La solicitud de Petro a la CIDH para proteger a Castillo no tiene c¨®mo prosperar

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha vuelto el jueves a mostrar su afinidad con la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ha solicitado en sus redes sociales que el organismo de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) expida medidas cautelares ¡°en favor¡± del exmandatario peruano Pedro Castillo, destituido el pasado mi¨¦rcoles. Adem¨¢s, ha afirmado que la Convenci¨®n Americana sobre Derechos Humanos es ¡°el gran pacto latinoamericano¡± que la regi¨®n necesita para salir adelante. No obstante, el sistema interamericano de justicia no est¨¢ en la misma sinton¨ªa: la CIDH hab¨ªa cuestionado antes el frustrado intento de Castillo de disolver el Congreso para mantenerse en el poder. Y hab¨ªa reconocido ¡°la respuesta democr¨¢tica¡± de las instituciones peruanas. En ning¨²n momento expres¨® preocupaci¨®n por los derechos potencialmente violados del expresidente.

Petro conoce bien el sistema interamericano de justicia, encargado de promover el respeto de los derechos humanos por los pa¨ªses que integran la OEA. Recurri¨® a ¨¦l en 2013 cuando la Procuradur¨ªa lo destituy¨® como alcalde de Bogot¨¢ por fallas en la implementaci¨®n de un nuevo modelo de aseo. La Corte IDH le dio la raz¨®n en 2020: declar¨® que el Estado colombiano hab¨ªa violado sus derechos pol¨ªticos y que deb¨ªan eliminarse las facultades de la entidad implicada para destituir funcionarios electos por voto popular.

El presidente presenta similitudes entre su caso, el de Castillo y los de otros l¨ªderes latinoamericanos. ¡°Por ser profesor de la Sierra y presidente de elecci¨®n popular fue arrinconado desde el primer d¨ªa¡±, declar¨® en redes sociales. El Legislativo peruano, seg¨²n Petro, vulner¨® los derechos a ¡°a elegir y ser elegido¡± y a tener un tribunal independiente. Y avanz¨® por una senda que revivieron los ¡°golpes parlamentarios¡± que destituyeron al expresidente hondure?o Manuel Zelaya en 2009 y al paraguayo Fernando Lugo en 2012. ¡°Es el camino de la eliminaci¨®n del contrincante, irrespetando las decisiones populares en las urnas. Ese es el camino que acab¨® con [Salvador] Allende y sumi¨® las Am¨¦ricas en la dictadura¡±, agreg¨® antes de se?alar que Castillo ¡°se equivoc¨®¡± al disolver el Congreso.

Pero los casos de Petro y de Castillo son distintos. La experta en derecho constitucional Catalina Botero remarca por tel¨¦fono que la Procuradur¨ªa es un organismo administrativo sin garant¨ªas de independencia o imparcialidad, mientras que el Congreso es una entidad pol¨ªtica facultada para realizar un juicio pol¨ªtico. Botero explica que la ¡°p¨¦rdida de confianza¡± es una figura reconocida en la constituci¨®n peruana y que Castillo atent¨® contra el orden constitucional. ¡°A¨²n si se hubiesen cumplido condiciones para revocar el Congreso, en ninguna parte se reconocen facultades para reorganizar el poder judicial¡±, comenta en referencia a otra de las medidas que lleg¨® a anunciar el entonces presidente.

Adem¨¢s, las decisiones de Castillo fueron consideradas como un golpe de Estado por toda la institucionalidad peruana: la Defensor¨ªa del Pueblo, la Fiscal¨ªa, la Corte Constitucional, las Fuerzas Armadas y la Polic¨ªa. Tambi¨¦n por entidades internacionales, como la CIDH que las conden¨® como ¡°contrarias al orden constitucional¡±. ¡°La Comisi¨®n reconoce la actuaci¨®n inmediata de las instituciones del Per¨² en defensa de la democracia para evitar la concreci¨®n del quiebre institucional¡±, se lee en su comunicado. En ninguna parte expresa preocupaci¨®n por los derechos del exmandatario y ha preferido no pronunciarse sobre el mensaje de Petro, tras ser consultada por este peri¨®dico.

En todo caso, el sistema interamericano de justicia no act¨²a a trav¨¦s de medidas preventivas. Walter Ar¨¦valo, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, comenta por tel¨¦fono que no se han vulnerado los derechos del expresidente peruano. ¡°En un futuro procedimiento penal es que Castillo tiene derecho a una serie de garant¨ªas. Una medida cautelar se puede solicitar en ese momento, si las garant¨ªas se vulneran y se agotan las instancias pertinentes en Per¨²¡±, resalta.

M¨¢s all¨¢ del caso de Castillo, Petro ha dicho que le apuesta a la Convenci¨®n Interamericana de Derechos Humanos como la gran soluci¨®n para Am¨¦rica Latina. Seg¨²n sus mensajes en Twitter, es el gran pacto que necesita la regi¨®n para avanzar en un ¡°un camino pac¨ªfico, s¨®lido y democr¨¢tico¡±. En eso coincide Botero, aunque matiza: ¡°Tiene que haber voluntad pol¨ªtica de mantenerse fieles a esos principios, m¨¢s all¨¢ de las ideolog¨ªas¡±. Ar¨¦valo agrega que el sistema que construy¨® la regi¨®n ya es eficiente jur¨ªdicamente. Para ¨¦l, los Estados deben aumentar el financiamiento, pero no hay reformas significativas que sean necesarias.

¡°Las instituciones peruanas saben que est¨¢n siendo observadas y que la Comisi¨®n tiene competencia sobre el Per¨². Van a estar atentos a cumplir¡±, comenta el profesor, que tambi¨¦n es presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. La integridad f¨ªsica y los derechos de Castillo, que ha solicitado asilo pol¨ªtico en M¨¦xico, no parecen estar en peligro.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del pa¨ªs.