Igualdad est¨¢ dispuesta a asumir subidas de penas en la ¡®ley del solo s¨ª es s¨ª¡¯ sin tocar el consentimiento

Igualdad est¨¢ dispuesta a asumir la subida de las penas en la ley del solo s¨ª es s¨ª siempre y cuando ¡°no se toque el consentimiento, se preserve el coraz¨®n de la ley¡±, ha dicho este lunes la secretaria de Estado, ?ngela Rodr¨ªguez. Desde diciembre, 15 d¨ªas despu¨¦s desde que se conocieran las primeras rebajas de condenas y excarcelaciones a reos de delitos sexuales tras las revisiones que ha conllevado la aplicaci¨®n de la Ley de Libertad Sexual, Justicia e Igualdad han estado trabajando para llegar a un consenso sobre c¨®mo reformar la norma. Rodr¨ªguez asegura que van a hacer ¡°todo lo posible por llegar a un acuerdo lo antes posible¡±. Eso s¨ª, sin volver a un modelo anterior, que es lo que, afirman, ¡°hace la propuesta del PSOE¡±.

La parte socialista del Gobierno propone dejar las penas como est¨¢n, m¨¢s bajas que antes en muchos casos, en el tipo general. Pero en cada art¨ªculo se a?ade una pena m¨¢s alta, similar a la que hab¨ªa antes, ¡°si la agresi¨®n se hubiera cometido empleando violencia o intimidaci¨®n sobre una v¨ªctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad¡±. En el documento, que adelant¨® esta ma?ana la Cadena SER, se reclama volver a penas de entre 1 y 5 a?os cuando haya violencia, intimidaci¨®n o se haya anulado la voluntad de la v¨ªctima y de entre 6 y 12 a?os en esos mismos casos cuando la agresi¨®n sexual sea con penetraci¨®n. En los supuestos en que haya agravantes tambi¨¦n pide volver a las penas anteriores: de entre 5 y 10 a?os cuando no haya penetraci¨®n y de entre 12 y 15 cuando s¨ª la haya. Y hacen extensible la propuesta a los casos en los que la v¨ªctima sea menor.

La conclusi¨®n del Ministerio de Justicia tras un an¨¢lisis t¨¦cnico realizado en funci¨®n de las decisiones judiciales que se est¨¢n tomando, si no se hiciera nada, en los pr¨®ximos meses y a?os habr¨ªa un reguero de condenas m¨¢s bajas que las que se habr¨ªan impuesto antes del cambio de la ley, un efecto dif¨ªcil de justificar pol¨ªticamente. Justicia insiste en que su propuesta no toca el coraz¨®n de la ley, que implica que ¡°solo se entender¨¢ que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atenci¨®n a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona¡±. Esto es lo que pon¨ªa en el primer art¨ªculo que modifica la ley, el 178.1 del C¨®digo Penal. Es el coraz¨®n del solo s¨ª es s¨ª y se mantendr¨ªa tal cual. Igualdad plantea subir las penas sin m¨¢s, es decir, donde pone cuatro a?os pasar a cinco, pero Justicia alega que eso t¨¦cnicamente es imposible porque no quedar¨ªa justificado el aumento. Por tanto, no se discute la subida de penas, sino la f¨®rmula jur¨ªdica para aplicarla.

Para Igualdad, en cualquier caso, la de Justicia no es una opci¨®n viable tal y como est¨¢ redactada, afirman que es ¡°exactamente¡± la propuesta del Partido Popular y que ser¨ªa de nuevo volver a poner el foco en cu¨¢nto se resisti¨® una mujer en una agresi¨®n, aunque ¡°no se suprima la palabra consentimiento¡± ni se elimine la parte del articulado que lo trata, ¡°en la pr¨¢ctica ser¨ªa as¨ª¡±.

Seg¨²n ha afirmado Rodr¨ªguez, ¡°es evidente¡± que quieren acordar un texto final con el Ministerio de Justicia y no se plantean otro escenario que no sea el consenso: ¡°[Estamos] con toda la voluntad de llegar a acuerdos. Pero no vamos a aceptar ninguna propuesta que ponga en juego ese modelo del consentimiento, que es una conquista del movimiento feminista y de las mujeres de este pa¨ªs. Nos jugamos que se les vuelva a preguntar si se resistieron y es un modelo tremendamente perjudicial para las mujeres¡±.

