Falta personal en las residencias: La Rioja suspende las multas a los centros que incumplan la ratio de trabajadores

Ante las dificultades para encontrar personal, no se puede multar a las residencias y centros de d¨ªa de mayores que no cumplan con las exigencias de trabajadores que constan en los contratos. Este es el razonamiento del Gobierno de La Rioja, del Partido Popular, que ha suprimido las penalizaciones a las compa?¨ªas que justifiquen que han tratado, sin ¨¦xito, de cubrir los puestos. Asegura que se trata de una medida ¡°excepcional, temporal y controlada¡±, aunque no especifica cu¨¢ndo expirar¨¢. La oposici¨®n y los sindicatos se han llevado las manos a la cabeza, estos ¨²ltimos piden acabar con la precariedad laboral y alertan de que abre la puerta a que las empresas dejen de contratar personal y merme as¨ª la calidad en la atenci¨®n. Las compa?¨ªas del sector piden m¨¢s financiaci¨®n a las administraciones y afirman que llevan a?os alertando del problema. Ninguna otra autonom¨ªa ha adoptado por el momento esta medida, aunque el Ejecutivo c¨¢ntabro, tambi¨¦n del PP, informa de que est¨¢ trabajando en una resoluci¨®n en la misma l¨ªnea.

Publicada la resoluci¨®n, iniciadas las movilizaciones. Esta semana, tanto UGT como CC OO han convocado protestas en Logro?o contra lo que han calificado como la ¡°amnist¨ªa del PP¡± a estos centros. El Bolet¨ªn Oficial de La Rioja del 26 de enero daba los detalles: se exime de penalidades (como se denomina a este tipo de penalizaci¨®n) a las empresas que incumplan la ratio de trabajadores que se establece en los contratos con la Administraci¨®n y que justifiquen sus intentos ¡°infructuosos¡± para incorporar a profesionales en las ofertas de empleo ¡°en diversos canales¡±. La Consejer¨ªa de Salud y Pol¨ªticas Sociales justifica la medida ante el ¡°d¨¦ficit y carencias de personal¡±, que se han ¡°incrementado progresivamente¡± tras la pandemia. Faltan trabajadores, especialmente sanitarios (m¨¦dicos y enfermeras), pero tambi¨¦n personal de atenci¨®n directa (gerocultores), fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, seg¨²n la resoluci¨®n.

El PSOE e Izquierda Unida en La Rioja piden la revocaci¨®n ¡°inmediata¡± de la resoluci¨®n. Los socialistas han anunciado que llevar¨¢n el asunto al Defensor del Pueblo y estudian acudir a la Fiscal¨ªa. UGT y CC OO han presentado sendos recursos contra la resoluci¨®n y aseguran que la jurisprudencia les respalda, dado que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha emitido cinco sentencias entre 2015 y 2023 en las que rechaza la suspensi¨®n de penalidades que solicitaban las empresas, aduciendo lo complejo que resulta lograr empleados. ¡°La dificultad objetiva de contrataci¨®n no constituye una causa de exoneraci¨®n¡±, se recoge en los fallos, seg¨²n explican los sindicatos. ¡°No puede ser considerada como un supuesto de fuerza mayor, una vez finalizado el estado de alarma¡±, se puede leer en otra sentencia.

Seg¨²n los sindicatos riojanos, en esta comunidad la medida solo tiene precedentes en 2021, cuando tambi¨¦n se adopt¨® esta decisi¨®n en mitad de la pandemia, y ante la virulencia de la emergencia sanitaria, especialmente en los centros para mayores. Ignacio Fern¨¢ndez-Cid, presidente de la Federaci¨®n Empresarial de la Dependencia, una de las patronales del sector, defiende que la iniciativa de La Rioja es ¡°consecuente con la realidad actual¡±. ¡°Llevamos a?os diciendo que se est¨¢n exigiendo cosas que no podemos cumplir, todas las empresas est¨¢n solicitando al servicio de empleo de las comunidades determinados perfiles profesionales. Si la sanidad p¨²blica tiene problemas para encontrarlos, qu¨¦ no tendremos nosotros¡±, a?ade.

