El presidente de Bolivia propone hacer imprescriptibles los delitos de pederastia y crear una comisi¨®n de la verdad

EL PA?S puso en marcha en 2018 una investigaci¨®n de la pederastia en la Iglesia espa?ola y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce alg¨²n caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, la direcci¨®n es: abusosamerica@elpais.es.

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El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha registrado en la Asamblea Legislativa boliviana un anteproyecto de ley ¡°de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes [menores de hasta cinco a?os], ni?as, ni?os y adolescentes¡± para hacer imprescriptibles los casos de pederastia en el pa¨ªs latinoamericano. ¡°La multiplicidad de actos de violencia sexual contra infantes, ni?as, ni?os y adolescentes que se ha dado en nuestro pa¨ªs es de suma gravedad, que empeora por la posici¨®n de cuidado, educaci¨®n o resguardo que ocupaban los autores en su condici¨®n de sacerdotes, maestros o cuidadores, inclusive pertenecientes a ¨®rdenes religiosas de reconocido prestigio¡±, se lee en un comunicado gubernamental publicado este s¨¢bado. Uno de los puntos clave de esta iniciativa, que a¨²n debe pasar el tr¨¢mite legislativo hasta ser aprobada definitivamente, es la creaci¨®n de una comisi¨®n de la verdad para investigar casos concretos y que elabore un informe ¡°a fin de evitar la impunidad y aportar a la reparaci¨®n del da?o causado¡± a las v¨ªctimas. La noticia llega tras el terremoto medi¨¢tico que ha causado en Bolivia la publicaci¨®n por parte de EL PA?S del diario secreto del jesuita espa?ol Alfonso Pedrajas, conocido como Pica, quien admiti¨® haber abusado de decenas de menores y relat¨® c¨®mo la congregaci¨®n le protegi¨®.

En el diario, Pedrajas expresa la culpa de las agresiones sexuales que cometi¨® entre 1964 y los a?os noventa. ¡°Hice da?o a mucha gente (?a 85?), a demasiados¡±, escribe en una de sus ¨²ltimas entradas, en 2008. De sus 384 p¨¢ginas puede extraerse que hasta siete provinciales y una decena de cl¨¦rigos bolivianos y espa?oles encubrieron sus delitos y las denuncias de algunas de sus v¨ªctimas. Entre ellos se encuentra Marcos Recolons, jesuita catal¨¢n que escal¨® en la jerarqu¨ªa de la Compa?¨ªa de Jes¨²s hasta llegar a Roma como consejero cercano del superior general, Adolfo Nicol¨¢s. Tambi¨¦n cuenta que se siente miedo a ser descubierto y se averg¨¹enza de sus delitos, aunque siempre se refiere a ellos como ¡°pecados¡± o enfermedad¡±. Nunca describe los abusos, que hoy sus v¨ªctimas cuentan como una pel¨ªcula de terror.

Tanto los relatos de las v¨ªctimas como la impunidad con la que act¨²o este jesuita ha prendido la mecha para que varios grupos de activistas feministas hayan salido a la calle en los ¨²ltimos d¨ªas para protestar. En La Paz, el jueves por la noche, varias decenas de personas se presentaron frente a la sede de la Conferencia Episcopal Boliviana, donde hicieron una peque?a hoguera y quemaron fotograf¨ªas del cura pederasta. Tambi¨¦n pintaron la fachada del edificio con frases como: ¡°Curas violadores fuera de Bolivia¡± o ¡°Ped¨®filos¡±. Leyeron un manifiesto donde exig¨ªan la expulsi¨®n de la Iglesia de los colegios y citaron los nombres de los cl¨¦rigos acusados hasta ahora en Bolivia. Estas concentraciones se repitieron en Sucre, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, en esta ¨²ltima se hallaba el colegio Juan XXIII, donde m¨¢s v¨ªctimas han aparecido hasta el momento. ¡°Con sotana o sin sotana, te vas para la cana [c¨¢rcel]¡±, fue uno de los c¨¢nticos que se oyeron en las protestas.

El anteproyecto de ley presentado por el presidente de Bolivia, al que ha tenido acceso EL PA?S, se?ala: ¡°Las personas que, siendo infantes, ni?as, ni?os o adolescentes, fueron v¨ªctimas de cualquier delito contra la libertad sexual que hubiera prescrito o as¨ª hubiese sido declarado por resoluci¨®n judicial tienen el derecho al esclarecimiento de la verdad y de las circunstancias de los hechos delictivos¡±. La iniciativa sigue a una sucesi¨®n de reacciones desde que se revel¨® la confesi¨®n de Pedrajas, quien abus¨® de menores en varios centros de la Compa?¨ªa de Jes¨²s en Bolivia. En menos de dos semanas, los acontecimientos se han precipitado en el pa¨ªs: la orden apart¨® cautelarmente a ocho de sus ex altos cargos por encubrimiento, la fiscal¨ªa general boliviana inici¨® una investigaci¨®n sobre el asunto y el procurador anunci¨® que pondr¨ªa en marcha una investigaci¨®n de todos los casos de abusos en la Iglesia de Bolivia.

¡°Esta noticia es lo que nos ha hecho ver que hab¨ªa que hacer algo. El Estado es tambi¨¦n responsable y debe velar por los ciudadanos¡±, ha afirmado a EL PA?S Wilfredo Ch¨¢vez, procurador general de Bolivia, perteneciente al partido MAS (Movimiento al Socialismo, liderado por Evo Morales). El anteproyecto de ley justifica la celeridad de la reforma penal ante ¡°la alta vulnerabilidad de las v¨ªctimas, quienes por distintas circunstancias se ven en la imposibilidad de obtener justicia¡±, especialmente, seg¨²n subraya el texto, si los delitos han prescrito y eso conduce a una revictimizaci¨®n. ¡°El hecho no se esclarece y hasta queda la sospecha sobre su acaecimiento, llegando incluso a culpabilizarse a la propia v¨ªctima¡±, consta en el anteproyecto.

