Arizona decidir¨¢ en noviembre si la polic¨ªa puede detener inmigrantes

El Congreso de Arizona ha adoptado este martes una propuesta que preguntar¨¢ a los habitantes del Estado fronterizo si la polic¨ªa local debe o no detener inmigrantes que crucen desde M¨¦xico. La interrogante estar¨¢ en la boleta de los comicios del 5 de noviembre, en los que la inmigraci¨®n irregular se ha convertido en uno de los principales temas para los votantes. De llegar a ser aprobada por la mayor¨ªa, la medida dar¨ªa luz verde a los legisladores para convertir un delito estatal los cruces por cualquier punto que no sea una garita migratoria. Esto a pesar de que los cruces irregulares ya son considerados delitos federales perseguidos por la Patrulla Fronteriza.

La decisi¨®n fue aprobada por la C¨¢mara baja de Arizona, controlada por el partido republicano. El resultado de la votaci¨®n fue 31-29, con los legisladores dem¨®cratas en la minor¨ªa. Durante la sesi¨®n se vivieron momentos de tensi¨®n, pues varios oradores a favor y en contra de la propuesta se enfrentaron desde la tribuna. Los republicanos mandaron a cerrar una de las galer¨ªas del recinto para evitar que grupos de defensores interrumpieran el proceso legislativo. En sesiones anteriores, algunos activistas hab¨ªan gritado a los congresistas ¡°?alto al odio! ?alto al odio!¡±.

El texto de la propuesta convierte en un delito menor el ingreso irregular a Arizona. Este ser¨ªa penado con seis meses de prisi¨®n a quien lo cometa por primera vez. Tambi¨¦n contempla la expulsi¨®n de ciudadanos extranjeros tras un periodo no determinado en una c¨¢rcel o estaci¨®n migratoria.

¡°Ustedes no han ido a la frontera a percatarse de la tragedia humana que all¨ª hay ah¨ª a pesar de la fortuna que se gasta¡±, espet¨® a los dem¨®cratas el congresista local republicano John Gillette. Los de su partido han pedido actuar para atender lo que llaman ¡°una crisis¡± migratoria creada por el presidente Joe Biden. El legislador afirm¨® que unas 274.000 personas cruzaron ilegalmente desde M¨¦xico el a?o pasado. Casi 300 inmigrantes figuraban en las listas de organizaciones terroristas elaboradas por las fuerzas de seguridad.

Si Arizona adopta la medida en las urnas, se sumar¨ªa a otros Estados que han adoptado leyes antiinmigrantes, como Texas. A diferencia de esta entidad, Arizona es gobernada por Katie Hobbs, una pol¨ªtica dem¨®crata. La mandataria local vet¨® en marzo una ley similar y se opone a la medida. Al llevar la pregunta al electorado, los republicanos evitan que la decisi¨®n pase por el escritorio de Hobbs para que la promulgue.

De forma similar a la texana SB4, la medida republicana de Arizona busca que las autoridades locales tengan funciones de polic¨ªa migratoria. La legislaci¨®n de Texas se encuentra en tribunales que deben determinar su legalidad. La Carta Magna solo da estas facultades al Poder Ejecutivo federal y no a los poderes locales. A pesar de esto, la medida aprobada esta ma?ana tambi¨¦n permite a los jueces estatales decidir sobre la repatriaci¨®n a sus pa¨ªses de origen a las personas que hayan cruzado de forma irregular.

La propuesta ha hecho que varios recuerden el pasado reciente y antiinmigrante de Arizona. En 2010, el Congreso local adopt¨® la ley SB1070, que se convert¨ªa en una arma de persecuci¨®n para los latinos y las personas de piel caf¨¦ o negra, quienes pod¨ªan ser detenidos en cualquier momento bajo sospecha de ser inmigrantes irregulares. La ley fue objetivo de varios litigios que poco a poco le fueron restando poder hasta dejarla en la obsolescencia.

¡°Arizona quiere volver el tiempo atr¨¢s¡±, dijo desde la tribuna este martes la legisladora Consuelo Hern¨¢ndez, de Tucson, quien cit¨® en su discurso la pol¨¦mica ley promovida por la exgobernadora Jan Brewer. No fue la ¨²nica, la congresista Junelle Cavero, de Phoenix, record¨® que cuando la norma estuvo vigente fue detenida por las autoridades sin motivo alguno. ¡°Esto no es una soluci¨®n. Es politiquer¨ªa electoral¡±, dijo Mariana Sandoval, otra legisladora del bloque dem¨®crata.

La medida de Arizona llega el mismo d¨ªa en que el presidente Biden ha anunciado una orden ejecutiva que cierra la frontera una vez que se supera un n¨²mero determinado de cruces ilegales o de solicitantes de asilo. La medida no afecta a las decenas de miles de personas que ya siguen su proceso en suelo estadounidense, pero retoma ciertas herramientas legales empleadas por Donald Trump. El decreto, considerado una medida para la campa?a electoral, ha sido rotundamente rechazado por los sectores progresistas del partido dem¨®crata y por los grupos pro derechos de los migrantes que apoyaron al presidente para que llegara a la Casa Blanca hace casi cuatro a?os.