Una nueva ley entra en vigor para controlar el despilfarro de la seguridad en la frontera

Desde ambos lados del espectro pol¨ªtico estadounidense se ha apuntado a la escasez de recursos de la Patrulla Fronteriza como uno de los obst¨¢culos para controlar la entrada irregular de migrantes. A las limitaciones de presupuesto se suma la mala gesti¨®n de las finanzas, que se ha puesto en evidencia en un informe de la Oficina de Rendici¨®n de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en ingl¨¦s). Con el comienzo del a?o, una nueva ley tratar¨¢ de evitar el despilfarro y controlar mejor el gasto. Firmada por el presidente, Joe Biden, el 23 de diciembre, la nueva legislaci¨®n introduce medidas para mejorar la supervisi¨®n y la eficiencia en los contratos de servicios a terceros. A partir de ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingl¨¦s) deber¨¢ enviar un informe al Congreso de todos los contratos superiores a los 50 millones de d¨®lares.

¡°Esta ley identificar¨¢ nuevas formas de proteger mejor el dinero de los contribuyentes y apoyar a nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza, oficiales de CBP [Oficina de Aduanas y Protecci¨®n Fronteriza, por sus siglas en ingl¨¦s] y otro personal que trabaja incansablemente para salvaguardar a los texanos¡±, dijo en un comunicado el republicano John Cornyn, senador por Texas. Cornyn fue uno de los patrocinadores de la ley bipartidista, junto con la senadora por New Hampshire, la dem¨®crata Maggie Hassan, quien declar¨® que la nueva norma ¡°ayudar¨¢ a garantizar que el DHS y sus contratistas operen de la manera m¨¢s efectiva posible en la frontera¡±. Los representantes estadounidenses Josh Brecheen (Oklahoma) y Mark Green (Tennessee) encabezaron la legislaci¨®n complementaria en la C¨¢mara.

Un informe de 2020 de la GAO revel¨® un considerable aumento de los contratos a terceros para la seguridad de la frontera y puso de relieve la falta de supervisi¨®n de los servicios contratados y del gasto. De 2013 a 2018, el DHS gast¨® 70.700 millones de d¨®lares (un 76% de sus gastos totales) en contratar servicios. El estudio recoge que no hay un ¡°nivel de supervisi¨®n federal necesario para estos contratos porque no hay orientaci¨®n sobre c¨®mo documentar y actualizar la cantidad de personal federal necesario para realizar la supervisi¨®n¡±. A?ade, adem¨¢s, que los servicios contratados ¡°incluyen funciones que est¨¢n estrechamente asociados con intereses inherentemente gubernamentales, cr¨ªticos o especiales, que podr¨ªan poner al gobierno en riesgo de perder el control de su misi¨®n si la realizan contratistas sin la supervisi¨®n adecuada por parte de funcionarios gubernamentales¡±.

Los servicios contratados que estar¨¢n sujetos a revisi¨®n del Congreso incluyen los centros de detenci¨®n, los servicios de transporte, los equipos de seguridad fronteriza y aquellos que brindan atenci¨®n m¨¦dica a los migrantes que cruzan la frontera suroeste hacia Estados Unidos.

El informe debe incluir, entre otras cosas, los criterios utilizados por el DHS para determinar si el personal contratista era necesario; un an¨¢lisis del prop¨®sito, cantidad y ubicaci¨®n del personal contratista que aborde las necesidades de la misi¨®n; una evaluaci¨®n de los beneficios del personal que realiza los servicios; una estrategia para mejorar la adquisici¨®n y prestaci¨®n de servicios, y recomendaciones basadas en las conclusiones. Adem¨¢s, el DHS deber¨¢ informar al Congreso del estado de los contratos en marcha.

¡°Esta medida no costar¨¢ ni un centavo¡±, asegur¨® Brecheen cuando el proyecto de ley fue aprobado por la C¨¢mara en marzo, ya que se incluir¨ªa en el presupuesto ya aprobado.

Falta de personal

La falta de recursos en la frontera cobr¨® protagonismo durante la pasada campa?a electoral cuando el entonces candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, frustr¨® la aprobaci¨®n de una ley bipartidista que habr¨ªa inyectado m¨¢s de 20.000 millones de d¨®lares para dotar de personal y equipamiento a los servicios migratorios y fronterizos. La legislaci¨®n, que sigui¨® a meses de negociaciones entre los dem¨®cratas y republicanos y fue parada en el Senado, habr¨ªa financiado la contrataci¨®n de 1.500 agentes adicionales de Aduanas y Protecci¨®n Fronteriza, adem¨¢s de aumentar el n¨²mero de agentes de asilo y de jueces de migraci¨®n.

Las largas jornadas y las duras condiciones laborales ha contribuido a los problemas para reclutar personal en la frontera. Una auditor¨ªa de 2023 encontr¨® que el 88% de las estaciones fronterizas no ten¨ªan suficiente personal. Los presidentes Biden, Trump y Barack Obama intentaron, sin ¨¦xito, aumentar el n¨²mero de agentes de la Patrulla Fronteriza, que se ha mantenido en torno a los 20.000 en los ¨²ltimos cuatro a?os, a pesar de que las detenciones en la frontera aumentaron un 250% en el mismo periodo.

Los ¨²ltimos meses del a?o pasado, sin embargo, el n¨²mero de arrestos cay¨® dram¨¢ticamente despu¨¦s de que Biden introdujera en junio medidas estrictas para limitar el asilo. En diciembre se produjeron unos 44.000 arrestos, el m¨ªnimo desde julio de 2020. Un a?o antes, en diciembre de 2023, la Patrulla Fronteriza marc¨® su m¨¢ximo, con un cuarto de mill¨®n de detenciones a lo largo de la frontera sur.

Durante la campa?a electoral, Trump acus¨® a la Administraci¨®n Biden, y en particular a la vicepresidenta y entonces candidata presidencial, Kamala Harris, de ser responsables del caos que se produjo en la frontera, con la llegada masiva de migrantes, que super¨® r¨¦cords en 2023. Adem¨¢s, ha denunciado en numerosas ocasiones la criminalidad de la zona fronteriza, acusando a los migrantes de provocar una crisis de inseguridad. Varios expertos, sin embargo, aseguran que los migrantes son v¨ªctimas de la delincuencia, no los autores, y que el ¨¢rea fronteriza es de las regiones m¨¢s seguras para el estadounidense blanco medio.

Despu¨¦s de haber enterrado el proyecto de ley bipartidista que iba a aumentar el personal en la frontera, el presidente electo ha prometido a?adir 10.000 nuevos agentes en su segundo mandato. La medida se enmarca en su ambicioso plan contra la migraci¨®n, que incluye la masiva deportaci¨®n de 11 millones de migrantes indocumentados y que empezar¨¢ cuando tome posesi¨®n el 20 de enero.