La JEP abre un caso para investigar todos los delitos cometidos por alianzas de militares y paramilitares

La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), una justicia transicional que pact¨® el Estado colombiano con las extintas FARC en 2016, investigar¨¢ todas las conductas del fen¨®meno conocido como paramilitarismo, la alianza de militares, polic¨ªas u otros agentes del Estado con grupos civiles para luchar contra las guerrillas de izquierda, hacer justicia privada e incluso despojar tierras para fines privados. Este martes en la ma?ana su Sala de Reconocimiento de la Verdad, encargada de iniciar las investigaciones que ha agrupado en macrocasos tem¨¢ticos, anunci¨® que abre uno para todos los hechos cometidos por esa alianza y que no est¨¦n en casos anteriores.

Ya hab¨ªa abierto uno sobre los asesinatos de civiles para hacerlos pasar como bajas en combate, conocidos como ¡°falsos positivos¡±, otro sobre el genocidio a miembros del partido de izquierda Uni¨®n Patri¨®tica, y tres m¨¢s sobre todos los cr¨ªmenes cometidos en el marco del conflicto armado en regiones particularmente azotadas por ¨¦l.

Este nuevo macrocaso, llamado oficialmente cr¨ªmenes cometidos por miembros de la fuerza p¨²blica, otros agentes del Estado, o en asociaci¨®n con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasi¨®n, o en relaci¨®n directa o indirecta con el conflicto armado colombiano, incluye preliminarmente poco m¨¢s de 72.000 v¨ªctimas, la gran mayor¨ªa (56.502) a manos de paramilitares. Las 15.710 v¨ªctimas de la fuerza p¨²blica, lo son de 8.345 homicidios, 2.904 de desplazamiento forzado, 1.638 de amenazas, 1.249 de tortura, y 1.136 de desaparici¨®n forzada. Todas cifras que recuerdan las dimensiones del conflicto y del actuar criminal de elementos del Estado en un conflicto que ha amainado (el 51% de esos delitos se dieron entre 2000 y 2009) pero no ha visto su fin.

La JEP pretende investigar los hechos no como conductas aisladas sino como parte de tres patrones. Es una mirada similar a la del macrocaso anterior, el abierto en julio pasado por delitos de las extintas FARC y que habr¨ªan dejado m¨¢s del el doble de v¨ªctimas (170.00) por tres grandes patrones criminales.

El primer patr¨®n, de lucha contra la insurgencia, agrupa los hechos que guardan relaci¨®n con las motivaciones denominadas por la Fiscal¨ªa como la ¡°radicalizaci¨®n de la lucha contrainsurgente y estigmatizaci¨®n de la poblaci¨®n civil¡±. ¡°Detr¨¢s de estas motivaciones estaba tambi¨¦n la pretensi¨®n de consolidar el control territorial mediante la victimizaci¨®n hacia civiles sospechosos de pertenecer o colaborar con las guerrillas de las Farc-EP, del ELN y del EPL¡±, seg¨²n el comunicado de prensa de la JEP. Se trata de los cr¨ªmenes m¨¢s asociados a una guerra llevada m¨¢s all¨¢ de sus l¨ªmites humanitarios.

El segundo, el de los intereses econ¨®micos particulares, es el que m¨¢s habla ya no de deshumanizaci¨®n de la guerra, sino de uso ego¨ªsta de ella, especialmente de parte de nuevos o viejos latifundistas que acapararon tierras y reforzaron la desigualdad en el campo colombiano. Se trata de ¡°hechos que est¨¢n motivados por el control de los intereses econ¨®micos del territorio, sus riquezas y al acaparamiento de tierras de pobladores rurales. Una parte importante de los cr¨ªmenes relacionados con la lucha contrainsurgente fueron funcionales para los intereses econ¨®micos de actores legales e ilegales, al permitir crear las condiciones para la extracci¨®n de recursos naturales, la expansi¨®n de la frontera agr¨ªcola y la incorporaci¨®n de nuevas tierras al mercado¡±.

La tercera gran pauta es lo que la JEP llama lucha ¡°por el control de la funci¨®n p¨²blica¡±, los delitos que cometieron para alimentar la alianza paramilitar tanto en t¨¦rminos econ¨®micos como sociopol¨ªticos. ¡°Buscaba la captura de rentas provenientes de la administraci¨®n estatal para el fortalecimiento de la estrategia de expansi¨®n y consolidaci¨®n regional y nacional de estructuras paramilitares, pero tambi¨¦n la posibilidad de ampliar sus bases sociales mediante el control de la oferta de servicios burocr¨¢ticos, electorales o de contrataci¨®n p¨²blica.¡±, explica la Sala en su comunicado.

Adem¨¢s de estos patrones, la Sala se enfocar¨¢ en cuatro regiones en las que operaron los paramilitares y que no est¨¢n cobijadas en los tres macrocasos regionales de la costa del Pac¨ªfico del Nari?o, el Urab¨¢ y el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, todas en le occidente del pa¨ªs. Es decir, algo as¨ª como las zonas m¨¢s afectadas por la guerra paramilitar que no estaban ya priorizadas en esos macrocasos. Estas nuevas zonas quedan en el centro o el oriente de Colombia. Son el llamado Gran Magdalena, la suma de los tres departamentos caribe del Magdalena, La Guajira y Cesar; los Montes de Mar¨ªa, tambi¨¦n en el Caribe; la zona al oriente de la cordillera que comprende el sur del departamento del Meta, el occidente del Caquet¨¢ y el Guaviare; y Antioquia y el Magdalena Medio, cuna del paramilitarismo.

Ya abierto el macrocaso, la Sala llamar¨¢ a rendir versi¨®n a agentes del Estado, incluyendo militares y polic¨ªas, que puedan haber cometido delitos directamente o que puedan tener responsabilidad en cr¨ªmenes ¡±ejecutados materialmente por paramilitares cuando comprometan la responsabilidad penal de la fuerza p¨²blica¡±. Al caso podr¨¢n comparecer voluntariamente militares o civiles, para someterse a la justicia transicional y no a la ordinaria (lo que les pone mayores compromisos de verdad y reparaci¨®n a cambio de sanciones menores).

La Sala inform¨® que ya se han sometido a ella 2.840 presuntos responsables, incluyendo 23 civiles. Una vez sometido, la justicia puede imputar acusaciones a los m¨¢ximos responsables, como hizo en julio a 16 militares y dos civiles por haber participado en 303 asesinatos en el macrocaso de falsos positivos. Los presuntos responsables tambi¨¦n pueden reconocer la existencia de delitos, como han hecho varios excomandantes de las FARC en el caso de los secuestros cometidos por la extinta guerrilla. Esto ¨²ltimo les abre las puertas a sanciones menos onerosas, siempre a cambio no solo de mantener ese compromiso con la verdad sino de reparar a sus v¨ªctimas.

La JEP tiene previsto abrir dos macrocasos m¨¢s: los cr¨ªmenes cometidos en contra de pueblos y territorios ¨¦tnicos; y la violencia sexual y otros cr¨ªmenes motivados por el g¨¦nero, sexo, orientaci¨®n o identidad de g¨¦nero de la v¨ªctima en el marco del conflicto. Esa justicia est¨¢ conformada por 38 magistrados en tres salas y un Tribunal para la Paz. No procesa todos los cr¨ªmenes cometidos, sino que prioriza los delitos m¨¢s graves y representativos del conflicto, y procesa a sus m¨¢ximos responsables siempre que sean excombatientes de las FARC o agentes del Estado, y a civiles cuando voluntariamente se someten a la JEP.

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