La propuesta de menos c¨¢rcel en Colombia refleja los fracasos de sus pol¨ªticas de justicia

Hacia el a?o 1750 antes de Cristo una de las primeras civilizaciones, la de Babilonia, produjo el c¨®digo de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes m¨¢s antiguos del mundo. Entre las 282 normas talladas en piedra estaba la Ley del tali¨®n, un principio de justicia retributiva, basada en la venganza. ¡°Ojo por ojo, diente por diente¡±, tambi¨¦n reza un refr¨¢n popular inspirado en un pasaje b¨ªblico. Esta visi¨®n es opuesta a la de la justicia restaurativa, que se enfoca m¨¢s en la reparaci¨®n de la v¨ªctima y en la prevenci¨®n del delito. La propuesta del ministro de justicia, N¨¦stor Osuna, de avanzar hacia este modelo implica un cambio de paradigma en un pa¨ªs como Colombia.

El mecanismo en el que ¡°la v¨ªctima y el victimario pueden pactar una sanci¨®n reparadora con aprobaci¨®n del juez¡± permitir¨ªa ¡°disminuir y en algunos casos sustituir la pena de prisi¨®n¡±, en palabras del ministro. De forma m¨¢s general le explic¨® a EL PA?S que ¡°el Gobierno est¨¢ decidido a no seguir con la pol¨ªtica del populismo punitivo que ha imperado¡±. Luego propuso, de forma m¨¢s gr¨¢fica, que los ladrones de celulares deban devolverlo y pagar varios meses de servicio a su v¨ªctima, para as¨ª resarcir el delito. Aunque no es del todo novedoso, el planteamiento no solo despert¨® voces de respaldo, sino de escepticismo en una sociedad creyente en la c¨¢rcel como castigo. En Colombia ha existido una tendencia a aumentar la duraci¨®n m¨¢xima de la privaci¨®n de la libertad desde hace m¨¢s de 80 a?os. La mayor pena permitida, que hasta 1980 era de 24 a?os, actualmente es de 60 a?os de prisi¨®n, una de las m¨¢s altas de Am¨¦rica Latina. Solo en este siglo ha subido 20 a?os.

Podr¨ªa ser mayor, pero hace un a?o la Corte Constitucional tumb¨® la cadena perpetua para los violadores y asesinos de ni?os, ni?as y adolescentes, impulsada por el gobierno de Iv¨¢n Duque y aprobada en el Congreso de la Rep¨²blica, por considerar que iba en contra del principio de la dignidad humana. ¡°Existe una hiperinflaci¨®n punitiva en los c¨®digos penales. La respuesta del derecho penal contempor¨¢neo no es un castigo de odio o venganza; hay que buscar mecanismos m¨¢s eficaces¡±, asegura Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Pa¨ªses Iberoamericanos. En 2018, como ministro de justicia de Juan Manuel Santos, Gil lider¨® un proyecto de ley con sanciones restaurativas para delitos como la inasistencia alimentaria o el microtr¨¢fico de drogas. El Congreso no lo aprob¨®.

El exceso de penas y delitos en Colombia ha conducido a una sobrepoblaci¨®n carcelaria que ronda el 20%. La capacidad es para 81.000 presos y hay m¨¢s de 97.000. La Corte Constitucional, el m¨¢ximo tribunal de protecci¨®n de los derechos fundamentales, lleva dos d¨¦cadas advirtiendo la falta de garant¨ªa de los derechos humanos en los centros de reclusi¨®n.

En una sentencia de 2015, rese?a un ejemplo documentado por la Procuradur¨ªa: un pabell¨®n con capacidad para 240 internos ten¨ªa 903 reclusos, vigilados por un solo guardia. ¡°No existen las condiciones m¨ªnimas para que realicen sus necesidades corporales (¡­) Se vive en condiciones que acarrean un trato cruel, inhumano y degradante para las personas privadas de la libertad¡±, dec¨ªa el informe.

¡°S¨ª tienen que pagar, claro, pero no bajo las condiciones en las que se encuentran. Est¨¢ bien que est¨¦n en una c¨¢rcel pero que les respeten sus derechos¡±, expresa Mar¨ªa Piedrahita, la madre de un hombre de 39 a?os condenado por homicidio. ¡°Algunos pasan hambre y sed. En algunas c¨¢rceles no hay servicio de agua¡±, denuncia.

