La ¡®ley del solo s¨ª es s¨ª¡¯: claves m¨¢s all¨¢ de las penas de c¨¢rcel

El foco medi¨¢tico, pol¨ªtico y social ha estado sobre las rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales que la aplicaci¨®n de la ley del solo s¨ª es s¨ª ha causado desde noviembre: seg¨²n el ¨²ltimo conteo provisional del Consejo General del Poder Judicial, son 978 las condenas rebajadas y 104 los reos excarcelados. Frente a eso, el PSOE present¨® en febrero una propuesta de reforma ¡ªen solitario, sin sus socios de coalici¨®n¡ª, a la que este mi¨¦rcoles el Senado ha dado luz verde. Un cambio que no frenar¨¢ las reducciones de penas a los condenados antes de la aprobaci¨®n de la ley, pero con el que el Gobierno pretende paliar la alarma social, por un lado, y elevar los castigos para que las condenas futuras vuelvan a ser las mismas que antes de la norma en aquellos delitos que se cometan a partir de que la reforma entre en vigor, en los pr¨®ximos d¨ªas.

Sin embargo, a pesar de que en los ¨²ltimos cinco meses solo se ha debatido sobre esta cuesti¨®n, la Ley de Libertad Sexual no se concibi¨® con la parte penal como centro, sino como una norma integral. Es decir, que tratara la violencia sexual desde todos los ¨¢ngulos, que entendiera su complejidad, su contexto y sus circunstancias y desplegara desde todos los ¨¢mbitos y a todos los niveles institucionales las medidas, sobre todo, para prevenirla y detectarla; y una vez que ya ha ocurrido, para atender y garantizar los derechos de las v¨ªctimas. Aqu¨ª, un repaso a algunas de esas medidas y derechos que van m¨¢s all¨¢ de las penas de c¨¢rcel y la tipificaci¨®n de delitos:

Centros de crisis 24 horas. El Gobierno estima que para finales de 2023 pueden estar abiertos. Ser¨¢n al menos 50, uno por cada provincia ¡ªpor el momento, solo existen dos, uno en Asturias y otro en Madrid¡ª, contar¨¢n con atenci¨®n psicol¨®gica, jur¨ªdica y social para v¨ªctimas, familiares y personas del entorno, y se podr¨¢ asistir tanto presencialmente como recibir atenci¨®n telef¨®nica y online. El Ministerio de Igualdad ha destinado ya a ellos 66 millones de euros de los fondos europeos.

Asistencia integral especializada y accesible. Adem¨¢s de los centros de crisis, la ley prev¨¦ servicios de recuperaci¨®n integral (psicol¨®gica y acompa?amiento social, educativo, laboral y jur¨ªdico) ¡°que trabajan para apoyar la recuperaci¨®n de las v¨ªctimas en el largo plazo¡±, con un tratamiento espec¨ªfico para menores, y tambi¨¦n para las v¨ªctimas de trata y explotaci¨®n sexual ¡ªen cualquier idioma, si este no fuera el espa?ol¡ª. Estos servicios deber¨¢n estar repartidos por todo el territorio para asegurar ¡°la accesibilidad a las mujeres de las zonas rurales y alejadas de los n¨²cleos urbanos de gran densidad¡± y estar¨¢n disponibles, siempre, para todas las v¨ªctimas, tambi¨¦n aquellas en situaci¨®n administrativa irregular, que ¡°gozar¨¢n de los derechos reconocidos en esta ley org¨¢nica en igualdad de condiciones con el resto de las v¨ªctimas¡±.

Educaci¨®n sexual en todas las etapas educativas. Es una de las cuestiones en las que m¨¢s inciden especialistas y expertas de todos los ¨¢mbitos que rodean a la violencia sexual como base para su erradicaci¨®n. Con esa perspectiva, la norma incluye que el sistema p¨²blico educativo incluya contenidos sobre educaci¨®n sexual e igualdad de g¨¦nero y educaci¨®n afectivosexual para el alumnado, a lo largo de todas las etapas educativas y adaptados a la edad de cada ciclo. Adem¨¢s, esa educaci¨®n tambi¨¦n ser¨¢ obligatoria en los curr¨ªculos de los t¨ªtulos universitarios relacionados con la docencia, el ¨¢mbito sanitario o el judicial. Algo que tambi¨¦n incluy¨®, de forma obligatoria, la reforma de la ley del aborto.

