El sector socialista del Gobierno plantea una subida de penas para evitar futuras condenas bajas a violadores pero Podemos rechaza la f¨®rmula

La ley del solo s¨ª es s¨ª abre una nueva brecha en la coalici¨®n de Gobierno, esta vez con un pulso entre el PSOE y Podemos. El presidente, Pedro S¨¢nchez, que ha reunido como cada lunes a su equipo de m¨¢xima confianza y se ha centrado en este asunto, ha dado una instrucci¨®n muy clara: la ley tiene que modificarse porque el Ejecutivo no puede quedarse sin hacer nada mientras los ciudadanos ven c¨®mo la norma tiene el efecto inesperado de un goteo de rebajas de condenas y excarcelaciones de agresores sexuales. El partido socialista incluso ha anunciado ya que prepara una proposici¨®n de ley para acelerar la reforma en el Congreso. Pero antes quiere buscar un acuerdo con Unidas Podemos que ahora parece muy dif¨ªcil, porque UP rechaza de plano la propuesta de reforma socialista. El PSOE incluso ha dicho que podr¨ªa presentar la proposici¨®n de ley en solitario en el Congreso, algo que implicar¨ªa una ruptura. El PP ya ha ofrecido sus votos para esa reforma, pero ese escenario apuntar¨ªa a una fractura de la coalici¨®n que tanto en el partido socialista como en Unidas Podemos insisten en que quieren evitar. La negociaci¨®n se precipitar¨¢ en estos d¨ªas en una situaci¨®n pol¨ªtica especialmente delicada.

Las revisiones de condenas actuales, que ya han provocado unas 300 rebajas y una veintena de excarcelaciones de agresores sexuales, no se pueden parar de ninguna manera, pero s¨ª se puede cambiar la norma para los delitos cometidos a partir de ahora. Seg¨²n el an¨¢lisis t¨¦cnico que se ha hecho en el Ministerio de Justicia en funci¨®n de las decisiones que est¨¢n tomando los jueces, si no se hiciera nada, en los pr¨®ximos meses y a?os habr¨ªa un reguero de condenas m¨¢s bajas que las que se habr¨ªan impuesto antes del cambio de la ley, un efecto dif¨ªcil de justificar pol¨ªticamente.

Por eso, la ministra de Justicia, Pilar Llop, del sector socialista, lleva desde finales de noviembre intentando convencer a la responsable de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, para aprobar cuanto antes una reforma que implique subir las penas m¨¢ximas y m¨ªnimas y volver a las que hab¨ªa anteriormente a la reforma para evitar esas condenas bajas, seg¨²n fuentes del Ejecutivo.

Montero ha rechazado en varias reuniones esta posibilidad, pero no por la subida de penas, que ella ya ha asumido como la ¨²nica manera de evitar condenas bajas, confirman fuentes de los dos sectores del Gobierno, sino por la f¨®rmula elegida para hacerlo. Justicia propone a?adir un apartado que aumenta las penas ¡°si la agresi¨®n se hubiera cometido empleando violencia o intimidaci¨®n sobre una v¨ªctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad¡±. Eso implica para Podemos volver al modelo anterior en el que hab¨ªa que justificar la existencia de violencia. Justicia cree que todo quedar¨ªa igual, sin cambiar la esencia, pero con esa f¨®rmula se justifica y recoge mejor t¨¦cnicamente el cambio. Igualdad plantea subir las penas sin m¨¢s, es decir, donde pone cuatro a?os pasar a cinco, pero Justicia alega que eso t¨¦cnicamente es imposible porque no quedar¨ªa justificado el aumento. Por tanto, no se discute la subida de penas, sino la f¨®rmula jur¨ªdica para aplicarla.

La reforma que plantea Justicia consiste en dejar las penas como est¨¢n, m¨¢s bajas que antes en muchos casos, en el tipo general. Pero en cada art¨ªculo se a?ade una pena m¨¢s alta, similar a la que hab¨ªa antes ¡°si la agresi¨®n se cometiere empleando violencia o intimidaci¨®n¡±. As¨ª, el tipo general que ahora est¨¢ de 1 a 4 a?os de prisi¨®n volver¨ªa a 1 a 5 si hay violencia, intimidaci¨®n o la v¨ªctima tiene anulada su voluntad. El de la agresi¨®n con acceso vaginal, anal o bucal pasa de los 4 a 12 a?os actuales a una pena de 6 a 12 a?os, como estaba antes, siempre que haya violencia, y as¨ª sucesivamente con todos los tipos.

Justicia insiste en que no se toca el coraz¨®n de la ley, que implica que ¡°solo se entender¨¢ que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atenci¨®n a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona¡±. Esto es lo que pon¨ªa en el primer art¨ªculo que modifica la ley, el 178.1 del C¨®digo Penal. Es el coraz¨®n del solo s¨ª es s¨ª y se mantendr¨ªa tal cual. Por eso los socialistas han salido en tromba a se?alar que ellos en ning¨²n caso van a cambiar la filosof¨ªa de la ley, que se basa en el consentimiento para evitar, como pasaba antes, que las v¨ªctimas tuvieran que demostrar que hubo resistencia, por ejemplo. Pero Podemos ha mostrado un rechazo p¨²blico claro e incluso acusa a los socialistas de ceder ante las presiones del mundo conservador de la justicia y la pol¨ªtica, lo que augura que el acuerdo ser¨¢ muy complicado. Los dos meses de negociaciones sin ¨¦xito son la mejor prueba de esta dificultad. Fuentes de Igualdad aseguran que ellos aceptan la subida de penas siempre que no incluya esta f¨®rmula que plantea Justicia de a?adir el elemento de la violencia o intimidaci¨®n, que creen que puede suponer un retroceso. Por ah¨ª, insisten, no van a pasar.

