Un juez federal paraliza la concesi¨®n de residencia a los c¨®nyuges indocumentados de ciudadanos americanos

Un juez federal en Texas ha suspendido temporalmente el programa Parole in Place que conceder¨ªa la residencia a los c¨®nyuges de ciudadanos americanos que llegaron de forma ilegal y llevan m¨¢s de 10 a?os en Estados Unidos. El magistrado responde as¨ª a la demanda interpuesta por 16 Estados republicanos que el viernes pasado pidieron frenar el programa que beneficiar¨ªa a unos 500.000 migrantes indocumentados. El juez J. Campbell Barker justific¨® que necesita m¨¢s informaci¨®n del caso, por lo que paraliza por 14 d¨ªas renovables el programa.

¡°Las reclamaciones son sustanciales y merecen una consideraci¨®n m¨¢s exhaustiva de la que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha¡±, afirm¨® el magistrado, que concedi¨® a las partes hasta el 10 de octubre para presentar m¨¢s informaci¨®n.

La decisi¨®n se produce una semana despu¨¦s de que se abriera el plazo para presentar las solicitudes que, adem¨¢s de a los c¨®nyuges, podr¨ªan beneficiar a sus hijos, unos 50.000 menores de 21 a?os.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton lider¨® la demanda que aglutin¨® a otros 15 Estados gobernados por republicanos alegando que el programa es ¡°inconstitucional¡±, ya que, justificaron, se salt¨® al Congreso para aprobarlo. ¡°Este es s¨®lo el primer paso. Vamos a seguir luchando por Texas, nuestro pa¨ªs y el estado de derecho¡±, public¨® Paxton en la plataforma de redes sociales X al conocer la decisi¨®n del juez.

El presidente Joe Biden anunci¨® el programa, que tambi¨¦n recibi¨® el nombre de ¡°Manteniendo a las familias juntas¡±, el 18 de junio pasado. El plan est¨¢ orientado a los migrantes que entraron de forma ilegal en el pa¨ªs y se casaron con un ciudadano americano. Para acceder a la green card los solicitantes deben justificar que llevan m¨¢s de 10 a?os viviendo en el pa¨ªs y que contrajeron matrimonio antes de la fecha del anuncio del programa. Adem¨¢s, no pueden suponer una amenaza para el pa¨ªs ni tener antecedentes penales.

Al presentar la demanda, Paxton critic¨® que los fines del programa eran pol¨ªticos y que la concesi¨®n de papeles a los indocumentados ¡°incentivar¨¢ la inmigraci¨®n ilegal y da?ar¨¢ irremediablemente los Estados demandantes¡±.

El fiscal reiteraba una vez m¨¢s el discurso republicano m¨¢s repetido en la campa?a electoral de que la Administraci¨®n Biden es responsable de la llegada de migrantes que atraviesan la frontera de forma ilegal y que el candidato republicano, Donald Trump, ha equiparado con delincuentes. La demanda fue interpuesta contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y otros altos funcionarios de su departamento.

Hasta ahora, los migrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses deb¨ªan salir del pa¨ªs y esperar 10 a?os para poder solicitar, desde fuera de Estados Unidos, el permiso de residencia. La perspectiva de permanecer m¨¢s de una d¨¦cada separados de sus familias hizo que muchos de ellos prefirieran quedarse en el pa¨ªs, aunque fuera de forma ilegal. El Parole in Place, que ha sido la mayor apuesta de Biden por regularizar a los migrantes, les abr¨ªa tambi¨¦n una v¨ªa para conseguir la nacionalidad y, mientras tanto, obtener un permiso de trabajo.

El programa fue celebrado por las organizaciones de derechos de los migrantes, pero muy criticado por el Partido Republicano, que ha situado la inmigraci¨®n en el centro de su campa?a electoral. Casi en cada m¨ªtin, Trump arremete contra lo que llama una pol¨ªtica de fronteras abiertas del Gobierno de Biden.

Sin embargo, el endurecimiento de las condiciones de asilo impuestas por el presidente en junio pasado supusieron que en julio las entradas ilegales fueran un 32% menos que el mes anterior, hasta 56.408 entradas. Es el n¨²mero m¨¢s bajo de migrantes indocumentados que entran en el pa¨ªs en casi cuatro a?os, seg¨²n el Departamento de Seguridad Nacional.

¡°Texas no deber¨ªa poder decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus c¨®nyuges inmigrantes sin conocer su realidad¡±, declar¨® Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center, durante la conferencia de prensa previa a la emisi¨®n de la orden judicial, informa AP.