¡°Hay que apostarle a que la c¨¢rcel se aplique para algunos delitos, pero que sea la ¨²ltima sanci¨®n a imponer. Disminuir el hacinamiento mejorar¨ªa las circunstancias de reclusi¨®n de quienes queden all¨ª. Hoy no son centros de resocializaci¨®n, sino bodegas humanas¡±, enfatiza Esmeralda Echeverry, directora de la fundaci¨®n C¨¢rceles al Desnudo que trabaja por las condiciones dignas de los presos y sus familiares. La muerte de 53 presos en un incendio en la c¨¢rcel de Tulu¨¢ (Valle), en julio, es un ejemplo de ello.

La propuesta del ministro Osuna recuerda otra realidad: las fallas estructurales en la pol¨ªtica criminal, como ha alertado la misma Corte. Cerca de un cuarto de la poblaci¨®n carcelaria, seg¨²n el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), son reincidentes. ¡°La c¨¢rcel no resuelve todos los problemas. La forma en que est¨¢ operando la justicia penal nos da resultados m¨¢s da?inos de aquellos a los que esperamos responder¡±, afirma el abogado y especialista en instituciones jur¨ªdico penales, Ricardo Cita.

¡°Tener a una persona en la c¨¢rcel es un castigo duro, fuerte, pero la v¨ªctima se queda sin aquello que le quitaron o sin reparaci¨®n de la agresi¨®n¡±, agrega el ministro Osuna. Su propuesta surge en un momento hist¨®rico para Colombia, que a¨²n busca sanar las heridas de un conflicto armado con m¨¢s de 9 millones de v¨ªctimas. ¡°La rabia es parte de las respuestas emocionales normales frente a las experiencias anormales sufridas¡±, dice el informe de la Comisi¨®n de la Verdad sobre los impactos sociales y colectivos de la guerra.

Un ejemplo de que Colombia apenas empieza a explorar los caminos de la reconciliaci¨®n, han sido las audiencias cara a cara entre v¨ªctimas y victimarios ante la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), la instancia creada para que los m¨¢ximos responsables del conflicto reconozcan sus delitos. Los procesos se centran en la verdad, justicia, reparacio?n y no repeticio?n. Si los comparecientes niegan su participacio?n en los cr¨ªmenes pueden enfrentar hasta 20 an?os de c¨¢rcel.

En Bogot¨¢, la capital colombiana, existe otro modelo de justicia restaurativa. ¡°Un joven de 17 a?os toc¨® a su prima menor de edad sin su consentimiento. El proceso fue muy duro para la familia, pero hicimos todo el acompa?amiento psicosocial. La mam¨¢ de la ni?a le pidi¨® a su sobrino, como acto restaurativo, que reconociera ante sus padres el da?o que hab¨ªa causado¡±, cuenta la trabajadora social M¨®nica Montenegro, quien forma parte del programa distrital para la Atenci¨®n y Prevenci¨®n de la Agresi¨®n Sexual, PASOS. En otro caso, un joven compuso una canci¨®n para pedirle perd¨®n a un polic¨ªa por haber cometido una agresi¨®n. La tasa de reincidencia del programa es apenas del 4%. Tambi¨¦n hay experiencias en otros pa¨ªses de la regi¨®n, como Bolivia.

Cambiar la premisa de la Ley del tali¨®n tendr¨¢ que pasar por el Congreso de la Rep¨²blica. La que por ahora es una propuesta lanzada al aire, pero por el Ministro del ramo, se incluir¨¢ el pr¨®ximo a?o en un proyecto de reforma penal del Gobierno Petro. ¡°En la medida que haya una apropiaci¨®n de la gente, que encuentren esta propuesta responsable, sensata y no riesgosa para la seguridad ciudadana, la pol¨ªtica podr¨ªa ser acogida por el Congreso¡±, opina el abogado y senador Guido Echeverri, quien defiende los derechos humanos de los presos. ¡°El perd¨®n es m¨¢s saludable que la venganza¡±, puntualiza el ministro Osuna, quien parece estar dispuesto a demostrar que el modelo actual no est¨¢ escrito en piedra.

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