Pablo Bustinduy: ¡°Espa?a debe acabar con la anomal¨ªa de no tener una prestaci¨®n universal por crianza¡±

El profesor universitario Pablo Bustinduy (Madrid, 40 a?os) se estrena en esta legislatura como nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Atiende a EL PA?S en su despacho en una jornada intensa, el martes, justo despu¨¦s de presentar dos leyes ante el Consejo de Ministros, la de atenci¨®n a la clientela y la de familias, ambas heredadas de la legislatura pasada. ...

El profesor universitario Pablo Bustinduy (Madrid, 40 a?os) se estrena en esta legislatura como nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Atiende a EL PA?S en su despacho en una jornada intensa, el martes, justo despu¨¦s de presentar dos leyes ante el Consejo de Ministros, la de atenci¨®n a la clientela y la de familias, ambas heredadas de la legislatura pasada. La primera se qued¨® a las puertas de ser aprobada y el ministro destaca que ¡°acorta a la mitad los plazos de los que disponen las empresas para resolver las reclamaciones (de un mes a 15 d¨ªas) y establece el objetivo ambicioso de que cualquier reclamaci¨®n telef¨®nica sea atendida en menos de tres minutos¡±. En cuanto a la segunda, en la que a¨²n se introducir¨¢n mejoras en el Congreso, afirma: ¡°Me atrever¨ªa a pensar que pr¨¢cticamente todas las familias van a verse de una forma o de otra recogidas en este marco de pol¨ªticas p¨²blicas¡±.

Pregunta. Ha dicho que quiere ampliar los permisos de maternidad y paternidad, que se retribuyan los permisos parentales de cuidados y mejorar la prestaci¨®n por crianza. ?C¨®mo va la negociaci¨®n?

Respuesta. La negociaci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado est¨¢ en curso y hay que guardar discreci¨®n. Pero s¨ª quiero reiterar que en el acuerdo de gobierno figura esa extensi¨®n a 20 semanas del permiso por nacimiento y la retribuci¨®n gradual de los permisos parentales hasta alcanzar al menos cuatro de las ocho semanas. Hay dos v¨ªas abiertas. Una es la negociaci¨®n de los Presupuestos; por el impacto presupuestario, es evidente que esa negociaci¨®n es muy importante, tambi¨¦n para la extensi¨®n hasta los seis a?os de la ayuda de prestaci¨®n a la crianza, que no est¨¢ en el acuerdo de gobierno, pero que es una de las medidas que hemos puesto sobre la mesa. Y la otra v¨ªa ser¨¢ la tramitaci¨®n parlamentaria de la ley de familias, que ser¨ªa una buena pista de aterrizaje para algunos de estos desarrollos.

P. En la legislatura anterior no se consigui¨® acordar una prestaci¨®n universal por crianza. ?La vamos a ver esta legislatura?

R. La prestaci¨®n universal no est¨¢ en el acuerdo de gobierno. En cada una de mis intervenciones hago hincapi¨¦ en que Espa?a debe adoptar una prestaci¨®n universal y acabar con la anomal¨ªa que supone que la cuarta econom¨ªa de la zona euro, un pa¨ªs rico con una democracia avanzada, no disponga de una prestaci¨®n de este tipo. Los datos de pobreza infantil inciden en la parte m¨¢s acuciante del problema. Pero no se trata solo de paliar la pobreza infantil. Se trata de que los poderes p¨²blicos, de que la democracia acompa?e a las familias en las labores de crianza. ?Por qu¨¦? Porque en ausencia de esas prestaciones son las familias quienes deben asumir unas responsabilidades en un contexto extraordinariamente dif¨ªcil. Son espec¨ªficamente las mujeres quienes deben hacerlo. Y esas dificultades de conciliaci¨®n, esas dificultades econ¨®micas, son un impedimento a la libertad. Hemos logrado una cobertura casi universal entre los cero y los tres a?os, vamos a pelear la extensi¨®n hasta los seis a?os, ser¨ªa un primer paso insuficiente, pero de mucho calado para ir paliando ese d¨¦ficit.

P. La Autoridad Fiscal (Airef) cifra en el 76% las familias que, pudiendo percibir el complemento de infancia del ingreso m¨ªnimo vital, no lo solicitan. ?C¨®mo se combaten estas cifras?

