Una nueva ley en el ciberespacio
Los comercios virtuales creen que la norma de Birul¨¦s no resolver¨¢ sus problemas
El director de un peque?o comercio virtual espa?ol reconoc¨ªa el viernes que no se hab¨ªa preocupado de enterarse de c¨®mo pod¨ªa afectarle la ley de comercio electr¨®nico que ese mismo d¨ªa aprobaba el Gobierno. Las dos asociaciones espa?olas de comercio electr¨®nico (AECE y Atiendes) coinciden en que le afectar¨¢ muy poco y, probablemente, para mal: se imponen trabas y se proh¨ªbe el env¨ªo de publicidad no solicitada, pero s¨®lo a las 'web' espa?olas.El director de un peque?o comercio virtual espa?ol reconoc¨ªa el viernes que no se hab¨ªa preocupado de enterarse de c¨®mo pod¨ªa afectarle la ley de comercio electr¨®nico que ese mismo d¨ªa aprobaba el Gobierno. Las dos asociaciones espa?olas de comercio electr¨®nico (AECE y Atiendes) coinciden en que le afectar¨¢ muy poco y, probablemente, para mal: se imponen trabas y se proh¨ªbe el env¨ªo de publicidad no solicitada, pero s¨®lo a las 'web' espa?olas.
Las asociaciones de 'tiendas.com' exigen a sus miembros, desde hace tiempo, los preceptos que incluye la ley
El comercio electr¨®nico espa?ol que, te¨®ricamente, deber¨ªa quedar regulado por esta nueva ley, parte de una situaci¨®n de desventaja respecto al de otros pa¨ªses de la UE y, sobre todo, Estados Unidos. Seg¨²n datos de la patronal tecnol¨®gica Sedisi, s¨®lo el 14% de las empresas espa?olas realiza actividades de comercio electr¨®nico, y nuestro pa¨ªs est¨¢ muy por debajo de media de la UE en ventas por Internet al usuario final (v¨¦ase el cuadro adjunto).
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n (LSSI), que aprob¨® el Consejo de Ministros el pasado viernes, supone, seg¨²n la ministra de Ciencia y Tecnolog¨ªa, Anna Birul¨¦s, un 'marco objetivo estable' que deber¨ªa garantizar 'la seguridad jur¨ªdica de aquellos que ofrecen servicios en la Red'. Pero la ley, dicen sus protagonistas, cambiar¨¢ poco un sector autorregulado desde hace tiempo, y donde los infractores podr¨¢n seguir si¨¦ndolo, pero en otra parte.
Esta ley asienta las pr¨¢cticas habituales de los comercios, bancos, entidades de certificaci¨®n y otras compa?¨ªas que negocian en y con Internet en Espa?a. La LSSI obliga a las compa?¨ªas que venden por la Red a que incluyan en su p¨¢gina web todos los datos necesarios para que puedan ser identificadas, y las condiciones generales de la venta. M¨¢s del 95% del negocio en l¨ªnea espa?ol est¨¢ asociado a alguno de los dos organismos que hay en este sector, la AECE (Asociaci¨®n Espa?ola de Comercio Electr¨®nico) y Atiendes, donde se agrupan tiendas virtuales de venta al consumidor. Ambas asociaciones se autorregulan mediante sus propios c¨®digos ¨¦ticos, donde exigen a sus asociados, entre otras cosas, que ofrezcan esos datos m¨ªnimos a sus compradores, e incluso van m¨¢s alla de la ley, con un servicio constante de atenci¨®n al cliente, entre otras cuestiones.
'Nos parece bien que la ley introduzca estas exigencias m¨ªnimas, porque cubre un vac¨ªo legal y otorga confianza a los compradores', dice Eduardo Berrocal, presidente de DVDgo.com y de Atiendes. 'Cualquier medida que afiance la seguridad de comprar en Internet nos beneficia', confirma Fernando Pardo, presidente de Aece. La idea general es, en fin, que la ley no cambiar¨¢ gran cosa, pero establece unos m¨ªnimos aceptados por todos (asociaciones de comercios, internautas y Administraci¨®n).
Prohibidos los 'spam'
La divisi¨®n llega cuando se habla del env¨ªo de publicidad no solicitada, conocida popularmente como spam. En este punto, la ley es inflexible. En Espa?a est¨¢ prohibido enviar correos electr¨®nicos que no hayan sido solicitados previamente por los usuarios. El Gobierno trata as¨ª de evitar lo que ya le ocurre a la mayor parte de los internautas, que ven c¨®mo sus buzones virtuales se convierten en enormes vertederos de anuncios que no le interesan, ofertas de diplomas universitarios al peso y pornograf¨ªa de todo tipo.
Los comercios est¨¢n radicalmente en contra de este art¨ªculo de la ley, por dos motivos. La primera teor¨ªa tiene que ver con que, seg¨²n ellos, pagan justos por pecadores. 'Nosotros somos los primeros que pedimos que se persiga el spam', explica Pardo. 'Pero s¨ª queremos ejercer una publicidad responsable, informando a nuestros clientes de las novedades y ofertas de nuestros comercios', contin¨²a. Las tiendas virtuales explican que est¨¢n sometidos a la Ley de Protecci¨®n de Datos, como todas los dem¨¢s empresas, y adem¨¢s sus c¨®digos ¨¦ticos las impiden compartir entre ellas las bases de datos de sus clientes.
El segundo motivo de queja hacia la prohibici¨®n del spam tiene que ver con la dificultad de hacer cumplir la ley. La LSSI pretende regular un espacio intangible, sin fronteras ni horarios, sin registros mercantiles ni impuestos. En Internet, cualquier persona puede montar un comercio sin necesidad de registrar una empresa, y todas las tiendas son accesibles desde cualquier lugar del mundo; de hecho, el 20% de los internautas espa?oles compra en p¨¢ginas web extranjeras. Esto significa que Amazon o CDNow, tiendas en l¨ªnea estadounidenses, pueden enviar cuantos correos les parezca conveniente, con sus ofertas y servicios, pero las empresas espa?olas no podr¨¢n hacerlo. Eso sin contar con que gran parte del spam se dedica a vender actividades il¨ªcitas desde cualquier parte del mundo (como pornograf¨ªa infantil). 'Los que generan el spam son incontrolables', concluye Berrocal. 'Hay un af¨¢n de hipercontrol hacia unas compa?¨ªas frente a otras que descaradamente incumplen la ley', asegura.
Los comercios virtuales se quejan, en fin, de que esta ley sigue discrimin¨¢ndoles frente a las tiendas los reales, y consideran injusto que el esfuerzo regulatorio no se complete con ayudas como las que reciben pyme de otros sectores, con negociaciones para solventar las trabas burocr¨¢ticas previas a la creaci¨®n de un negocio en Internet, y con una ley supranacional que asiente las bases del comercio electr¨®nico y elimine diferencias como las fiscales, que penalizan a las tiendas espa?olas frente a las estadounidenses (ellos no pagan el IVA). 'Nos gustar¨ªa que el af¨¢n regulatorio del Gobierno fuera similar al inversor. Queremos que nos apoye, no que nos ponga barreras', concluye Berrocal.
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