El sector socialista del Gobierno est¨¢ as¨ª decidido a hacer un cambio importante y un p¨²blico reconocimiento de un error en una ley decisiva que promovi¨® Igualdad, pero que suscribi¨® todo el Ejecutivo, Justicia incluido ¡ªcon otro ministro, Juan Carlos Campo¡ª, y que pas¨® por todos los controles establecidos en organismos consultivos y tuvo un tr¨¢mite parlamentario de m¨¢s de un a?o. La decisi¨®n pol¨ªtica de S¨¢nchez es de fondo porque entiende que las consecuencias inesperadas que ha tenido son inaceptables para la sociedad.

El problema pol¨ªtico es que Podemos se ha plantado. Los socialistas est¨¢n convencidos de que habr¨¢ un acuerdo y nadie, ni en el PSOE ni en Unidas Podemos, quiere hablar de ruptura. Pero el asunto es de la m¨¢xima sensibilidad y se trata de la ley estrella de Montero, por lo que esta brecha en la coalici¨®n es de las m¨¢s dif¨ªciles de gestionar de toda la legislatura y en pleno a?o electoral.

Podemos, el partido de Irene Montero, ha sido este lunes muy cr¨ªtico con la propuesta de Justicia, adelantada por Cadena SER, hasta el punto de que compara al PSOE con el PP. Ione Belarra, secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, la ha rechazado porque, en su opini¨®n, hace que el consentimiento deje de estar en el centro de la ley. ¡°No podemos volver al calvario probatorio de demostrar que nos resistimos lo suficiente o que no hab¨ªamos bebido¡±, ha dicho la ministra. ¡°Si Pedro S¨¢nchez pacta con el PP volver al modelo anterior, no solamente estar¨ªa traicionando a las mujeres (...) estar¨ªa cometiendo un error pol¨ªtico del que se arrepentir¨ªa¡±, ha advertido a ¨²ltima hora Pablo Iglesias en la Cadena SER. El exvicepresidente del Gobierno, que no tiene ning¨²n cargo org¨¢nico pero sigue siendo un claro referente pol¨ªtico de Podemos, ve en el cambio del socio una respuesta a las ¡°presiones¡± de la derecha. ¡°Si Pedro S¨¢nchez pacta esto con el PP, lo pagar¨¢¡±, ha insistido.

Para el socio minoritario del Ejecutivo, el problema no est¨¢ en la ley, sino en la ¡°incorrecta aplicaci¨®n¡± del derecho transitorio y de la propia norma por parte de algunos jueces. As¨ª lo sostiene Igualdad y lo ha reiterado en rueda de prensa una de las portavoces de Podemos, Isa Serra, que ha subrayado que tanto ellos como el PSOE ¡°coinciden¡± en que ¡°una modificaci¨®n penal no va a acabar con el problema de las revisiones¡±. Serra ha reconocido que Igualdad y Justicia han mantenido conversaciones en los ¨²ltimos d¨ªas para valorar distintas opciones de modificaci¨®n de la parte penal ¡ªla n¨²mero dos del ministerio de Montero, ?ngela Rodr¨ªguez, ha indicado ya por la tarde que su departamento ha presentado hasta tres alternativas desde diciembre¡ª, pero Podemos considera ¡°fundamental¡± mantener el consentimiento en el centro, porque lo contrario ser¨ªa ¡°una vuelta al modelo anterior¡± que ¡°rompe el sentido de la ley¡±.

El partido de Belarra aboga, como ha hecho este lunes Igualdad, por implementar la norma a trav¨¦s de un dec¨¢logo de acciones que requieren recursos (como doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual, o dar formaci¨®n especializada a todo el personal de la Administraci¨®n de justicia e interior) e intentar as¨ª proteger a las v¨ªctimas. Podemos ha insistido en que el PSOE est¨¢ sufriendo ¡°presiones¡± de los sectores conservadores.

El sector socialista del Gobierno rechaza de plano la interpretaci¨®n del ala morada y est¨¢ decidido a cambiar la ley. F¨¦lix Bola?os, ministro de la Presidencia, lo ha dejado muy claro. ¡°La ley del solo s¨ª es s¨ª ha supuesto una mejora. Pero ha habido efectos indeseados, se est¨¢ generando una preocupaci¨®n social que compartimos. Vamos a corregir la ley para que esos efectos no se repitan en el futuro¡±, ha explicado Bola?os.

Para el ala socialista este asunto no tiene por qu¨¦ causar una crisis seria en la coalici¨®n que derive incluso en una ruptura, pero la decisi¨®n de cambiar la ley por parte del presidente es firme. Diversos ministros socialistas insisten en que este es un asunto que preocupa mucho a la sociedad y est¨¢ perjudicando mucho al Ejecutivo, y no entienden que Podemos no vea que es imprescindible hacer algo para lanzar un mensaje claro a los ciudadanos de que el Ejecutivo no se queda parado cuando hay unas consecuencias tan graves de una iniciativa suya. Tampoco en Podemos hablan de ruptura del Gobierno, pero los mensajes de sus portavoces han sido muy claros para criticar con dureza la propuesta de reforma que plantea Justicia. En el PSOE insisten en que nadie est¨¢ buscando una ruptura y conf¨ªan en poder encontrar un acuerdo con Igualdad, pero la tensi¨®n sigue creciendo en plena negociaci¨®n.