Los sindicatos apuntan a la precariedad laboral. Alrededor de medio mill¨®n de personas est¨¢ empleada en el sistema de la dependencia en Espa?a, seg¨²n CC OO. La OCDE se?al¨® en un informe el a?o pasado que muchos pa¨ªses tienen dificultades para contratar a trabajadores de larga duraci¨®n y que, dado el envejecimiento de la poblaci¨®n, la demanda aumentar¨¢ r¨¢pido. El estudio constataba la alta temporalidad y los bajos salarios. Esperanza Artirio es auxiliar de enfermer¨ªa con 19 a?os de experiencia. Trabaja de gerocultora en La Rioja. En 2020 cobraba un salario base mensual de 1.007 euros y ahora es de 1.134. ¡°Ni siquiera cobramos un plus por los festivos, y los domingos [los cobramos] a raz¨®n de 18 euros adicionales, en caso de trabajar. Eso en bruto. Es irrisorio¡±, dijo a la Cadena SER. ¡°Se trata de cuidar a las personas, incluso en malas condiciones, lo mejor posible¡±, a?adi¨®.

Fern¨¢ndez-Cid, de la patronal FED, asegura que no es solo una cuesti¨®n de condiciones laborales, tambi¨¦n de prestigio profesional. Y reclama que las administraciones aumenten la financiaci¨®n, para poder mejorar los salarios. Reclama adem¨¢s otras medidas, como una coordinaci¨®n sociosanitaria, as¨ª como m¨¢s plazas universitarias para m¨¦dicos y enfermeras. ¡°Y procesos de homologaci¨®n [de t¨ªtulos] ¨¢giles, que no los tenemos¡±. ¡°Lo que no podemos hacer es no hacer nada, porque se va haciendo un problema end¨¦mico y estructural¡±, dice.

Archivo de expedientes

El presidente de esta patronal explica que hay autonom¨ªas en las que se tiene en cuenta, ¡°a la hora de valorar la gravedad del incumplimiento [de la ratio]¡±, si la empresa ha justificado que est¨¢ en b¨²squeda muy activa de profesionales, pero asegura que no son todas, ni est¨¢ aprobado en una resoluci¨®n, como en La Rioja. Algo que confirman en la Consejer¨ªa de Pol¨ªticas Sociales de Cantabria: ahora mismo, si se abre un expediente sancionador pero la empresa acredita mediante un certificado que ha intentado contratar personal y no lo ha conseguido porque no hab¨ªa nadie disponible en el servicio p¨²blico de empleo, se archiva.

Pese a la decisi¨®n adoptada, el presidente riojano, Gonzalo Capell¨¢n, asegur¨® en el Parlamento que ¡°todas las residencias¡± de la regi¨®n ¡°cumplen con los criterios y las ratios sobre el personal¡±. En Pol¨ªticas Sociales afirman que la medida afecta a las plazas de financiaci¨®n p¨²blica (muchas de las cuales son concertadas en un sector en el que el sector privado tiene un fuerte peso), es decir, las que tienen ¡°contratos con la Administraci¨®n¡± [2.001 plazas p¨²blicas y concertadas sobre un total de 3.917]. Seg¨²n la consejer¨ªa, estos recogen exigencias ¡°muy por encima¡± de la normativa riojana, que tiene ya 25 a?os. Y ¡°hab¨ªa una penalidad muy gravosa que, sumada a la inflaci¨®n, ¡°estaba poniendo en grave riesgo al sector y al sistema sociosanitario en general¡±. Seg¨²n explican, una sola entidad tuvo sanciones por m¨¢s de 250.000 euros entre 2021 y 2023.

En 2023 se registraron en esta autonom¨ªa 11 expedientes sancionadores por un importe total de 490.000 euros por cualquier causa, no solo falta de personal (350.000 de ellos, a residencias de mayores y 140.000 a centros de d¨ªa). Esta cifra se desconoce a nivel nacional, porque las competencias son auton¨®micas y el resultado de las inspecciones no es p¨²blico. Pero, por poner en contexto, 1.133 residencias para mayores recibieron una multa entre 2014 y 2020, seg¨²n datos a los que accedi¨® EL PA?S, y un cuarto de las penalizaciones se debi¨® a falta de personal.

