma que lo dio a conocer entonces a la orden, y qui¨¦nes son los responsables. Tampoco explican si se est¨¢ investigando ese encubrimiento, como obligan las normas vaticanas. Y sobre todo la di¨®cesis no revela a los feligreses las parroquias o destinos d¨®nde ha estado todo este tiempo ese cura, del que solo se sabe el nombre, Antonio, ni si conocen m¨¢s v¨ªctimas. Los maristas no detallan si lo comunicaron entonces a la di¨®cesis, y si es as¨ª, cinco obispos han pasado por ella en ese periodo sin haber tomado medidas contra ¨¦l. EL PA?S ha contabilizado 39 obispos espa?oles sospechosos de haber silenciado, ocultado o encubierto casos de abusos en las ¨²ltimas d¨¦cadas, sin ninguna consecuencia.

Casos como este ponen en evidencia la relevancia que puede tener la investigaci¨®n del Defensor del Pueblo, y una de las cuestiones clave, que a¨²n debe ser abordada: su voluntad y capacidad para pedir esa informaci¨®n interna que ¨®rdenes y obispos se niegan a revelar, y la disposici¨®n de la Iglesia a entregarla. El defensor del Pueblo, ?ngel Gabilondo, asegur¨® en septiembre que a¨²n no ha pedido la colaboraci¨®n de la Iglesia, pero lo har¨¢, aunque no ha notado ¡°mucho entusiasmo¡± en la otra parte: ¡°Yo voy a pedirles expresamente formas de colaboraci¨®n, pero muy concretas, no del tipo colaboramos o no colaboramos, sino: sobre estos casos qu¨¦ puede decirnos, qu¨¦ ocurre en estas congregaciones, qu¨¦ pasa en estos archivos¡±. De momento, tanto los maristas como la di¨®cesis de Alicante-Orihuela, no explican c¨®mo actuar¨¢n si, en este caso concreto, el Defensor les pidiera informaci¨®n. ¡°Siguiendo los criterios dados de la Conferencia Episcopal Espa?ola, tendremos la colaboraci¨®n oportuna con el Defensor del Pueblo¡±, dice el obispado. Los maristas precisan: ¡°No hemos recibido ninguna comunicaci¨®n del Defensor del Pueblo. Cuando se plantee alguna cuesti¨®n por su parte, la abordaremos sin problema¡±. Y este es solo uno de los 855 casos de pederastia en la Iglesia, con al menos 1607 v¨ªctimas, que se conocen hasta ahora, seg¨²n la contabilidad que lleva EL PA?S, ante la ausencia de datos oficiales. La unidad de atenci¨®n a v¨ªctimas del Defensor del Pueblo ha recibido ya m¨¢s de 400 mensajes.

Este caso ha salido a la luz a trav¨¦s del informe que este diario entreg¨® en diciembre de 2021 al Papa y a la Conferencia Episcopal, con testimonios in¨¦ditos que acusan a 251 sacerdotes y religiosos. Fue asumido, en un principio, por los maristas, pues los abusos sucedieron en el seminario de su orden en Elche, donde este cura era el capell¨¢n y adem¨¢s hay otros dos acusados en los a?os setenta. Sin embargo, la orden transmiti¨® luego el caso al obispado alicantino, la instituci¨®n de la que depend¨ªa el sacerdote. La di¨®cesis contact¨® entonces con la v¨ªctima, por mediaci¨®n de EL PA?S, y finalmente conden¨® al cura este verano, con la suspensi¨®n del ministerio, aunque no lo hizo p¨²blico. Este diario lo dio a conocer el pasado mes de octubre, pero tanto la di¨®cesis como los maristas se niegan a aclarar todo lo dem¨¢s. Ni siquiera la v¨ªctima ha podido conocer el nombre de su agresor, y tampoco se le ha entregado una copia de la sentencia can¨®nica, como es su derecho.