Rodr¨ªguez ha explicado que, una vez la parte socialista del Gobierno les pidi¨® que trabajaran expresamente en el ¨¢mbito penal de la norma, han presentado ¡°hasta tres propuestas distintas de reformas que pueden ayudar a evitar menos interpretaci¨®n a futuro, que no van a resolver lo de ahora, pero dar¨¢n menos margen interpretativo a los operadores jur¨ªdicos y pueden ayudar a aliviar esta situaci¨®n de preocupaci¨®n social¡± que ¡°comparten¡±. ¡°No era el esp¨ªritu del [poder] legislativo y [el poder] ejecutivo expresado en la norma, no es el efecto deseado¡±, ha dicho en referencia a las casi 300 reducciones de condenas y la veintena de excarcelaciones que se contabilizan, aunque sin datos oficiales, hasta ahora.

Desde el ¨¢rea de Montero no han concretado las propuestas porque quieren ¡°preservar las negociaciones¡± con Justicia, y la delegada del Gobierno contra la violencia de g¨¦nero, Victoria Rosell, solo ha esbozado las medidas: ¡°Tienen que ver con la vigencia del derecho transitorio y su posible ubicaci¨®n en el T¨ªtulo Preliminar, para que haya un marco de derecho transitorio, para que no se vuelva a poner en duda como jam¨¢s se hab¨ªa puesto en duda con otras reformas del C¨®digo Penal; y alg¨²n retoque de las penas m¨ªnimas que es a las que est¨¢n huyendo estas sentencias¡±. Sentencias que, insisten, ¡°son una minor¨ªa¡±.

Igualdad cree que hay ¡°otras f¨®rmulas¡± y se decantan por trabajar en el desarrollo de medidas para la protecci¨®n de las v¨ªctimas, como recuerdan se hizo en 2004 tras la entrada en vigor de la ley contra la violencia de g¨¦nero. ¡°Hubo casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad y esto hizo que se plantease un debate sobre si aquella ley era constitucional, la decisi¨®n que tom¨® el gobierno de [Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez] Zapatero fue una buena decisi¨®n, no seguir debatiendo en los marcos de los sectores m¨¢s conservadores sino intentar implementar la norma, poner en marcha medidas y recursos para poder desarrollar la parte integral de la ley, que va a dar m¨¢s herramientas a los operadores jur¨ªdicos para poder interpretar correctamente la norma¡±, ha ahondado Rodr¨ªguez, en l¨ªnea con el discurso que mantienen desde el primer momento y es que lo que est¨¢ ocurriendo se debe a ¡°la interpretaci¨®n¡± de algunos jueces y no a la redacci¨®n de la normativa.

Entre esas medidas est¨¢ dar competencias a la Fiscal¨ªa de sala sobre la mujer para los delitos de libertad sexual ¡ªahora solo las tiene en la violencia que se da en la pareja o expareja¡ª, o la especializaci¨®n de los ¨®rganos judiciales, para que pueda haber juzgados espec¨ªficos para delitos sexuales. ¡°Estas medidas las hemos ido negociando, creemos que est¨¢n listas. Algunas necesitan reformas normativas, otras ser elevadas al Consejo de Ministros y otros recursos presupuestarios que tambi¨¦n hemos estado trabajando¡±, ha concluido la secretaria de Estado.

En pleno a?o electoral, PSOE y Unidas Podemos necesitan el consenso lo antes posible para hacer una reforma de la que no solo ha sido tildada como la ley estrella de Montero, sino tambi¨¦n del Ejecutivo; fue la primera norma que ambos partidos quisieron y pusieron en marcha. Los socialistas han anunciado que preparan una proposici¨®n de ley para acelerar la reforma en el Congreso y que podr¨ªan ir en solitario si no se cierra el debate pronto; a lo que el PP ya ha ofrecido sus votos. Sin embargo, el socio mayoritario quiere que el texto definitivo sea de la mano de UP, porque lo contrario apuntar¨ªa a una fractura de la coalici¨®n que ambos quieren evitar. Ahora, con el consentimiento de nuevo en el centro del debate, los socios de Gobierno se enfrentan a unos d¨ªas dif¨ªciles, aunque, aseguran ambos, con ¡°toda¡± la voluntad de llegar a un acuerdo.