Ciudadanos libres, pero sin derecho al voto: la lucha de cuatro millones de exconvictos por recuperar su voz pol¨ªtica

Casi todos han cumplido sus condenas. Algunos siguen bajo libertad condicional. Quieren reincorporarse a la sociedad habiendo pagado en la c¨¢rcel por los delitos que cometieron. Pero volver a ser libres no significa que recuperan todos sus derechos: en 48 Estados se les niega el derecho al voto a quienes hayan sido condenados por delitos graves. Se calcula que, debido a leyes estatales a lo largo del pa¨ªs, cuatro millones de estadounidenses anteriormente condenados no podr¨¢n votar en las elecciones del pr¨®ximo 5 de noviembre, en las que Kamala Harris, una exfiscal, se enfrenta a Donald Trump, un delincuente convicto. Se trata de uno de cada 59 ciudadanos adultos, seg¨²n un nuevo informe de The Sentencing Project, un centro de investigaci¨®n que aboga por la reforma del sistema de justicia penal de Estados Unidos, uno de los pocos pa¨ªses que priva de este derecho a su poblaci¨®n exconvicta. Dentro de esos millones, las comunidades m¨¢s afectadas son las negras y las latinas.

¡°En este hist¨®rico a?o electoral, persisten los interrogantes sobre la estabilidad de las instituciones democr¨¢ticas, la imparcialidad de las elecciones y la supresi¨®n del voto en las comunidades marginadas. La exclusi¨®n sistem¨¢tica de millones de personas condenadas por delitos graves deber¨ªa ocupar un lugar destacado en estos debates¡±, se?alan los autores del reporte. La cifra de 4 millones representa una ca¨ªda del 31% solo desde 2016, a medida que m¨¢s Estados promulgan pol¨ªticas para restringir esta pr¨¢ctica y disminuye la poblaci¨®n penitenciaria.

Esta semana, Nebraska se convirti¨® en el ¨²ltimo Estado en defender este derecho: el Tribunal Supremo estatal dictamin¨® que todos aquellos previamente condenados que hayan cumplido sus penas pueden votar sin ninguna restricci¨®n. Aunque Nebraska aboli¨® en 2005 la prohibici¨®n de votar de por vida para exconvictos, hasta hace unos meses el Estado requer¨ªa que las personas esperaran dos a?os para votar una vez cumplidas sus condenas. Cuando en abril la legislatura local revoc¨® esa norma, el principal funcionario electoral del Estado tir¨® de los frenos, argumentando que devolverles ese derecho era inconstitucional.

Pero la m¨¢xima corte de Nebraska le dio la raz¨®n a los legisladores y orden¨® que se eliminaran todos los obst¨¢culos para restaurar plenamente el derecho de voto de esta poblaci¨®n. The Sentencing Project calcula que la decisi¨®n de la corte permitir¨¢ votar este noviembre a 7.000 ex convictos, que ahora correr¨¢n contrarreloj para inscribirse antes de la fecha l¨ªmite del 25 de octubre. ¡°El Tribunal Supremo de Nebraska se puso del lado de la justicia, afirmando que miles de nebraskenses merecen la oportunidad de que se escuche su voz. Esta decisi¨®n es un paso significativo hacia el desmantelamiento de las barreras que han silenciado durante mucho tiempo a las personas con condenas por delitos graves¡±, opin¨® Nicole D. Porter, directora de defensa de The Sentencing Project.

¡°Sin embargo, Nebraska no debe detenerse aqu¨ª,¡± a?adi¨® Porter. ¡°La verdadera justicia exige extender el derecho al voto a todos los ciudadanos, independientemente de su situaci¨®n legal actual, garantizando que todos puedan contribuir a forjar el futuro de nuestras comunidades¡±. Incluso con el nuevo cambio en la ley, 12.000 individuos permanecen fuera del proceso electoral porque siguen cumpliendo sus penas. Aunque Nebraska no es uno de los siete codiciados territorios bisagra, s¨ª tiene una peculiaridad que lo hace relevante cada campa?a: otorga un voto electoral al ganador de cada uno de sus distritos electorales. Por ello, cada voto cuenta, especialmente en la ciudad de Omaha, ¨²nico basti¨®n dem¨®crata en un Estado s¨®lidamente republicano.

Nebraska es uno de los 28 Estados ¡ªincluyendo Pensilvania y Carolina del Norte, dos territorios clave en una campa?a extremadamente re?ida¡ª donde la tasa de privaci¨®n del derecho al voto de los latinos es superior a la de la poblaci¨®n general, seg¨²n detalla el informe de The Sentencing Project, publicado antes de que el tribunal de Nebraska tomara su decisi¨®n. All¨ª, el 1,93% de la poblaci¨®n latina elegible a votar no puede hacerlo, frente al 1,5% a nivel nacional. Se calcula que en todo el pa¨ªs hay 495.647 ex convictos latinos privados de este derecho, aunque los investigadores de The Sentencing Project alertan que ¡°los datos sobre origen ¨¦tnico de la poblaci¨®n penitenciaria no se comunican de forma homog¨¦nea y en algunos Estados no se contabilizan suficientemente¡±. Por tanto, es probable que las cifras proporcionadas por el centro de investigaci¨®n ¡°subestimen la tasa real¡± en muchos territorios.