La di¨®cesis se niega a explicar lo que sabe del caso y su posible encubrimiento. Argumenta que la ley de Protecci¨®n de Datos le impide dar m¨¢s informaci¨®n sobre los detalles, ¡°sobre todo, nuestro empe?o est¨¢ centrado en la atenci¨®n y acompa?amiento a las v¨ªctimas en su dolor, as¨ª como en la reparaci¨®n del da?o causado¡±, expone un portavoz. Hace tiempo que la estrategia que se va imponiendo en la Iglesia, tras superar la etapa inicial de la negaci¨®n del problema, es primar el argumento de que lo importante es la atenci¨®n a las v¨ªctimas, y no el conocimiento p¨²blico de la verdad sobre lo ocurrido y rendir cuentas sobre la responsabilidad de la instituci¨®n. El hasta ahora secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Arg¨¹ello, ya dijo que la Iglesia no ser¨ªa ¡°proactiva¡± en la investigaci¨®n y que prefer¨ªan centrarse en la atenci¨®n a las personas. No obstante, el aumento de casos oblig¨® a la CEE a cambiar totalmente de postura y encarg¨® el pasado mes de febrero una investigaci¨®n a un bufete de abogados. El nuevo secretario general de los obispos nombrado esta semana, C¨¦sar Garc¨ªa Mag¨¢n, ha declarado en su primera rueda de prensa su ¡°compromiso de transparencia¡±, pero a¨²n es una asignatura pendiente.

¡°No hablamos ni hacemos exposici¨®n p¨²blica¡±

Los maristas tampoco dan ninguna informaci¨®n de c¨®mo gestionaron el caso en los a?os ochenta. Adoptan la misma postura: ¡°Investigamos todo lo que nos llega sobre esta materia. Y, al mismo tiempo, como explicamos siempre al hablar de nuestro tratamiento de estas cuestiones, nosotros no hablamos ni hacemos exposici¨®n p¨²blica de los detalles de los casos (¡­) Nuestras investigaciones est¨¢n siempre orientadas a las v¨ªctimas y ellas son nuestra prioridad; atendemos sus necesidades fundamentalmente¡±.

La total falta de transparencia es el punto m¨¢s d¨¦bil de los intentos de ¨®rdenes y di¨®cesis por hacer ver que ha cambiado su actitud hacia las denuncias de pederastia. Solo los jesuitas han presentado un informe de los casos que conocen en su seno, en enero de 2021, pero sin aportar ning¨²n detalle de nombres, fechas y lugares. En cuanto a las di¨®cesis, salvo excepciones, como Madrid o Barcelona, la mayor¨ªa de los obispados son reacios a informar a los fieles de los casos que conocen y a dar cuenta de c¨®mo han actuado.

Uno de los efectos m¨¢s claros de la reducci¨®n de la informaci¨®n al m¨ªnimo, adem¨¢s de contribuir a silenciar el problema, es que no favorece que afloren nuevas posibles v¨ªctimas. Otra de las razones para el secretismo es el temor a demandas e indemnizaciones, y por eso las admisiones de casos son con cuentagotas, aunque las v¨ªctimas tienen derecho a una compensaci¨®n, pero raras veces se les comunica. Las v¨ªctimas de la pederastia del clero en Espa?a comienzan a explorar tambi¨¦n las reclamaciones en la justicia civil, como acaba de hacer Miguel Hurtado, que destap¨® los abusos en la abad¨ªa benedictina de Montserrat y ahora ha presentado una demanda de 150.000 euros tanto por los da?os como por el encubrimiento institucional del agresor.

En todo caso, cada di¨®cesis tiene un concepto distinto de transparencia, en funci¨®n de la sensibilidad de cada obispo. Algunas informan puntualmente de cada caso que conocen y los pasos que dan. La de Sevilla, por ejemplo, emiti¨® un comunicado el mes pasado para anunciar que hab¨ªa conocido una denuncia contra un monitor de un grupo cat¨®lico juvenil y daba sus iniciales. La de Cartagena anunci¨® en marzo de 2021 que hab¨ªa recibido una denuncia contra un cura y lo identificaba como p¨¢rroco de una iglesia determinada. Pero la mayor¨ªa de di¨®cesis y ¨®rdenes solo revelan los casos, y sin dar detalles, cuando se ven forzados por los medios de comunicaci¨®n. Si no, contin¨²an ocultos.

Si conoce alg¨²n caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escr¨ªbanos con su denuncia a abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, escr¨ªbanos a abusosamerica@elpais.es.