Los asesinatos de firmantes de la paz en Colombia, una crisis camino al exterminio

Carlos Mar¨ªn, exguerrillero de las FARC y congresista, no exagera cuando dice que los firmantes de la paz est¨¢n en riesgo de un exterminio, como ocurri¨® con la Uni¨®n Patri¨®tica en los a?os ochenta e inicios de los noventa. Seg¨²n la ONU, desde 2016, cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla firmaron el acuerdo, 355 hombres y mujeres que se acogieron al proceso y aceptaron dejar las armas, han sido asesinados. ¡°La muerte de un excombatiente era noticia hace cinco a?os, ya no lo es. El riesgo de que ya no preocupe, ni conmocione, es que termine convirti¨¦ndose en un exterminio como el de la Uni¨®n Patri¨®tica¡±, dice el Representante a la C¨¢mara por Comunes, el partido pol¨ªtico de los desmovilizados de las FARC.

El ¨²ltimo de sus excompa?eros de la guerrilla en ser asesinado fue Cristian Salinas, de 34 a?os. El 8 de enero, fue atacado a tiros por sicarios que lo dejaron malherido en una v¨ªa del Valle del Cauca. Muri¨® ese mismo d¨ªa en un hospital. Tras dejar las FARC, Salinas se hab¨ªa hecho l¨ªder comunitario y trabajaba con j¨®venes barristas. En la tribuna del Bar¨®n Rojo, la barra del Am¨¦rica de Cali, ya lo echan de menos. All¨ª se hizo conocido por promover el f¨²tbol en paz. A los excombatientes que han intentado liderar procesos con comunidades, los amenazan por no querer hacer parte de la guerra. ¡°Por su liderazgo social y su rol destacado en la comunidad, Cristian hab¨ªa sido objeto de m¨²ltiples persecuciones, hostigamientos, amenazas y estigmatizaci¨®n¡±, dec¨ªa Comunes sobre este ¨²ltimo asesinato.

Un informe de 2020 de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) se?alaba que la mayor¨ªa de los asesinados eran guerrilleros de bajo rango y poca escolaridad, entre los 25 y 44 a?os, atacados en lugares p¨²blicos, especialmente en las zonas rurales, y asesinados por disparos en la cabeza y el t¨®rax.

La JEP aseguraba que, como ocurre hasta ahora, casi todos los firmantes asesinados asum¨ªan alg¨²n rol de liderazgo o promov¨ªan proyectos productivos y campa?as de acceso a la tierra.

Mar¨ªn se?ala el incumplimiento de acuerdo como el principal obst¨¢culo para poder frenar la violencia contra los exguerrilleros. ¡°A estas alturas, seis a?os despu¨¦s de la firma, ya se deber¨ªa haber avanzado en la entrega y titulaci¨®n de tierras, en la protecci¨®n a todos los desmovilizados, pero hubo cuatro a?os que fueron desperdiciados, en los que no se hizo nada para avanzar¡±. La Misi¨®n de Verificaci¨®n de la ONU en Colombia revel¨® en un estudio divulgado a inicios de este mes que de los 355 excombatientes asesinados, 11 eran mujeres, 48 afrocolombianos y 33 ind¨ªgenas. La mayor¨ªa de cr¨ªmenes ocurrieron justamente en los territorios que se han priorizado para la implementaci¨®n del acuerdo de paz.

Sandra Ram¨ªrez, exmilitante de las FARC y ahora senadora de Comunes, dice que ha sido una frustraci¨®n para quienes firmaron el acuerdo llevar la cuenta de sus compa?eros muertos. ¡°Lamentamos que a¨²n tengamos que poner estas cuotas de sangre. Se siente mucho dolor. Nosotros hicimos este proceso de buena fe, ac¨¢ estamos, pero hay sectores que no quieren la paz¡±, dice. Ram¨ªrez fue delegada de la guerrilla en los di¨¢logos con el Gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana y cree que si todo lo que se pact¨® all¨ª se cumpliera, los firmantes no estar¨ªan tan desprotegidos. ¡°Es urgente la implementaci¨®n del acuerdo porque no hacerlo nos est¨¢ costando vidas. El Gobierno de Gustavo Petro ha dado muestras de querer hacerlo, pero hay que entender que un acuerdo de esas dimensiones no se cumple en seis meses¡±, dice. Denuncia que senadores de su partido, surgido tras el proceso de paz, han sido amenazados y obligados a extremar su seguridad. El miedo a morir de un balazo les recuerda la zozobra con la que viv¨ªan en los campamentos guerrilleros.

La protecci¨®n a los guerrilleros que dejaron las armas se pens¨® de manera colectiva. No se calcul¨® lo que pasar¨ªa cuando los firmantes decidieran a dejar los Espacios Territoriales de Capacitaci¨®n y Reincorporaci¨®n (ETCR) y empezaran a retornar a sus lugares de origen de manera individual. Alejo Vargas, director del centro de investigaci¨®n de paz de la Universidad Nacional de Colombia, estuvo a cargo, junto a su equipo de trabajo, del censo de la comunidad de las FARC que iniciaba el tr¨¢nsito hacia su vida civil tras dejar la guerrilla. Eran 13.000 y la mayor¨ªa, como era previsto dice Vargas, decidieron no quedarse en los ETCR .

¡°La seguridad que se pens¨® en el acuerdo era en funci¨®n de una protecci¨®n colectiva, a pesar de que advertimos que era altamente probable que hubiera gente que no quisiera mantenerse en los espacios territoriales y decidieran emprender caminos de forma individual¡±, cuenta el investigador, que reconoce que al Estado le resulta imposible poner un escolta por cada desmovilizado. La ONU ha dicho que m¨¢s de 10.000 de los 13.600 exintegrantes de las FARC que se acogieron al proceso viven fuera de estos lugares.

El proceso de reincorporaci¨®n de las FARC ha sido dif¨ªcil por la violencia y por las pocas oportunidades que han tenido debido a su bajo nivel educativo. Vargas menciona de nuevo el censo para se?alar que la mayor¨ªa de desmovilizados eran campesinos que apenas sab¨ªan leer y escribir. ¡°Las opciones para ellos sigue siendo muy limitadas, algunos solo hab¨ªan llegado a primaria¡±. Cuando volvieron al campo, muchos fueron asesinados.

En los cinco meses que lleva Gustavo Petro como presidente, nueve firmantes del acuerdo de paz han muerto de forma violenta. El Gobierno ha anunciado una campa?a contra de la estigmatizaci¨®n de excombatientes y l¨ªderes sociales, y la Unidad Nacional de Protecci¨®n ha anunciado atender ¡°con prontitud¡± las solicitudes de los desmovilizados en situaci¨®n de riesgo.

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