Diario de un cura pederasta

Un jesuita espa?ol abus¨® de decenas de ni?os en Bolivia. Encubierto por la Iglesia, dej¨® escrito un ins¨®lito testimonio. Reconstruimos su historia de la mano de v¨ªctimas y allegados

En una entrevista a este peri¨®dico concedida hace una semana, el procurador general afirmaba que el caso de abusos de Pedrajas, tanto los delitos sexuales como el encubrimiento, no hab¨ªa prescrito, ya que estos concretamente ¡°se asimilan¡±, seg¨²n la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a un delito de tortura, y este ¡°es un delito de lesa humanidad que no prescribe¡±. Este argumento de la Corte Interamericana, subrayan fuentes judiciales bolivianas, estaba sujeto a la interpretaci¨®n de los jueces y ahora, con este anteproyecto de ley, los magistrados ¡°tendr¨¢n que aplicar la imprescriptibilidad a todos los casos de pederastia¡±.

Uno de los puntos m¨¢s contundentes del documento es ¡°el derecho al esclarecimiento de la verdad¡±. Por ello, las nuevas medidas proponen que, en el momento en el que una v¨ªctima ¡°decida ejercer su derecho a la verdad en la v¨ªa judicial¡±, el proceso podr¨¢ realizarse ¡°en ausencia del presunto autor¡±, es decir, si este ha muerto. Tambi¨¦n que, en el caso de que se demuestre la existencia del delito, la sentencia dispondr¨¢ ¡°las medidas de reparaci¨®n, resarcimiento y reivindicaci¨®n [el reconocimiento de la v¨ªctima como tal] que se estimen convenientes¡±. La duraci¨®n m¨¢xima del proceso ¡°no podr¨¢ ser superior a 12 meses¡±.

Del mismo modo, el Estado boliviano se compromete ¡°a otorgar en todo momento (antes, durante y despu¨¦s del hecho de violencia) servicios gratuitos e integrales de asistencia¡± a las v¨ªctimas, entre ellos, acompa?amiento, tratamiento psicol¨®gico y psiqui¨¢trico especializado y asistencia m¨¦dica.

La comisi¨®n realizar¨¢ un informe

El anteproyecto de ley tambi¨¦n puntualiza qui¨¦nes ser¨¢n las personas que integrar¨¢n la comisi¨®n de la verdad. Tendr¨¢ 11 miembros, todos son cargos p¨²blicos: el ministro de la Presidencia, el ministro de Justicia, el ministro de Gobierno, el presidente del Senado, el residente de la C¨¢mara de Diputados, el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Consejo de la Magistratura y el presidente del Tribunal Constitucional, el fiscal general, el procurador general y el defensor del pueblo. Entre los integrantes no hay especialistas independientes del ¨¢mbito de la psicolog¨ªa o sobre las agresiones sexuales a menores, ni tampoco miembros de asociaciones de v¨ªctimas. No obstante, la comisi¨®n puede ¡°elaborar y suscribir convenios con entidades t¨¦cnicas especializadas¡± para realizar los trabajos.

Las decisiones de la comisi¨®n, subraya el documento, ¡°tendr¨¢n car¨¢cter vinculante para todos los ¨®rganos del Estado¡±. Entre sus funciones est¨¢n la de reunir antecedentes que permitan identificar a las v¨ªctimas, convocar y recibir sus testimonios, tambi¨¦n de sus familiares, agresores o encubridores mediante entrevistas o audiencias. La comisi¨®n podr¨¢ solicitar informaci¨®n a entidades p¨²blicas o privadas y disponer medidas de reparaci¨®n, resarcimiento y reivindicaci¨®n a favor de la v¨ªctima, entre otras. Tambi¨¦n se cita que ¡°los servidores p¨²blicos y las personas particulares¡± tienen la obligaci¨®n de colaborar y facilitar el acceso a informaci¨®n y documentaci¨®n.

En este punto, la colaboraci¨®n de la Iglesia es clave, ya que en sus archivos se pueden encontrar procesos can¨®nicos que internamente se hayan realizado en el pasado, pero tambi¨¦n documentos que prueben el encubrimiento de estos delitos y de los traslados de los agresores con el objetivo de acallar las denuncias de las v¨ªctimas.

La comisi¨®n, adem¨¢s, realizar¨¢ un informe, aunque no se precisa la fecha de entrega, sobre el problema, especialmente en instituciones p¨²blicas y privadas. Este contendr¨¢ una memoria sobre el contexto social, econ¨®mico y cultural de las v¨ªctimas cuando ocurrieron los hechos, una relaci¨®n de los casos investigados y unas recomendaciones finales.

El informe se publicar¨¢ digitalmente y se presentar¨¢ en un acto p¨²blico, ¡°respetando el derecho a la reserva de la identidad de las v¨ªctimas¡±. El mismo, as¨ª como la documentaci¨®n f¨ªsica y digital que utilizar¨¢ la comisi¨®n durante su investigaci¨®n, ser¨¢ entregado a la Biblioteca y Archivo Hist¨®rico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con ¡°criterios de confidencialidad, conservaci¨®n y seguridad de todo el material¡±.