Luc¨ªa Avil¨¦s, jueza especializada en violencia de g¨¦nero: ¡°Es un reto que las v¨ªctimas se sientan cre¨ªdas¡±

Luc¨ªa Avil¨¦s (Madrid, 1978) lanza en su descripci¨®n en X una declaraci¨®n de intenciones: ¡°La empat¨ªa es la m¨¢s radical de las emociones (G. Esteinem)¡±. Como jueza especializada en violencia de g¨¦nero insta a humanizar el trato que se da a las denunciantes por estos delitos en los tribunales. ¡°Existe un componente que no est¨¢ en otros tipos delictivos como la vinculaci¨®n emocional con el agresor, y esto requiere una especial profesionalidad, m¨¢s pedagog¨ªa y el uso de herramientas que les haga un poco m¨¢s f¨¢cil lo que de por s¨ª es dif¨ªcil¡±, afirma la vocal del renovado Consejo General del Poder Judicial en su despacho de Madrid. En este 2024, en el que se cumplen 20 a?os de la ley contra la violencia de g¨¦nero en Espa?a, 10 de la entrada en vigor del Convenio de Estambul y 25 del D¨ªa Internacional para la Eliminaci¨®n de la Violencia contra la Mujer, ve positivo lo ya conseguido, pero queda. Avil¨¦s, que tambi¨¦n es fundadora de la Asociaci¨®n de Mujeres Juezas, ha pedido en una iniciativa judicial la tipificaci¨®n en el C¨®digo Penal de la violencia econ¨®mica como modalidad de la de g¨¦nero.

Pregunta. ?Cu¨¢l es el principal ¨¦xito de estos 20 a?os?

Respuesta. Es un logro que la sociedad espa?ola haya tenido la madurez para definir, etiquetar y regular este fen¨®meno delictivo. Part¨ªamos del desconocimiento y el principio de debida diligencia implica la exigencia reforzada tanto en la prevenci¨®n como en la investigaci¨®n, la sanci¨®n y la reparaci¨®n. Y en concreto del ¨¢mbito penal, destacar¨ªa la creaci¨®n de los juzgados de violencia sobre la mujer, la especializaci¨®n de los titulares y el sistema de garant¨ªas de protecci¨®n de derechos. Y lo m¨¢s importante, se salvan vidas.

P. ?Qu¨¦ queda rezagado o considera relevante priorizar?

R. Lo que afecta a la protecci¨®n de ni?as y de ni?os. El legislador va entendiendo que la maternidad supone un riesgo objetivo y que los menores son v¨ªctimas de la violencia de g¨¦nero. Tambi¨¦n queda entender que no solo es aquella que se ejerce contra nosotras en el ¨¢mbito familiar o dom¨¦stico, sino que tambi¨¦n es la que se ejerce por el mero hecho de ser mujeres y que nos afecta desproporcionalmente. Adem¨¢s, habr¨ªa que incluir otras formas de violencia que se prev¨¦n en el contexto internacional como la econ¨®mica, la obst¨¦trica, la digital o la trata. Y tambi¨¦n crear¨ªa m¨¢s juzgados de violencia sobre la mujer, m¨¢s juzgados penales especializados, secciones especializadas en las audiencias provinciales, un mejor control telem¨¢tico y un refuerzo de los sistemas de detecci¨®n y valoraci¨®n de riesgo. Tambi¨¦n hay una asignatura pendiente con la reparaci¨®n a las v¨ªctimas.

P. ?Y en lo que afecta a los profesionales de Justicia?

R. Seguir con cursos de formaci¨®n adecuada, obligatoria, transversal y actualizable. No solo para juezas y jueces, sino para todos los que tenemos un contacto directo o indirecto con las v¨ªctimas.

P. Consta que hay v¨ªctimas que perciben violencia institucional.

R. Son muchas las ocasiones en las que se escucha a las v¨ªctimas decir ¡®no me he sentido cre¨ªda¡¯ y es un reto importante para la Justicia que las v¨ªctimas se sientan cre¨ªdas. La Justicia cree a las v¨ªctimas, lo que sucede es que en determinadas ocasiones hay una quiebra del sistema penal y se producen sentencias absolutorias o archivos o sobreseimientos. Esto no quiere decir que no las creamos, sino que hay unas reglas procesales que hay que cumplir. No solo se respetan los derechos de las v¨ªctimas, tambi¨¦n hay que garantizar los derechos del denunciado, entre ellos, el principio de presunci¨®n de inocencia. Dicho esto, para corregir determinadas deficiencias que pudieran desembocar en lo que ha venido a denominarse como violencia institucional es un soporte b¨¢sico la formaci¨®n en violencia de g¨¦nero de los operadores jur¨ªdicos.

P. En casos como el de ??igo Errej¨®n, ?qu¨¦ herramientas tienen para analizar una denuncia as¨ª por violencia sexual?

R. Est¨¢ la toma de declaraciones a la v¨ªctima, a la persona denunciada y a los testigos, que pueden ser directos o de referencia. Se puede obtener informaci¨®n del volcado de tel¨¦fonos y ordenadores, y tambi¨¦n de valoraciones periciales, donde se mide el impacto psicol¨®gico de la situaci¨®n traum¨¢tica.

P. La violencia psicol¨®gica deja secuelas terribles y precede a la f¨ªsica y al asesinato. ?Por qu¨¦ no siempre se piden peritajes?