La poblaci¨®n negra y latina en Estados Unidos es m¨¢s perseguida por la polic¨ªa y encarcelada que la blanca y, por tanto, tiene m¨¢s probabilidades de perder su derecho al voto. Uno de cada tres ni?os negros nacidos hoy puede esperar ir a la c¨¢rcel a lo largo de su vida, al igual que uno de cada seis latinos, frente a uno de cada 17 blancos, de acuerdo con datos de la Uni¨®n Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingl¨¦s). Es un c¨ªrculo vicioso en el que las comunidades de color sufren ¡°un impacto desproporcionado¡±, destacan los autores del reporte.

Las cifras lo demuestran: si bien a nivel nacional el 1,7% de las personas en edad de votar no podr¨¢n hacerlo el 5 de noviembre debido a condenas penales previas, esa tasa asciende a 4,5% entre la poblaci¨®n afroamericana. La cifra supera el 5% en 15 Estados y el 10% en otros cinco territorios (Arizona, Florida, Kentucky, Dakota del Sur y Tennessee). En total, son 1,3 millones de personas negras. Y en cuanto al medio mill¨®n de ex convictos latinos sin derecho de voto, los investigadores de The Sentencing Project explican que muchos de ellos ¡°fueron condenados en una ¨¦poca en la que la poblaci¨®n latina era significativamente menor que en la actualidad¡±. ¡°Dado que la poblaci¨®n latina en Estados Unidos se ha m¨¢s que cuadruplicado desde 1980, prevemos que en los pr¨®ximos a?os la privaci¨®n del derecho al voto de los latinos constituir¨¢ una proporci¨®n cada vez mayor¡±, se?alan.

El caso de Florida

Florida ha sido y contin¨²a siendo el l¨ªder nacional en privaci¨®n del derecho al voto en cifras absolutas, seg¨²n The Sentencing Project. En las elecciones de este a?o, 961.757 ciudadanos del Estado no podr¨¢n votar. De ellos, se estima que 730.000 siguen privados del derecho al voto a pesar de un refer¨¦ndum electoral de 2018 que promet¨ªa restaur¨¢rselo.

En noviembre de ese a?o, los votantes de Florida aprobaron una enmienda a su Constituci¨®n que devolvi¨® el derecho al voto a la mayor¨ªa de las personas que hab¨ªan cumplido sus condenas, con la excepci¨®n de aquellos condenados por delitos sexuales y asesinato. En 2019, sin embargo, la legislatura del Estado aprob¨® una ley con nuevas restricciones: el ex convicto que quiera volver a votar debe antes pagar todas las sanciones monetarias ordenadas por el tribunal.

Esa norma ha vuelto a dejar a miles sin acceso al proceso electoral ¡°porque la mayor¨ªa de estas personas no est¨¢n en condiciones de pagar¡±, explica el abogado Cesar Ruiz, de la organizaci¨®n nacional Latino Justice. ¡°Son multas y tasas asociadas a los cargos que se les imputan, a su reclusi¨®n en el sistema penitenciario y a su puesta en libertad, por lo que pueden oscilar entre cientos y miles de d¨®lares¡±, elabora el licenciado especializado en el derecho al voto.

¡°Esto ha creado una enorme barrera con la que todav¨ªa estamos tratando de lidiar¡±, a?ade Ruiz. Y es una barrera que ha generado un ¡°sistema de confusi¨®n¡± porque ¡°determinar la cuant¨ªa de las multas y tasas que debe pagar una persona es un proceso realmente arduo¡±, explica el experto. No existe una entidad estatal que lo supervise, sino que todo va a trav¨¦s de los condados y los gobiernos locales, cuyos registros no siempre son coherentes. Esa falta de informaci¨®n deja a las personas previamente encarceladas sin saber si son elegibles a votar o no.

Ruiz recuerda c¨®mo en las elecciones de 2020 y 2022, ex convictos acudieron a las urnas pensando que ya se les hab¨ªa restaurado el derecho al voto y fueron nuevamente arrestados por tratar de votar de manera ilegal, sin pagar las tasas que le deb¨ªan al Estado. Los propios funcionarios electorales les permitieron votar porque, al igual que ellos, desconoc¨ªan los detalles de la nueva ley.

¡°Ha sido un proceso muy dif¨ªcil que ha deprimido la participaci¨®n electoral en las comunidades en las que vivimos porque el sistema de justicia penal ataca de forma desproporcionada a la poblaci¨®n negra y latina¡±, se?ala Ruiz, a quien le preocupa que ocurra lo mismo este noviembre.

Algunos avances

The Sentencing Project recalca que desde las ¨²ltimas elecciones presidenciales, ha habido avances en la restauraci¨®n de este derecho. Desde 2020, en 11 Estados han entrado en vigor leyes o cambios normativos que ampl¨ªan el derecho de voto a algunas personas con condenas por delitos graves y que ya hayan salido de prisi¨®n.

En el caso de la poblaci¨®n latina, el cambio en las leyes ha hecho que en los ¨²ltimos cuatro a?os, el n¨²mero de ex convictos latinos sin derecho al voto haya disminuido de 561.486 a 495.647.

Sin embargo, en la mitad del pa¨ªs se sigue denegando este derecho a personas en libertad condicional o libertad vigilada. Y en el caso m¨¢s extremo, 10 Estados siguen sin restaurar este derecho para ex convictos que hayan cumplido satisfactoriamente sus penas de prisi¨®n, libertad condicional o libertad vigilada. Y a pocas semanas de las elecciones de este a?o, solo dos Estados ¡ªMaine y Vermont¡ª permitir¨¢n que su poblaci¨®n previamente condenada acuda a las urnas sin ninguna restricci¨®n.