Un ¡°disparate¡±

Los sindicatos est¨¢n muy preocupados. Carmen Mart¨ªnez, secretaria de la Federaci¨®n de Servicios Sociosanitarios de CC OO en La Rioja, considera que la medida ¡°har¨¢ que las empresas dejen de contratar y se ahorrar¨¢n el pago de las multas¡±. Fernando Dom¨ªnguez, secretario de UGT Servicios P¨²blicos en esta comunidad, critica adem¨¢s que ¡°no va a solucionar el problema en las residencias y los centros de d¨ªa¡±.

Las condiciones de trabajo del sector llevan tiempo encima de la mesa, especialmente a ra¨ªz de la pandemia. Ya en la legislatura pasada el Gobierno plante¨® que, con el aumento de financiaci¨®n del sistema de dependencia, quer¨ªa que se mejoraran las condiciones. La aportaci¨®n de la Administraci¨®n General del Estado pas¨® ¡°de 1.400 millones de euros en 2020 a 3.200 en 2023¡å, seg¨²n record¨® hace un par de semanas el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), quien se comprometi¨® a que, a lo largo de la legislatura, se llegue a aportar el 50% de lo que cuesta el sistema y que el otro 50% corra a cargo de las autonom¨ªas (que actualmente sufragan el mayor peso del coste). El ministro defendi¨® tambi¨¦n que debe mejorarse la situaci¨®n de las cuidadoras, que ¡°con demasiada frecuencia trabaja en condiciones precarias¡±.

Carlos Bravo, secretario de Pol¨ªticas P¨²blicas y Protecci¨®n Social de CC OO, califica de ¡°disparate¡± la resoluci¨®n de La Rioja. La realidad, afirma, no es que no haya personal: ¡°No hay condiciones de trabajo atractivas para que la gente quiera estos empleos¡±. Reclama ¡°calidad¡±, algo que ¡°requiere de cualificaci¨®n y de mejora de las condiciones salariales y de trabajo¡±. Para lo cual considera imprescindible que el aumento prometido de la financiaci¨®n de la dependencia vaya ligado, por un lado, al cambio de modelo de cuidados (las comunidades aut¨®nomas y Derechos Sociales aprobaron en la legislatura pasada un acuerdo que fija las condiciones m¨ªnimas que ha de exigirse a los servicios de la dependencia), y por otro, a reducir las listas de espera y mejorar las ratios y condiciones laborales.

En ello est¨¢n de acuerdo todos los consultados. Hace falta dinero. Andr¨¦s Rueda, portavoz de la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, es contundente: ¡°No podemos ser c¨®mplices de que se amnist¨ªen sanciones¡±. Pero critica que no se hayan tomado medidas eficaces para combatir el problema, y pone varios ejemplos: ni se ha aumentado lo suficiente la financiaci¨®n del coste de la plaza ni hay planes para traer trabajadores de otros pa¨ªses, como hay en Finlandia, Suecia o Alemania.

En el sector se estima que, de media, el coste de una plaza no llega en Espa?a a los 70 euros al d¨ªa. Joseba Zalakain, director del Centro de Documentaci¨®n y Estudios SiiS, recuerda que Espa?a sigue ¡°muy lejos¡± de lo que gastan otros pa¨ªses en cuidados de larga duraci¨®n.

Muchas familias, mientras, ponen el grito en el cielo cuando escuchan hablar de la medida en La Rioja. ¡°Es inmoral y escandaloso¡±, resume Miguel V¨¢zquez, portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, que agrupa a organizaciones de 11 comunidades. ¡°Gran parte de las quejas tienen que ver con la falta de personal. Est¨¢n abriendo la puerta a que las empresas sigan obteniendo beneficios a costa de la atenci¨®n de los mayores y a que sigan teniendo menos personal¡±.