El Tribunal de Cuentas pide m¨¢s financiaci¨®n y medios para los Ayuntamientos en la lucha contra la violencia de g¨¦nero

El Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe sobre las actividades que llevan a cabo las administraciones en el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de g¨¦nero en el que considera necesaria una mayor financiaci¨®n y un mayor esfuerzo de los ayuntamientos, sobre todo en el medio rural, para llevar a cabo pol¨ªticas de prevenci¨®n. El informe concluye que las dotaciones presupuestarias previstas de 1.000 millones de euros se han aplicado y que la mayor parte de las medidas se ha implementado o est¨¢n en curso. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas advierte de que para mejorar la eficiencia en la asignaci¨®n de los fondos ser¨ªa necesario revisar el dise?o del pacto de Estado con el fin de garantizar una labor m¨¢s eficaz de las administraciones municipales, que solo han recibido un 10% por ciento del presupuesto disponible.

El informe subraya que la financiaci¨®n del Pacto de Estado ¡°ha consolidado los servicios de las comunidades aut¨®nomas y ha ampliado su cobertura a una tipolog¨ªa m¨¢s amplia, pero todav¨ªa no ha tenido la misma repercusi¨®n sobre los servicios de las entidades locales, existiendo un mayor margen de mejora en las de menor tama?o¡±. La fiscalizaci¨®n del Tribunal constata c¨®mo las comunidades aut¨®nomas reconocen que falta reforzar los servicios de atenci¨®n y prevenci¨®n en el ¨¢mbito rural debido a la falta de recursos.

El pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero se concret¨® en 290 medidas de tipo legislativo, de prevenci¨®n y protecci¨®n a las v¨ªctimas. Para su desarrollo se previ¨® una financiaci¨®n adicional de 1.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para el periodo 2018-2022, de los cuales 400 millones se destinaron a la administraci¨®n general del Estado, 500 millones a las comunidades aut¨®nomas y 100 millones a las entidades locales. Esta aportaci¨®n ha sido complementaria y adicional a los fondos espec¨ªficos anuales.

De acuerdo con el informe, las actuaciones de prevenci¨®n y protecci¨®n puestas en marcha a lo largo de estos 20 a?os ¡°est¨¢n contribuyendo a reducir la violencia de g¨¦nero, aunque el objetivo de erradicaci¨®n est¨¢ lejos de conseguirse¡±. En este sentido, la fiscalizaci¨®n ha constatado la fortaleza de los ¨®rganos y de los servicios de prevenci¨®n y de protecci¨®n de las v¨ªctimas que se crearon con la Ley Org¨¢nica 1/2004 sobre esta problem¨¢tica. Los redactores del texto destacan que la labor realizada ha permitido ¡°a pesar de la pandemia y de los cambios de gobierno, seguir implementado las medidas del pacto de Estado¡±.

El documento recoge, en este sentido, una serie de datos que demuestran c¨®mo se ha avanzado en los ¨²ltimos a?os en esta lucha, pero subraya que ¡°a pesar de todos estos esfuerzos, cada a?o se presentan unas 180.000 denuncias en los juzgados, m¨¢s de 700 mujeres deben estar especialmente protegidas y alrededor de 50 mueren v¨ªctimas de sus parejas o exparejas¡±. Sobre la tarea pendiente, el informe destaca como principales retos el de lograr ¡°una mayor sensibilizaci¨®n en el uso de internet y de las nuevas tecnolog¨ªas entre los j¨®venes, as¨ª como mejorar la coordinaci¨®n y colaboraci¨®n entre los servicios educativos de las distintas administraciones¡±.

Tambi¨¦n se recoge en el informe que ¡°el papel de la Delegaci¨®n del Gobierno contra la Violencia de G¨¦nero es relevante para desarrollar la estrategia estatal, coordinar a los poderes p¨²blicos y evaluar los resultados de la actuaci¨®n, pero necesita fortalecer los recursos de las unidades territoriales de violencia¡±. Por tanto, para contribuir a la mejora de la prevenci¨®n de la violencia machista, el informe establece una serie de recomendaciones, entre las que figuran reforzar a la Delegaci¨®n del Gobierno contra la Violencia de G¨¦nero, potenciar la eficiencia en la toma de decisiones de financiaci¨®n, la metodolog¨ªa presupuestaria y contable y la calidad de la evaluaci¨®n de los resultados, as¨ª como reforzar el modelo de colaboraci¨®n entre las distintas administraciones p¨²blicas.