A Noelia no le dejan morir: la grieta que se abre en la ley de eutanasia
El proceso impulsado bajo la tutela de Abogados Cristianos por el padre de la joven, parapl¨¦jica de 24 a?os, logra retrasar una muerte digna ya aprobada y programada y abre la v¨ªa para enmendar en los tribunales las resoluciones de los expertos

Noelia deber¨ªa estar muerta. A diferencia del com¨²n de los mortales, conoc¨ªa de antemano la fecha de su fallecimiento: el 2 de agosto de 2024. Pero Noelia sigue viva a su pesar, luchando por ejercer su derecho a morir dignamente contra quienes tratan de imped¨ªrselo: su padre, la organizaci¨®n cat¨®lica Abogados Cristianos y el juzgado de lo contencioso-administrativo n¨²mero 12 de Barcelona. La v¨ªspera del d¨ªa se?alado, la jueza suspendi¨® de forma cautelar la aplicaci¨®n de la eutanasia a esta joven parapl¨¦jica de 24 a?os. Su caso, el primero que llega a juicio en Espa?a, est¨¢ pendiente de sentencia. Pero ha abierto ya una grieta en la aplicaci¨®n de la ley, que ni contemplaba batallas judiciales ni la aparici¨®n de terceras personas dispuestas a alterar la voluntad del afectado.
La vida de Noelia, nacida en una familia muy desestructurada, ha sido de todo menos pl¨¢cida. Las adicciones y los problemas de salud mental de los padres le llevaron a permanecer buena parte de su infancia y adolescencia en centros de menores, algunos con un marcado componente cat¨®lico, seg¨²n las fuentes consultadas por este diario. Los renglones de su biograf¨ªa se torcieron todav¨ªa m¨¢s en 2022. Noelia sufri¨® una agresi¨®n sexual m¨²ltiple y, el 4 de octubre de ese a?o, despu¨¦s de haber consumido coca¨ªna, se arroj¨® desde el quinto piso de un edificio. No muri¨® en el intento de suicidio como no consigue morir ahora. Pero qued¨® postrada sin remedio en una silla de ruedas, diagnosticada de una paraplejia completa.
Noelia sufre secuelas ¡°permanentes e irreversibles¡± que le impiden llevar una vida m¨ªnimamente satisfactoria. El lenguaje m¨¦dico, fr¨ªo, es a veces m¨¢s poderoso que cualquier met¨¢fora: alteraci¨®n sensitiva, dolor neurop¨¢tico, incontinencia fecal, vejiga que precisa sondas cada seis horas, dependencia funcional. Durante su rehabilitaci¨®n en el Instituto Guttman de Badalona, ya expres¨® su voluntad de poner fin a tanto sufrimiento. ¡°Ha predominado el deseo de solicitar la eutanasia¡±; ¡°verbaliza que no quiere vivir¡±, escribieron sus doctoras tras entrevistarse con ella. El 10 de abril de 2024, formaliz¨® su petici¨®n ante la Comisi¨®n de Garant¨ªa y Evaluaci¨®n de Catalu?a (CGAC), el ¨®rgano independiente (cada comunidad tiene el suyo) formado por juristas, m¨¦dicos y expertos en bio¨¦tica que garantiza la correcta aplicaci¨®n de la ley de eutanasia.
Los profesionales que han tratado con Noelia han sido m¨¢s prudentes de lo habitual por tratarse de una chica joven. Hasta el punto de que los dos t¨¦cnicos (un m¨¦dico y una jurista) del CGAC que deb¨ªan evaluar su caso fingieron que estaban en ¡°desacuerdo¡± para forzar un pronunciamiento del pleno. El 15 de julio de 2024, tres meses despu¨¦s de la solicitud, sus 19 miembros emitieron, por unanimidad, un informe favorable a que Noelia recibiera la prestaci¨®n de ayuda a morir. Presentaba ¡°una situaci¨®n cl¨ªnica no recuperable¡± que le produc¨ªa ¡°una dependencia grave, dolor y sufrimiento cr¨®nico e imposibilitante¡± con incidencia en su autonom¨ªa y en sus actividades diarias, por lo que cumpl¨ªa con uno de los dos supuestos contemplados en la ley.