R. Varios estudios inciden en una fase necesaria: la de evaluaci¨®n del desarrollo y despliegue del ingreso m¨ªnimo vital, que supuso un hito en la pol¨ªtica social en Espa?a. Pero es evidente que su potencial es mucho mayor y que ha supuesto una cantidad de dificultades y complejidades, sobre todo burocr¨¢ticas, pero en algunos elementos tambi¨¦n vinculados a su dise?o, que ser¨ªan f¨¢cilmente mejorables. Debe actualizarse para que llegue con m¨¢s celeridad, para que sirva para poder atajar las situaciones de pobreza sobrevenida y para que esa prestaci¨®n cumpla con el prop¨®sito con el que naci¨®, que es suponer un antes y un despu¨¦s para la capacidad de las pol¨ªticas p¨²blicas de atajar las situaciones de pobreza en nuestro pa¨ªs, inaceptablemente altas.

P. El ministerio se ha propuesto llegar al 50% de financiaci¨®n del gasto en dependencia al final de la legislatura. ?Qu¨¦ objetivos se marca en este ¨¢mbito?

R. El objetivo de continuar con la senda de aumento hist¨®rico del gasto en dependencia de la legislatura pasada, en la que la Administraci¨®n General del Estado aument¨® en un 130% su contribuci¨®n a las pol¨ªticas de dependencia, es un compromiso firme de este Gobierno. Vamos a mantener ese ritmo de incremento e incluso a multiplicarlo para alcanzar al final de la legislatura ese objetivo del 50% [a cargo del Ejecutivo]-50% [a cargo de las comunidades aut¨®nomas]. Esto va aparejado a una estrategia de transformaci¨®n del modelo de cuidados que tiene que suponer una revoluci¨®n en la manera en la que concebimos la dependencia en Espa?a. Una pata fundamental de esta estrategia tendr¨¢ que ver con la aprobaci¨®n de la estrategia de desinstitucionalizaci¨®n, que va a intentar establecer el marco de ese cambio en el modelo de dependencia.

?En qu¨¦ consiste? Pues en un principio muy b¨¢sico, pero que es de sentido com¨²n y que es un consenso transversal en la sociedad espa?ola: que las personas deben poder permanecer en su domicilio todo el tiempo que deseen y que, por tanto, la atenci¨®n por parte de los poderes p¨²blicos debe darse en torno a las necesidades de la persona en su entorno sociocomunitario. Esto quiere decir potenciar la teleasistencia, la ayuda a domicilio, establecer un ecosistema de pr¨¢cticas que permita no seguir construyendo grandes macrorresidencias, sino generar el entorno en el que las personas puedan permanecer en su domicilio y con la mayor calidad de vida posible durante todo el tiempo que deseen.

P. ?C¨®mo se asegurar¨¢n de que las comunidades no aprovechen este aumento de la financiaci¨®n para poner menos dinero?

R. La financiaci¨®n va vinculada a esos objetivos y en ning¨²n caso el aumento de la contribuci¨®n por parte de la Administraci¨®n General del Estado es compatible con que las comunidades detraigan fondos. As¨ª se estableci¨® en la legislatura pasada. La contribuci¨®n del Gobierno central ir¨¢ vinculada al mantenimiento de los niveles de inversi¨®n de las comunidades, as¨ª como a la orientaci¨®n de estos nuevos recursos hacia la transformaci¨®n del modelo de cuidados.

P. Se tarda una media de 327 d¨ªas en resolver las prestaciones de dependencia, y el acuerdo de gobierno prev¨¦ reducirlo a 30 d¨ªas. ?C¨®mo?

R. Las listas de espera tambi¨¦n se redujeron sustantivamente en la legislatura pasada. Lo que no es sorprendente, porque va vinculado a la disponibilidad de recursos y a los niveles de financiaci¨®n. Estas listas de espera son una herencia de las pol¨ªticas de austeridad y de los recortes en materia de pol¨ªtica social y de dependencia de los gobiernos del PP. Hubo una reducci¨®n sustancial de las listas de espera generalizada, pero estos niveles todav¨ªa no son aceptables. Espero que el incremento de la financiaci¨®n y la reorientaci¨®n de las pol¨ªticas p¨²blicas tambi¨¦n sirvan para que podamos acabar consiguiendo esos objetivos. En la transici¨®n del modelo de cuidados, quiero enfatizar la palabra transici¨®n. Es evidente que no se puede decretar de un d¨ªa para otro y que mover el aparato de las pol¨ªticas p¨²blicas en una direcci¨®n que adem¨¢s es innovadora y ambiciosa requiere de un esfuerzo sostenido en el tiempo y de una cooperaci¨®n entre todas las administraciones p¨²blicas. Pero creo que el camino est¨¢ marcado y que va en la direcci¨®n correcta. Hay que reducir las listas de espera y agilizar la carga burocr¨¢tica que enfrentan los ciudadanos y las ciudadanas cuando solicitan este tipo de prestaciones.

P. ?C¨®mo est¨¢ siendo el trabajo del ministerio para comprobar que las comunidades aplican el acuerdo que fija un nuevo modelo de residencias y otros servicios de dependencia?

