?Qui¨¦n defender¨¢ a las instituciones en Colombia?

Pocas, muy pocas cosas son capaces de despertar la indignaci¨®n de la gente como la percepci¨®n de injusticia. Y una de sus formas m¨¢s gr¨¢ficas tiene lugar cuando la misma norma no es aplicada por igual para todos. Daniel Quintero Calle, alcalde de Medell¨ªn, no es el primer pol¨ªtico electo de Colombia para el que aparecen indicios s¨®lidos de participaci¨®n en la campa?a colombiana de 2022, algo prohibido por la legislaci¨®n electoral. Sin embargo, s¨ª se ha convertido en el de mayor calibre sometido a una suspensi¨®n por la Procuradur¨ªa General de la Naci¨®n. Otros tres funcionarios de mucha menor visibilidad fueron suspendidos por las mismas razones, entre ellos el alcalde de Ibagu¨¦, una ciudad de tama?o mediano gobernada por un pol¨ªtico conservador al que se acus¨® de apoyar a Fico Guti¨¦rrez, el candidato de derecha. Quintero lo hac¨ªa por Gustavo Petro. Pero lo que ve la opini¨®n p¨²blica es que otro buen pu?ado de significados pol¨ªticos han tenido amagos de participaci¨®n en campa?a, hasta el propio Presidente de la Naci¨®n, as¨ª como el Comandante del Ej¨¦rcito, en contra de Petro. Y ve el contraste. Y, a¨²n a sabiendas de que la Procuradur¨ªa tiene sus poderes limitados frente al Ejecutivo, ante la ausencia de censura o reprimenda una parte no despreciable de ella asumir¨¢ que las normas no son iguales para todos.

Colombia es una democracia con una considerable presencia de lo que los polit¨®logos llaman ¡°instituciones contramayoritarias¡±. Son aquellas dise?adas para equilibrar, balancear las pasiones populares expresadas a trav¨¦s de los pol¨ªticos electos. Los Bancos Centrales y los Tribunales Constitucionales o Supremos son las m¨¢s conocidas, pero hay otras. En Colombia hay una Contralor¨ªa General y una Procuradur¨ªa General, por ejemplo. La Procuradur¨ªa est¨¢ encargada de vigilar y sancionar a los gobernantes cuando cometan alg¨²n tipo de irregularidad. Su cabeza la elige el Senado a partir de una terna propuesta por Presidencia, Consejo de Estado y Corte Suprema, por cuatro a?os desacoplados del mandato presidencial: Margarita Cabello entr¨® a su cargo en enero de 2021 despu¨¦s de haber sido la Ministra de Justicia del actual Gobierno, algo que ya la marcaba bajo la sospecha del partidismo y la parcialidad desde el primer momento.

Los institucionalistas liberales suelen estar obsesionados con el dise?o de las normas y los procesos de selecci¨®n. Las del ordenamiento constitucional colombiano son poco menos que ejemplares, o al menos s¨®lidas, sobre el papel. Y, sin embargo, son hackeables. Vulnerables. Demostrando que la obsesi¨®n de los institucionalistas liberales puede estar justificada pero no es suficiente: las normas y los puestos necesitan de personas que las respeten, o estar¨¢n condenadas al debilitamiento.

En Colombia pareciera que ya casi no quedan l¨ªderes de ese calibre, est¨¦n ya electos o por elegir. Si Gustavo Petro ha reiterado en sus discursos y en su historial pol¨ªtico que el populismo piramidal es su estilo, el curr¨ªculum de Daniel Quintero no s¨®lo no se queda atr¨¢s, sino que esta es la l¨®gica que a todas luces domina en su alcald¨ªa. Y, sin embargo, a quienes tienen hoy enfrente no se les puede abonar un respeto mucho mayor por el esp¨ªritu de las instituciones. ¡°Esp¨ªritu¡± es la palabra clave. Cuando los defensores de la decisi¨®n de la PGN argumentan que el conservador alcalde de Ibagu¨¦ ha sido suspendido a la vez que el de Medell¨ªn, se apegan a la apariencia de balance. Pero esta apariencia no resiste ninguna comparaci¨®n con la realidad, en la que los amagues de participaci¨®n en campa?a han sido frecuentes en todos los rincones del pa¨ªs, incluida su capital. Tampoco con los antecedentes de la Administraci¨®n Duque en este frente. Al nombramiento de Cabello se le une la entrada del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la Rep¨²blica, o los ataques discursivos frontales a la Corte Constitucional tras determinados fallos que el Gobierno no compart¨ªa hasta el punto de provocar una advertencia de acatamiento por parte de la propia Corte en marzo de este a?o, o el manejo de la Fiscal¨ªa General en numerosos casos que tocaban al entorno pol¨ªtico del partido gobernante.

Bajo las decisiones de este gobierno una parte de los mecanismos contramayoritarios se ha ido convirtiendo justo en lo contrario de lo que deber¨ªan ser, pasando a ser un instrumento de la mayor¨ªa gobernante. Lo han hecho en nombre de la defensa del propio orden institucional contra sus principales rivales ideol¨®gicos y partidistas, quienes, dicen ellos, son el peor peligro posible para la democracia colombiana. Incluso aunque admiti¨¦ramos semejante l¨ªnea argumental, la paradoja es que una vez se abre la din¨¢mica de ¡°mi partido por encima del pa¨ªs¡±, ya no hay vuelta atr¨¢s. Poco importar¨¢ qui¨¦n empez¨®: el final ser¨¢ el mismo gobierne quien gobierne. Ya nadie tendr¨¢ incentivos para poner al pa¨ªs por delante de su partido, y la obsesi¨®n colectiva ser¨¢ (ya est¨¢ siendo) identificar en qu¨¦ momento el partido rival al propio est¨¢ aplicando el poder de que dispone de manera injusta. Colombia, as¨ª, podr¨ªa adentrarse en un c¨ªrculo vicioso de indignaci¨®n del que pocos pa¨ªses logran salir.