Una v¨ªa para combatir la ley
Fue entonces cuando Javier, el padre, entr¨® en escena para impedir que el deseo de su hija, avalado por los expertos, se hiciera realidad. El hombre se puso en manos de la Fundaci¨®n Espa?ola de Abogados Cristianos, famosa por haber llevado a los tribunales casos de s¨¢tiras sobre el catolicismo y, tambi¨¦n, por sus intentos de torpedear la aplicaci¨®n de la ley de eutanasia. La entidad opt¨® por una v¨ªa que no hab¨ªa explorado antes: la contenciosa. Se trata, al fin y al cabo, de discutir la legalidad de una resoluci¨®n de la administraci¨®n. En esos procesos, sin embargo, es necesario que la persona que demanda tenga legitimaci¨®n, por eso el padre sostiene que ¡°forma parte del c¨ªrculo jur¨ªdico vital¡± de la paciente, que mantiene con ¨¦l una relaci¨®n compleja, de amor-odio.
La demanda sostiene que la decisi¨®n de la CGAC vulnera el derecho fundamental a la vida e incumple los requisitos de una ley de la que se est¨¢ ¡°abusando¡±. Argumenta que Noelia no est¨¢ preparada para decidir su destino. Sus problemas de salud mental (trastorno obsesivo-compulsivo) y supuestos cambios de opini¨®n sobre la eutanasia ¡°afectan a su capacidad para tomar una decisi¨®n libre¡±, le ¡°nublan el juicio¡±. El padre ha aportado unos v¨ªdeos en los que se ve a Noelia ¡°andar con ayuda de un andador¡±, lo que en su opini¨®n refleja una mejora en su estado y le permiten llevar ¡°una vida pr¨¢cticamente normal¡±. Y expresa una esperanza que es suya, no de Noelia: tiene ¡°much¨ªsima vida por delante¡±.
Ninguno de esos argumentos tiene base alguna, seg¨²n qued¨® en evidencia en el juicio, celebrado el martes a puerta cerrada (para proteger la intimidad de la afectada) en Barcelona. Siete m¨¦dicos y peritos ratificaron que Noelia est¨¢ plenamente capacitada para solicitar la eutanasia y que no ha cambiado de parecer. La joven, de hecho, repiti¨® que su voluntad inequ¨ªvoca, desde hace m¨¢s de un a?o, es poner fin a su vida, y que lo ¨²nico que est¨¢n causando su padre y Abogados Cristianos es estirar el chicle y, parad¨®jicamente, hacerle perder el tiempo y generarle m¨¢s sufrimiento.

No hay ¡°inter¨¦s leg¨ªtimo¡±
Javier tiene motivos humanamente comprensibles: quiere que su hija viva, cueste lo que cueste, aunque para eso tenga que doblegar su voluntad. Pero con eso no basta. Ser el padre no le otorga de forma autom¨¢tica el ¡°inter¨¦s leg¨ªtimo¡± que exige la justicia; menos a¨²n cuando no mantiene un inter¨¦s ¡°concurrente¡±, sino ¡°confrontado¡± con Noelia, razona, en un brillante alegato, Josep Maria Torrent, abogado de la Generalitat, que defiende la decisi¨®n del CGAC y, de paso, los intereses de la joven.
El derecho a vivir (y a morir) es ¡°personal¨ªsimo¡± e ¡°intransferible¡±, y no se puede pretender ¡°proteger un derecho fundamental contra la voluntad de su titular¡±, recuerda en el escrito de oposici¨®n a la demanda. La Generalitat critica que el proceso judicial al que se le ha sometido solo est¨¢ sirviendo para ¡°dilatar la prestaci¨®n reconocida¡± (han pasado ya ocho meses desde que la eutanasia fue aprobada) y para tratar de hostigar a Noelia hasta convencerla de que ¡°desista¡±. La entidad cat¨®lica, a?ade el texto, ¡°se limita a expresar una divergencia ideol¨®gica tan leg¨ªtima como inocua¡±.