R. Quiero poner en valor el inmenso esfuerzo que se hizo para generar consensos en las comunidades aut¨®nomas, porque la transformaci¨®n del modelo de cuidados solo ser¨¢ posible si parte de un acuerdo de pa¨ªs, que tiene que ser necesariamente transversal, pol¨ªtica e ideol¨®gicamente. Creo que hay elementos suficientes para confiar en que esto sea as¨ª. Para el pa¨ªs supone un reto el cambio demogr¨¢fico en el que estamos inmersos, la evoluci¨®n que se prev¨¦ no solo en Espa?a, sino en todo Europa, pues cada vez vivimos m¨¢s a?os, vivimos en familias m¨¢s peque?as, las necesidades de cuidados aumentan y esto requiere de estrategias a medio y largo plazo que todos los actores pol¨ªticos, independientemente de su orientaci¨®n ideol¨®gica, reconocen como comunes. Es verdad que cost¨® conseguir el acuerdo de acreditaci¨®n, pero al final, solo tres comunidades aut¨®nomas se quedaron fuera de ¨¦l e incluso alguna de ellas est¨¢ evolucionando en una direcci¨®n que camina hacia all¨¢. ?C¨®mo se puede verificar su cumplimiento? Hay financiaci¨®n vinculada a la orientaci¨®n de las intervenciones de pol¨ªticas p¨²blicas en el sentido que marcan esos acuerdos. Pero repito, la parte importante aqu¨ª es la din¨¢mica de cooperaci¨®n, es que la definici¨®n de los objetivos sea com¨²n. Creo que es la ¨²nica manera de que nos aseguremos no solo que se van cumpliendo objetivos en el corto plazo, sino que esa transformaci¨®n de las pol¨ªticas p¨²blicas se haga irreversible, es decir, que no dependa de la coyuntura pol¨ªtica inmediata, que no dependa de un cambio de Gobierno, como ha sucedido en el pasado.

P. Consumo ha perdido un ministerio espec¨ªfico, ?ya no es importante?

R. La construcci¨®n de este ministerio se basa en una convicci¨®n firme de que los derechos de las personas consumidoras, especialmente las vulnerables, y el desarrollo de un modelo de consumo sostenible entran dentro del marco de los derechos sociales.

P. ?Por qu¨¦ la ley de atenci¨®n a la clientela no incluye una compensaci¨®n si las empresas no responden a tiempo?

R. La ley es bastante ambiciosa: es de aplicaci¨®n horizontal a todos los sectores de la actividad econ¨®mica e incorpora un sistema de auditor¨ªas con un r¨¦gimen sancionador. Soy consciente de algunas organizaciones querr¨ªan incluir este derecho de compensaci¨®n, pero para ello hay que encontrar mayor¨ªas parlamentarias suficientes.

P. ?Qu¨¦ ocurrir¨¢ si en esas auditor¨ªas sale que los clientes no est¨¢n contentos?

R. Las administraciones p¨²blicas pueden actuar sobre la base de esos informes de auditor¨ªa anuales y se prev¨¦ un r¨¦gimen sancionador con multas que pueden ir hasta los 100.000 euros para las infracciones m¨¢s graves.

P. ?C¨®mo se va a garantizar que las empresas atiendan correctamente a estos consumidores vulnerables?

R. La ley establece la necesidad de desarrollar sistemas de prestaci¨®n de atenci¨®n personalizada, teniendo en cuenta factores como la edad, como la situaci¨®n administrativa o como que la persona que interponga una reclamaci¨®n sea una persona con discapacidad o mayor.

P. ?Sancionar¨¢ a los influencers que realizan publicidad encubierta?

R. Este ministerio no tendr¨¢ reparos en utilizar sus capacidades para sancionar pr¨¢cticas fraudulentas y para proteger los derechos de las personas consumidoras, especialmente de las m¨¢s vulnerables. En el caso de los influencers, la publicidad encubierta es una pr¨¢ctica que afecta especialmente a ni?os y ni?as.

P. ?Va a retomar el decreto para regular la publicidad de alimentos insanos para ni?os?

R. Vamos a plantear esa iniciativa como una prioridad. Es evidente que las pr¨¢cticas publicitarias dirigidas al p¨²blico infantil de alimentos poco saludables inciden en la formaci¨®n de los malos h¨¢bitos alimentarios. Es obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos proteger a los ni?os en un momento cr¨ªtico para el desarrollo de sus h¨¢bitos saludables. Vamos a partir de escuchar lo que tienen que decir los expertos y las organizaciones de defensa de la infancia desde la sociedad civil. Y a partir de ah¨ª nos encargaremos de su traslaci¨®n pol¨ªtica.