Petro aprovecha las tierras incautadas a los narcos como laboratorio de su reforma agraria

Para llegar hasta la finca Pontevedra, un predio de 1.200 hect¨¢reas confiscadas a una banda del narcotr¨¢fico en el departamento de C¨®rdoba, hay que recorrer las m¨¢s de dos horas de carretera que la separan de Monter¨ªa, la capital departamental. La primera hora en una v¨ªa pavimentada, y la segunda en un camino polvoriento que corta un paisaje f¨¦rtil, con ¨¢rboles y pastizales a ambos lados del camino. Hasta ese sector de Planeta Rica lleg¨® el pasado viernes una delegaci¨®n de una docena de congresistas y el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para hacer la entrega formal de los terrenos a 120 familias campesinas, una suerte de laboratorio de la reforma agraria que ha prometido el presidente Gustavo Petro. El emotivo evento, animado por un conjunto de porro y una olla comunitaria bajo el implacable sol del mediod¨ªa, se antoja como una cuota inicial del cambio que les ha prometido el Gobierno.

La SAE destinar¨¢ el terreno a lo que el Gobierno ha bautizado como una ¡°alianza p¨²blica popular¡± para que la organizaci¨®n campesina lo ponga a producir. ¡°Cuando labramos tierra, cuando producimos alimento, estamos generando paz, estamos generando un cambio para la sociedad, para nuestros ni?os¡±, dice Marjorie Ramos, uno de los varios oradores de la jornada, mayoritariamente mujeres, que pertenecen a la Asociaci¨®n Campesina para el Desarrollo del Alto Sin¨², Asodecas, compuesta por unas 7.500 personas, cerca de la mitad de ellos v¨ªctimas del conflicto armado. Ella se propone sacar adelante un proyecto productivo de cacao y hortalizas. Muchas familias provienen de los Montes de Mar¨ªa y han sufrido las m¨²ltiples violencias que se han cebado con esta regi¨®n de Colombia. Incluso acompa?aron los di¨¢logos de La Habana que desembocaron en el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC.

¡°Por a?os hemos trabajado la tierra pero nunca ha sido de nosotros¡±, le dice a este peri¨®dico Tatiana Ortega, de 38 a?os, otra de las l¨ªderes de la asociaci¨®n, conmovida al borde de las l¨¢grimas. Relata c¨®mo sali¨® desplazada de su hogar en Tierralta a los 14, y c¨®mo tiene familiares que han ca¨ªdo v¨ªctimas de una violencia que a¨²n no cesa. Su plan es cultivar cacao, acompa?ado de emprendimientos de m¨¢s corto plazo como gallinas ponedores y piscicultura. ¡°Se siente como si el coraz¨®n se fuera a salir del pecho¡±, dice sobre la entrega del terreno en el que ya se instalaron.

Pontevedra, con un aval¨²o de m¨¢s de 2.000 millones de pesos (m¨¢s de 400.000 d¨®lares) y un valor comercial que puede quintuplicar esa cifra, fue confiscada a Juan Jos¨¦ Valencia Zuluaga, alias Falc¨®n, un miembro del Clan del Golfo, la mayor banda del narcotr¨¢fico del pa¨ªs y al que ya se le hab¨ªan incautado dos autom¨®viles Ferrari. Es el segundo terreno entregado a familias campesinas en C¨®rdoba. El primero fue la Hacienda Tam¨¦sis, 590 hect¨¢reas incautadas a un jefe paramilitar y destinadas a 50 familias campesinas, en octubre. ¡°Aqu¨ª arranca un proceso¡±, dijo entonces el presidente Petro. ¡°Este proceso de reforma agraria tiene que cobrar una velocidad tal que, cuando lleguemos al ¨²ltimo d¨ªa de Gobierno, estemos en el m¨¢ximo¡±, subray¨®. El Ejecutivo trabaja en la entrega de decenas de predios m¨¢s.

La Sociedad de Activos Especiales, rodeada por m¨²ltiples esc¨¢ndalos desde hace a?os, administra los bienes y sociedades incautadas a organizaciones del narcotr¨¢fico y luego convertidas en propiedades del Estado a trav¨¦s de la figura legal de la extinci¨®n de dominio. Ha llegado a ser calificada como la inmobiliaria m¨¢s grande del pa¨ªs, con m¨¢s de 20.000 inmuebles, pero su inventario ha sido constante motivo de controversias.

¡°A partir de hoy, todos los bienes en extinci¨®n de dominio de la SAE pasar¨¢n a ser la base de una nueva econom¨ªa productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de j¨®venes productivos y por las asociaciones populares femeninas¡±, asegur¨® Petro el mismo d¨ªa de su posesi¨®n, el pasado 7 de agosto. Al frente nombr¨® al economista Daniel Rojas, el coordinador program¨¢tico de la campa?a del Pacto Hist¨®rico y, despu¨¦s del triunfo en las urnas, coordinador del equipo de empalme con el Gobierno saliente de Iv¨¢n Duque. Toda una declaraci¨®n de intenciones.

El mandatario tambi¨¦n ha prometido con insistencia que va a hacer una reforma agraria ¡°por las buenas¡±. Su Administraci¨®n se propone comprar tierra incluso a precio comercial, y hace unas semanas anunci¨® un acuerdo con Federaci¨®n Nacional de Ganaderos, Fedeg¨¢n, con la meta de adquirir las m¨¢s tres millones de hect¨¢reas que el acuerdo de paz con las FARC prev¨¦ para entregar a campesinos que no tienen acceso a la tierra. Otros gremios del sector agropecuario quisieran sumarse a la iniciativa.

¡°Nuestra labor es hacer que estos activos que hac¨ªan parte de las econom¨ªas ilegales pasen ahora no solamente a la legalidad, sino a la productividad¡±, explica Rojas, la cabeza de la SAE, orgulloso de un cambio en el uso de la tierra con un enfoque productivo. ¡°Nos hemos propuesto ser el laboratorio de las principales propuestas del programa de Gobierno. Y una de ellas es la reforma agraria¡±, a?ade. Ese programa de Gobierno pon¨ªa el acento, entre otras, en la econom¨ªa popular, las alianzas p¨²blico populares y generar ecosistemas productivos. La reforma agraria, concede Rojas, tiene como prop¨®sito democratizar m¨¢s de tres millones de hect¨¢reas, una meta muy por fuera del alcance de la SAE. ¡°Pero ponemos nuestro granito de arena¡±.

No hay una sola ley que concentre todos los prop¨®sitos de sacar adelante una reforma agraria. Son diferentes apuestas de pol¨ªtica p¨²blica en torno a un mismo objetivo, se?ala el representante David Racero, presidente de la C¨¢mara, quien acompa?¨® la entrega del viernes junto a otros legisladores de la coalici¨®n de Gobierno. El legislativo ha tramitado en estos meses proyectos importantes que tienen que ver con el tema rural, defiende, como la ley del campesinado como sujeto de derechos, la del derecho a la alimentaci¨®n o la Jurisdicci¨®n Agraria Especial, que es la posibilidad de que haya un tribunal espec¨ªfico para resolver los conflictos de tierras. ¡°Todo eso s¨ª pasa por el Congreso, que no puede aislarse de esa discusi¨®n de lo que el Gobierno nacional ha planteado como la gran reforma agraria¡±, explica. ¡°La posibilidad de canalizar bienes que estaban en manos de la mafia a los campesinos, muchos de ellos v¨ªctimas, es la foto m¨¢s bonita de lo que significa el Gobierno del Cambio¡±.

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