El caso de Noelia se decidir¨¢ en las pr¨®ximas semanas. La Fiscal¨ªa de Barcelona, que se mostr¨® favorable a suspender temporalmente la eutanasia, ha de pronunciarse sobre el fondo del asunto antes de que se dicte sentencia. Pero la grieta est¨¢ abierta.
El proceso contencioso ha logrado, de entrada, retrasar la aplicaci¨®n de una eutanasia ya aprobada y programada. Y puede animar a otros en la misma situaci¨®n a explorar esa v¨ªa. ¡°Supongo que habr¨¢ muchos casos en el futuro, los familiares pedir¨¢n ayuda y es fundamental que puedan ganar tiempo¡±, explica Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, que parte de la premisa de que Noelia sufre una enfermedad mental que le impide decidir libremente y critica el papel de la administraci¨®n. ¡°Es escalofriante el empe?o de la Generalitat en acabar con la vida de una chica de 24 a?os, en lugar de echarse a un lado y dejar que la familia la ayude y le salve la vida¡±. Castellanos sostiene que el padre tiene legitimaci¨®n porque es ¡°la persona que m¨¢s la quiere¡± y critica que los comit¨¦s de garant¨ªas ¡°est¨¢n viciados¡± y ¡°no son garantistas¡±.
Hasta ahora, todos los recursos por parte de terceros para impedir una eutanasia hab¨ªan sido inadmitidos, por lo que ninguno hab¨ªa llegado a juicio. Hab¨ªan entendido los jueces que los m¨²ltiples expertos que participan en los procesos los avalan teniendo en cuenta todas las consideraciones. Pero el riesgo de que esa v¨ªa se abra paso est¨¢ ah¨ª.
¡°Es un boicot ideol¨®gico¡±
La asociaci¨®n Derecho a Morir Dignamente, una de las impulsoras de la ley de eutanasia, ve con ¡°mucha preocupaci¨®n¡± la espita que abre el juicio. Su presidente, Javier Velasco, cree que el procedimiento liderado por Abogados Cristianos es ¡°un boicot ideol¨®gico¡± a la norma y atenta contra su esp¨ªritu. ¡°El texto preve¨ªa contenciosos solo en caso de que se denegase la prestaci¨®n, y solo por parte del afectado, ya que se trata de un derecho personal¨ªsimo¡±, defiende.
En su opini¨®n, un tercero ¡°no tiene derecho¡± a la suspensi¨®n cautelar de la prestaci¨®n. ¡°Lo que ha sucedido en Catalu?a es judicializar el derecho [a la muerte digna] de una forma insostenible. La ley, que es la m¨¢s garantista que existe, obliga a que la persona que lo solicite sea mayor de edad y est¨¦ en plenas facultades para decidir, como es el caso. Al estimar este recurso se ha desacreditado por completo al comit¨¦ de garant¨ªas de Catalu?a¡±, contin¨²a.
Torrent, el abogado de la Generalitat en el caso de Noelia, tambi¨¦n teme que se haya abierto una senda peligrosa. Y se?ala que, ante un derecho fundamental, el inter¨¦s de un tercero ¡°ha de quedar reservado para supuestos muy excepcionales¡±. ¡°?Alguien se plantear¨ªa que se pudiera parar judicialmente la libre decisi¨®n de interrumpir el embarazo de un familiar? ?O de cambiar de sexo?¡±, se pregunta. Impedir que grupos como Abogados Cristianos recurran a los tribunales es inviable. Pero cuando lo hacen ¡°sin fundamentos s¨®lidos¡±, sus pretensiones ¡°han de ser inadmitidas r¨¢pidamente¡± para no causar m¨¢s da?o, para no prolongar el calvario de una chica que tuvo que repetir ante la jueza, alto y claro, por si a alguien no lo hab¨ªa entendido: ¡°Quiero acabar de una vez¡±.
334 eutanasias concedidas en 2023
En 2023, último año con datos publicados, se concedieron 334 eutanasias de las 766 que se solicitaron. La mitad que no se realizó se debe, sobre todo al fallecimiento del solicitante antes de la resolución, lo que ocurrió en un 25% de los casos (190). Tarda una media de 67 días, cuando los plazos de la ley permitirían que fueran 35. El rechazo administrativo es el segundo factor para el rechazo, en casi otro 25% de los casos (188).
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