La ONCE denuncia una nueva ley de Castilla y Le¨®n por beneficiar al sector privado del juego

El comit¨¦ de entidades de representantes de personas con discapacidad (Cermi) en Castilla Le¨®n y la ONCE han denunciado que la Ley del Juego que ultima la Junta choca con la normativa nacional. La legislaci¨®n, pendiente de una ¨²ltima comisi¨®n parlamentaria antes de saltar a las Cortes auton¨®micas rumbo a su aprobaci¨®n, incluye un ap¨¦ndice donde faculta al Gobierno regional para controlar d¨®nde se instalan las terminales de juego p¨²blico, como los cupones y la venta de loter¨ªa, y las privadas, como salones de apuestas o m¨¢quinas tragaperras. La Ley nacional del Juego establece la competencia estatal sobre la cuesti¨®n y una sentencia del Tribunal Supremo sienta jurisprudencia sobre que ¡°las loter¨ªas de ¨¢mbito nacional quedan excluidas del r¨¦gimen autorizatorio que corresponde a la comunidad aut¨®noma¡±. El Cermi y la ONCE temen que favorecer al sector privado o bloquear al juego p¨²blico reduzca las asignaciones obtenidas de este que gestiona la segunda entidad.

La actualizaci¨®n de la vigente legislaci¨®n de Castilla y Le¨®n sobre la materia lleva cuaj¨¢ndose un a?o, periodo largo para procesos como este. El Cermi ha insistido durante estos meses sobre la impertinencia de incluir cl¨¢usulas que equiparen al sector del juego p¨²blico con el privado. Por un lado esgrimen que puede perjudicar a las acciones solidarias derivadas de entidades como la ONCE, quien podr¨ªa perder beneficios si se ejecutan estas medidas. Por otro argumentan cuestiones jur¨ªdicas, pues existe jurisprudencia a ra¨ªz de iniciativas sobre otras regiones, como Andaluc¨ªa, que pretendieron algo similar pero el Tribunal Supremo se lo impidi¨® porque colisionaba con la normativa nacional, que prima sobre las auton¨®micas. El Supremo sentenci¨® el 27 de octubre de 2015 que ¡°las actividades reservadas, esto es las loter¨ªas de ¨¢mbito nacional [...], quedan excluidas del r¨¦gimen autorizatorio que corresponde a la comunidad aut¨®noma [¡­], por expreso deseo del legislador estatal, que se ci?e a la autorizaci¨®n de instalaci¨®n de equipos correspondientes a actividades no reservadas¡±. Un informe de la Abogac¨ªa del Estado de 2017 se?ala asimismo que ¡°la apertura de locales comerciales o la instalaci¨®n de equipos inform¨¢ticos en cualesquiera establecimientos cuando permitan la comercializaci¨®n de juegos de loter¨ªa no est¨¢ sujeta a autorizaci¨®n auton¨®mica alguna¡±.

Los reclamantes piden que la normativa no implique que la Junta, a trav¨¦s de la consejer¨ªa de Presidencia como encargada de los juegos de azar, sea quien otorgue los ¡°t¨ªtulos habilitantes auton¨®micos¡± ni para instalar los terminales de la ONCE. Portavoces de Presidencia declinan pronunciarse: ¡°No tenemos nada que decir sobre este tema¡±. El Cermi ofreci¨® este mi¨¦rcoles una rueda de prensa junto al responsable de la ONCE en el territorio, Ismael P¨¦rez, quien ha criticado que la norma ¡°no distingue entre el juego p¨²blico social, seguro y responsable comercializado por la ONCE del juego desarrollado por operadores privados como casas de apuestas, casinos o m¨¢quinas tragaperras¡±. Alejandro Landaluce, director general de Cejuego, patronal del juego privado, describe condiciones ventajosas para su competencia p¨²blica y reprocha la diversidad de puntos, algunos compartidos por adultos y ni?os, donde se puede acceder a sus cupones o boletos: ¡°Las comunidades, que tienen la competencia sobre el juego, deben autorizar y planificar qu¨¦ oferta de juego quieren, y no creemos sea cuesti¨®n de prohibir o de asimilar, sino de cumplir con sus competencias y responsabilidades ante los ciudadanos¡±.

Yolanda Sacrist¨¢n, del PSOE, lamenta que se hayan rechazado las enmiendas presentadas por su partido: ¡°Las han tumbado sin fundamentaci¨®n alguna, la respuesta es que no¡±. Sacrist¨¢n destaca dos de ellas, pues aluden a que seg¨²n ¡°la competencia exclusiva del Estado¡±, el proyecto ¡°deber¨ªa quedar excluido por seguridad jur¨ªdica y ser respetuosos con la ley 13/2011 de 27 de mayo¡±. Fuentes participantes del proceso legislativo de esta normativa admiten que un aspecto debatido al respecto son las dificultades para su encaje con la ley estatal.

Tribunal Constitucional

Fuentes pr¨®ximas al Cermi, que solicitan anonimato, explican que durante este a?o de tr¨¢mites legales y negociaciones parlamentarias han insistido al PP de Castilla y Le¨®n y a su presidente, Alfonso Fern¨¢ndez Ma?ueco, sobre el perjuicio que consideran asociado al proyecto: ¡°Nos han dado largas, han tenido un inmovilismo absoluto¡±. Las mismas fuentes consideran que las empresas privadas de apuestas o azar ¡°presionan mucho¡±, pero insisten en que la jurisprudencia sobre el caso les hace pensar que el Tribunal Constitucional anular¨¢ esta normativa por su incompatibilidad sobre la nacional: ¡°No quieren quedar mal con el sector privado, ellos sabr¨¢n por qu¨¦¡±.

En su opini¨®n, las empresas privadas de juego resultan atractivas para las comunidades aut¨®nomas, porque pagan unos impuestos que reciben directamente las administraciones regionales, mientras que la ONCE y entidades similares tributan a escala nacional, sin pagar c¨¢nones como los operadores privados.