Derecho a la reparaci¨®n. Es una de las novedades de la norma, que lo introduce ¡°como uno de los ejes centrales de la responsabilidad institucional para lograr la completa recuperaci¨®n de las v¨ªctimas y las garant¨ªas de no repetici¨®n de la violencia¡±. E incluye:

• Indemnizaci¨®n por da?os y perjuicios materiales y morales, que deber¨¢ pagar quien sea condenado por el delito, y que tiene que ¡°garantizar la satisfacci¨®n econ¨®micamente evaluable¡± del da?o f¨ªsico y psicol¨®gico, incluido el da?o moral y el da?o a la dignidad; la p¨¦rdida de oportunidades, incluidas las de educaci¨®n, empleo y prestaciones sociales; los da?os materiales y la p¨¦rdida de ingresos, incluido el lucro cesante, es decir, lo que una v¨ªctima pierda por verse obligada a dejar de estudiar o trabajar; el da?o social, entendido como el da?o al proyecto de vida; y el tratamiento terap¨¦utico, social y de salud sexual y reproductiva.
• Pensi¨®n de orfandad o prestaci¨®n de orfandad para los hijos e hijas de las v¨ªctimas de feminicidios sexuales ¡ªintroducidos oficialmente, a efectos estad¨ªsticos y de reparaci¨®n de las v¨ªctimas, por primera vez en esta ley¡ª, ¡°cualquiera que sea la naturaleza de su filiaci¨®n, por naturaleza o por adopci¨®n¡±.
• Medidas para la completa recuperaci¨®n de las v¨ªctimas y garantizar la no repetici¨®n, como ¡°el derecho de supresi¨®n aplicado a buscadores en Internet y medios de difusi¨®n p¨²blicos¡±; ayudas complementarias ¡°por la especificidad o gravedad de las secuelas derivadas de la violencia para financiar los tratamientos sanitarios adecuados, incluyendo los tratamientos de reconstrucci¨®n genital femenina, si fueran necesarios; o la ¡°protecci¨®n efectiva ante represalias o amenazas¡±.

Ayudas econ¨®micas. Las v¨ªctimas de violencia sexual que ganen menos del salario m¨ªnimo recibir¨¢n una ayuda econ¨®mica ¡ªcompatible con las indemnizaciones establecidas en la sentencia, adem¨¢s de con otras prestaciones, como el ingreso m¨ªnimo vital¡ª equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, y ser¨¢n de mayor cuant¨ªa si la v¨ªctima tiene una discapacidad o personas a su cargo.

Empleo. En los planes anuales de empleo ¡°se incluir¨¢ un programa de acci¨®n espec¨ªfico para las v¨ªctimas de violencias sexuales inscritas como demandantes de empleo, con medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia¡±.

Derechos laborales. Entre ellos, el derecho ¡°a la reducci¨®n o a la reordenaci¨®n del tiempo de trabajo, a la movilidad geogr¨¢fica, al cambio de centro de trabajo, a la adaptaci¨®n del puesto, y a los apoyos que precisen por raz¨®n de su discapacidad para su reincorporaci¨®n, a la suspensi¨®n de la relaci¨®n laboral con reserva de puesto de trabajo ¡ªque no podr¨¢ exceder de seis meses a excepci¨®n de decisi¨®n judicial¡ª, y a la extinci¨®n del contrato¡±; tambi¨¦n a la excedencia en el caso de v¨ªctimas que sean funcionarias.

Acceso a la vivienda. La norma fija que ¡°las administraciones p¨²blicas promover¨¢n el acceso prioritario de las v¨ªctimas de violencias sexuales al parque p¨²blico de vivienda, a los programas de ayuda de acceso a la vivienda, a los establecimientos residenciales y otros centros de atenci¨®n a las personas en situaci¨®n de dependencia¡±.

Rentas de inserci¨®n. Las v¨ªctimas de violencia sexual tienen el mismo mecanismo de acceso que las v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero a las rentas activas de inserci¨®n, una prestaci¨®n de car¨¢cter no contributivo para personas desempleadas que no perciben otras ayudas y que acreditan especiales dificultades de reinserci¨®n en el mercado laboral.

Recogida de pruebas y ex¨¢menes forenses. La garant¨ªa de que habr¨¢ personal m¨¦dico forense siempre disponible para asegurar que el examen y las recogidas de muestras y otras pruebas se ¡°practiquen a las v¨ªctimas sin demoras¡±, nunca vinculadas a que se presente una denuncia, y se conservar¨¢n y enviar¨¢n al Instituto de Medicina Legal correspondiente para ser custodiadas all¨ª. Tambi¨¦n ¡°se evitar¨¢ la reiteraci¨®n de reconocimientos salvo que resultaren estrictamente indispensables para la investigaci¨®n¡±.

Protecci¨®n de datos. En todo el procedimiento ¡°se proteger¨¢ la intimidad de las v¨ªctimas, y en especial sus datos personales¡±. Por un lado, la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos ¡°ejercer¨¢ las funciones y potestades que le corresponden¡± para ¡°garantizar una protecci¨®n espec¨ªfica¡± de sus datos personales, especialmente cuando la violencia ¡°se perpet¨²e a trav¨¦s de las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y la comunicaci¨®n¡±. Por otro, el juzgado o tribunal competente ¡°podr¨¢ acordar, de oficio o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas¡±.