Internet no puede ser la puerta falsa que nos devuelva el papel de s¨²bditos

?Pueden todos los partidos pol¨ªticos ponerse de acuerdo en algo? Y si les dijera que s¨ª. Y si hubiera sucedido hace poco tiempo, ?me creer¨ªan? El 21 de noviembre de 2018 se vot¨® en el Senado una reforma legislativa trascendente que no tuvo demasiado impacto en la opini¨®n p¨²blica. De hecho, probablemente, escasos espa?oles se enteraron de que, con los cambios legislativos promovidos por el parlamento en su conjunto, los partidos pol¨ªticos podr¨ªan enviarles propaganda electoral en funci¨®n del rastro que a diario dejan en Internet. Una forma de usar el?big data, o almacenamiento y procesamiento de datos con un fin determinado, en este caso propagand¨ªstico. Cuando abrimos una cuenta en una red social como Facebook y pulsamos los likes estamos transmitiendo una serie de informaciones valiosas que pueden usarse para conformar un perfil bastante atinado sobre cada uno de nosotros. Y a los pol¨ªticos espa?oles de todos los partidos les interesaba.

Cuando abrimos una cuenta en una red social como Facebook y pulsamos los likes estamos transmitiendo una serie de informaciones valiosas que pueden usarse para conformar un perfil bastante atinado sobre cada uno de nosotros

La agregaci¨®n de millones de datos genera patrones que ayudan a establecer inferencias con las que nos recomiendan nuestro siguiente destino tur¨ªstico o la serie ¡°de cabecera¡± del mes. Esta situaci¨®n se agudizar¨¢, con seguridad, con el desarrollo del Internet de las Cosas, donde ser¨¢n los propios objetos los que intercambien nuestra informaci¨®n, lo que multiplicar¨¢ la informaci¨®n que se pueda obtener sobre la vida y costumbres de una persona. Los asesores de Cambridge Analytica lo sab¨ªan y usaron datos de m¨¢s de 50 millones de usuarios de Facebook para hacer publicidad pol¨ªtica digital personalizada durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

En Espa?a, la Ley Org¨¢nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci¨®n de Datos y Garant¨ªa de los Derechos Digitales (LOPDGDD) en su disposici¨®n final tercera modific¨® el art. 58 bis de la Ley Electoral (LOREG). La nueva regulaci¨®n dispuso que "la recopilaci¨®n de datos personales relativos a las opiniones pol¨ªticas de las personas que lleven a cabo los partidos pol¨ªticos en el marco de sus actividades electorales se encontrar¨¢ amparada en el inter¨¦s p¨²blico ¨²nicamente cuando se ofrezcan garant¨ªas adecuadas".

Un grupo de abogados y colectivos alertaron de que en Espa?a se pod¨ªan estar legalizando actividades como los de Cambridge Analytica, lo que supon¨ªa que los partidos pudieran realizar perfiles ideol¨®gicos de las personas, gracias al rastro que dejan en Internet. Aunque la Agencia de Protecci¨®n de Datos insisti¨® en que el texto permit¨ªa el env¨ªo de propaganda electoral sin que su contenido comprometiera la privacidad de los individuos, hab¨ªa elementos preocupantes. Por ejemplo, que la recopilaci¨®n (lo que podr¨ªa incluir almacenamiento y procesamiento de datos) se amparase en un supuesto inter¨¦s p¨²blico o que esta actividad se llevase solo a cabo ¡°cuando se ofrezcan garant¨ªas adecuadas¡±. ?Qu¨¦ puede significar inter¨¦s p¨²blico en este contexto? ?C¨®mo podemos conocer si se dan las garant¨ªas adecuadas y hasta qu¨¦ punto es interpretable?

?Qu¨¦ puede significar inter¨¦s p¨²blico en este contexto? ?C¨®mo podemos conocer si se dan las garant¨ªas adecuadas y hasta qu¨¦ punto es interpretable?

Al final no hubo m¨¢s remedio que llevar al asunto al Tribunal Constitucional. De hecho, fue el Defensor del Pueblo el que lo hizo. Y el resultado fue que los magistrados fallaron a favor del Defensor. Finalmente era inconstitucional. Gracias a una instituci¨®n que habitualmente ocupa un lugar marginal en los planes de estudio de derecho, Espa?a se ha salvado de tener un Cambridge Analytica legal y, por supuesto, de menoscabar nuestro estatus como ciudadanos, para transitar por los senderos de los s¨²bditos.

Hace una semana, EL PA?S public¨® que las operadoras telef¨®nicas cobrar¨¢n al Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) casi medio mill¨®n de euros por cederle datos para que elabore un estudio sobre la movilidad de los espa?oles. D¨ªas antes se inform¨® de que el INE iba a aprovechar la geolocalizaci¨®n de los tel¨¦fonos m¨®viles para estudiar sus h¨¢bitos durante ocho d¨ªas. Las tres grandes operadoras compartir¨¢n nuestra localizaci¨®n a diferentes horas del d¨ªa. Tanto el INE como las empresas garantizaban que ¨²nicamente usar¨ªan el n¨²mero de tel¨¦fono y no el titular asociado, por lo que no habr¨ªa inconveniente en vender la informaci¨®n. Aparentemente, no se infringe la legislaci¨®n de protecci¨®n de datos. ?O s¨ª?

Como todo en la vida, habr¨ªa que ser cautelosos y m¨¢s cuando contamos con antecedentes tan graves como recientes. Seg¨²n algunos expertos ser¨ªa posible revertir un proceso de anonimizaci¨®n con el concurso de algunos datos. Adem¨¢s, cualquier profano podr¨ªa pensar, con cierto grado de l¨®gica, que las empresas est¨¢n sacando un beneficio extra que no van a compartir con sus clientes.

La privacidad es un bien cada vez m¨¢s preciado y escaso. Si no que se lo pregunten a Mark Zuckerberg

La cuesti¨®n no es f¨¢cil. La privacidad es un bien cada vez m¨¢s preciado y escaso. Si no que se lo pregunten a Mark Zuckerberg. Despu¨¦s de defender toda su vida la idea de la transparencia total en Internet, se le pregunta el lugar en que se hab¨ªa alojado la noche anterior a rendir cuentas ante una Comisi¨®n del Senado de EE UU y se niega. Y es que podemos terminar pensando que la transparencia total es cosa de pobres.

La ciudadan¨ªa en Internet es mucho m¨¢s que una palabra aparente en ingl¨¦s como edemocracy. Practicarla significa que no se van a menoscabar derechos, cuya garant¨ªa ha llevado siglos y sangre. Internet no puede ser la puerta falsa que nos devuelva el papel de s¨²bditos.

Rafael Rodr¨ªguez Prieto es profesor de Filosof¨ªa del Derecho y Pol¨ªtica de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y autor de Retos jur¨ªdico-pol¨ªticos de Internet (Dykinson, 2019)