R. Hay herramientas que tenemos que seguir explorando y empleando, por ejemplo, ha ido aumentando el uso del protocolo forense de valoraci¨®n urgente de riesgo que da una fotograf¨ªa fija de c¨®mo se encuentran los componentes del n¨²cleo familiar. Tambi¨¦n el da?o social es objeto de informes, donde se pone de manifiesto como podr¨ªa haber sido la vida de la v¨ªctima de no haber estado sometida a una situaci¨®n de maltrato.

P. ?En este caso la violencia econ¨®mica es clave?

R. Totalmente. Partimos de la base de que en nuestro C¨®digo Penal solo se regula el impago de pensiones. Con las investigaciones que hemos realizado, sabemos que este impago puede ser una manifestaci¨®n de violencia econ¨®mica de g¨¦nero, y sucede que el legislador lo contempla de una forma neutra, completamente descontextualizada. Pero si se sabe interpretar encontramos una situaci¨®n de dependencia econ¨®mica de la v¨ªctima respecto del agresor. Y eso se va a traducir en la privaci¨®n de elementos claves para la vida, como la alimentaci¨®n, el abrigo, la sanidad o los recursos psicol¨®gicos... Estad¨ªsticamente, la madre es quien se ve afectada mayoritariamente por este delito de impago y se ve obligada a cuidar en exclusiva a los hijos y a las hijas, a asumir en exclusiva la carga econ¨®mica con el consiguiente empobrecimiento, y a tener que aceptar cualquier tipo de trabajo, lo que le impide la promoci¨®n profesional. En determinadas ocasiones se llega a perder la casa o se tienen que mudar, con las rupturas de redes que eso tambi¨¦n conlleva. Y todo impacta tambi¨¦n en los ni?os y ni?as.

P. Ha sido un a?o terrible para la violencia vicaria.

R. Se ha ido fortaleciendo el sistema, e indudablemente hay una responsabilidad institucional en la protecci¨®n de sus vidas. Hay que extremar la precauci¨®n en el momento de la separaci¨®n y hacer una observaci¨®n detenida de c¨®mo se presenta el n¨²cleo familiar. Ayudar¨ªa anticiparnos a esa situaci¨®n de riesgo y puede ser id¨®neo un acompa?amiento emocional y psicol¨®gico. Tambi¨¦n coordinarnos m¨¢s entre juzgados para compartir la informaci¨®n en todo momento.

P. ?C¨®mo se toma el debate p¨²blico de casos como el de ??igo Errej¨®n?

R. Por un lado, existe una dimensi¨®n medi¨¢tica que ha propiciado en determinadas ocasiones un cambio legislativo. Como ejemplo paradigm¨¢tico est¨¢ el de la violaci¨®n grupal de Pamplona, que finaliz¨® con la sentencia del Tribunal Supremo que consolid¨® la doctrina de la intimidaci¨®n ambiental y que calificaba como agresi¨®n sexual lo que hab¨ªa sido calificado como abuso sexual. Y se consolid¨® finalmente con la Ley del solo el s¨ª es s¨ª, que entre otras cuestiones asumi¨® algunos de los de los postulados que se reivindicaban desde el movimiento feminista y consolid¨® el consentimiento en el centro de las violencias sexuales. Por otro lado, se ha propiciado tambi¨¦n un cambio de mentalidad como surgi¨® del denunciado beso de Rubiales. A partir de ese momento se exterioriz¨®, se identific¨® ya sobre la base de la Ley del solo el s¨ª es s¨ª, como ese beso no consentido ten¨ªa la calificaci¨®n de agresi¨®n sexual.

P. ?C¨®mo vincula ambas v¨ªas, social y jur¨ªdica?

R. Ambas son complementarias. No se tiene que obligar a la v¨ªctima a denunciar en el procedimiento judicial. Puede ser que no sea el momento, que no est¨¦ preparada o que no le apetezca someterse al proceso penal. Pero eso no impide que las v¨ªctimas no puedan relatar socialmente aquello que les ha sucedido para construir una verdad social y una contranarrativa al relato que se ha ido publicitando. Pueden compartir p¨²blicamente su testimonio por una necesidad de descargo emocional y de romper con esa esencia social impuesta. Esos cauces tratan de construir otras narrativas que en muchas ocasiones se nos ha privado a las mujeres por el miedo, la culpa o la verg¨¹enza. Y esto est¨¢ relacionado con las violencias sexuales. La denuncia social al final permite romper este pacto de silencio y a la vez tiene un efecto reparador y sanador en las v¨ªctimas.

P. Ha mostrado su posici¨®n p¨²blica por la defensa de las juezas afganas. ?Qu¨¦ le conmueve de este caso?

R. Estaban siendo perseguidas por quienes ellas hab¨ªan juzgado en un determinado momento. Estaban siendo sometidas a una situaci¨®n de vigilancia, control y persecuci¨®n, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias por la defensa de un Estado de Derecho. A trav¨¦s de la Asociaci¨®n Internacional de Mujeres Juezas y su comit¨¦ de urgencia se pudieron evacuar de Afganist¨¢n a compa?eras juezas y fiscales. Debemos seguir insistiendo para establecer corredores humanitarios.

P. ?Qu¨¦ se est¨¢ escapando del foco?

R. El gran reto es prestar un soporte intersectorial a aquellas mujeres que presentan una doble o triple discriminaci¨®n por su cultura, su religi¨®n, su raza o su condici¨®n econ¨®mica. Y tambi¨¦n creo que las grandes olvidadas son las reclusas. En un porcentaje muy alto son mujeres victimizadas y las instituciones tenemos una responsabilidad con ellas. Muchas veces proceden de entornos violentos y ellas han sufrido violencia de g¨¦nero. Es de justicia poner el foco de atenci¨®n sobre ellas.