Un general retirado y otros 17 exmilitares reconocen haber asesinado civiles en Colombia

Un general retirado y otros 17 exmilitares admitieron su responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales de civiles, conocidos como falsos positivos. La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) los imput¨® cr¨ªmenes de guerra y de lesa humanidad por su participaci¨®n en el asesinato de 296 personas en los departamentos de Casanare, en el oriente de Colombia, as¨ª como en los vecinos Boyac¨¢, Meta y Arauca, regi¨®n fronteriza con Venezuela.

En julio pasado, el sistema de justicia transicional, encargado de juzgar los cr¨ªmenes m¨¢s graves cometidos durante el conflicto armado, hab¨ªa imputado a 22 miembros del Ej¨¦rcito, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles por haber participado en el asesinato de personas que hac¨ªan pasar como guerrilleros o delincuentes muertos en combates. Los imputados ten¨ªan hasta el 8 de noviembre para admitir o rechazar su responsabilidad.

Uno de los altos oficiales que acept¨® su participaci¨®n en los cr¨ªmenes es el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, que fue el comandante de la XVI Brigada del Ej¨¦rcito, en Casanare, entre diciembre de 2005 y junio de 2007. Torres reconoci¨® ante la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz su m¨¢xima responsabilidad en los casos de falsos positivos como ¡°autor mediato de cr¨ªmenes de lesa humanidad, de asesinato y de desaparici¨®n forzada de personas¡±. Lo mismo aceptaron el teniente coronel (r) Henry Hern¨¢n Acosta Pardo, quien fue comandante del Batall¨®n de Infanter¨ªa No. 44 Ram¨®n Nonato P¨¦rez, y el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, quien fue comandante del Gaula de Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007. Tambi¨¦n lo reconocieron otros suboficiales.

La Sala de Reconocimiento de la JEP comprob¨® que estos militares trabajaban como una organizaci¨®n criminal que planeaba, ejecutaba y encubr¨ªa el asesinato de personas inocentes para presentarlas como ¡°bajas en combate¡±, lo que les val¨ªa reconocimientos, premios e incluso contaba para los ascensos en el escalaf¨®n militar. ¡°Entre los cr¨ªmenes documentados hay v¨ªctimas asesinadas en situaci¨®n de total indefensi¨®n¡±, dijo en julio el magistrado de la JEP, ?scar Parra.

En este caso se evidenci¨® que los responsables no solo comet¨ªan los asesinatos y les pon¨ªan armas y falsos uniformes, sino que ten¨ªan un ¡°kit de legalizaci¨®n¡± para que las muertes quedaran contabilizadas como resultados en combates. Tambi¨¦n, que entre las v¨ªctimas hubo nueve mujeres, una de ellas en embarazo, dos que eran trabajadoras sexuales y un joven con orientaci¨®n sexual diversa. Se trata de un caso emblem¨¢tico en el que, por primera vez, la JEP imput¨® un crimen de lesa humanidad por razones de g¨¦nero y el crimen de guerra de utilizaci¨®n de ni?os porque los militares usaron a menores de edad como reclutadores o como se?uelo para enga?ar a las v¨ªctimas.

La JEP ha dimensionado la magnitud de los ¡°falsos positivos¡± y ha aportado una cifra escalofriante: militares y agentes del Estado asesinaron a al menos 6.402 personas para presentarlos como bajas en combate entre 2002 y 2008. La admisi¨®n de responsabilidad de estos altos oficiales supone una ratificaci¨®n de los hechos que han negado sistem¨¢ticamente algunos sectores de la derecha.

Estos cr¨ªmenes, que en su mayor¨ªa ocurrieron entre 2002 y 2008, tambi¨¦n aparecen documentados en el Informe final de la Comisi¨®n de la Verdad que el expresidente ?lvaro Uribe ha criticado. Seg¨²n las cartillas alternativas sobre la memoria que difunde el uribismo, los falsos positivos no fueron una pol¨ªtica de Estado. ¡°En las Fuerzas Armadas circula la versi¨®n privada, que no sostienen en p¨²blico, seg¨²n la cual muchos falsos positivos se dieron sobre personas que estaban en grupos ilegales¡±, escribe al poner en duda la inocencia de las personas asesinadas.

Ante la JEP se han sometido 3.482 miembros de la fuerza p¨²blica, entre ellos soldados y generales, incluido el exjefe del Ej¨¦rcito, Mario Montoya. Comparecen ante esta justicia que les otorga beneficios jur¨ªdicos como libertad condicionada si dan informaci¨®n que contribuya a esclarecer los delitos.

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