La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia por el exterminio de la Uni¨®n Patri¨®tica

M¨¢s de 30 a?os de litigio, de espera, culminaron este lunes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos conden¨® al Estado colombiano por el exterminio de m¨¢s de 6.000 integrantes y militantes de la Uni¨®n Patri¨®tica, un partido pol¨ªtico de izquierda que surgi¨® de unas negociaciones de paz entre el Gobierno y la ya desaparecida guerrilla de las FARC, y que fue eliminado a punta de violencia en los a?os 80 y 90 del siglo XX.

¡°El Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de m¨¢s de 6.000 v¨ªctimas integrantes y militantes del partido pol¨ªtico Uni¨®n Patri¨®tica (¡°UP¡±) a partir de 1984 y por m¨¢s de veinte a?os¡±, indica la Corte IDH. Con esas palabras zanj¨® una controversia jur¨ªdica que ten¨ªa empantanado el proceso. El Estado colombiano hab¨ªa aceptado parcialmente su responsabilidad en estos hechos, pero hab¨ªa una controversia por el ¡°universo de v¨ªctimas¡±. Solamente hab¨ªa hecho reconocimiento internacional sobre hechos que afectaban a 219 v¨ªctimas, pero no acerca de las 6.000 que se han documentado.

Las diferencias tambi¨¦n radicaban en si la responsabilidad del Estado era indirecta. En su condena, la Corte IDH ha dicho con claridad que ¡°de los hechos que vulneraron las obligaciones internacionales, se superponen formas responsabilidad directa que se desprenden tanto de la participaci¨®n directa de agentes estatales y de actores no estatales¡±; que esto ocurri¨® en diferentes momentos de los hechos de violencia contra los integrantes de la UP; y que hubo ¡°diversos mecanismos de tolerancia, aquiescencia y colaboraci¨®n para que ¨¦stos sucedieran¡±, seg¨²n indica el comunicado.

La UP naci¨® en 1985 de las negociaciones de paz frustradas entre las FARC y el Gobierno de Belisario Betancur. R¨¢pidamente comenzaron a tener una presencia pol¨ªtica fuerte en todo el territorio nacional y en 1986 llegaron a tener 15 parlamentarios. Pero al mismo tiempo arreci¨® la violencia paramilitar contra ellos. Hoy se sabe, y lo confirma la CIDH, se trat¨® de una ¡°alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la pol¨ªtica tradicional, de la fuerza p¨²blica y de los grupos empresariales¡± que se unieron para aniquilarlos. Dos candidatos presidenciales de su formaci¨®n pol¨ªtica, Jaime Pardo Leal y su sucesor, Bernardo Jaramillo, fueron asesinados en los a?os 80.

La violencia contra ellos no solo fue f¨ªsica sino que tambi¨¦n acab¨® las posibilidades de asociaci¨®n como grupo pol¨ªtico. En esta condena la Corte IDH afirma que tambi¨¦n les violaron el reconocimiento a la personer¨ªa jur¨ªdica. En 2002 el Consejo Nacional Electoral (CNE) les retir¨® la personer¨ªa al no conseguir curules suficientes. Era imposible, sus candidatos hab¨ªan sido asesinados. En 2013, el CNE reverti¨® esa decisi¨®n y en 2015 participaron de nuevo en elecciones. Hoy mantienen la personer¨ªa y son parte de la coalici¨®n de izquierdas llamada Pacto Hist¨®rico.

Algunos de los sobrevivientes y familiares de los asesinados han reaccionado a la condena. La actual ministra de cultura, Patricia Ariza, quien perteneci¨® a esta formaci¨®n pol¨ªtica, dijo que era un d¨ªa memorable. ¡°Soy sobreviviente y llevo en mi coraz¨®n a todos los asesinados. La memoria, la justicia y el afecto hacen parte de la reparaci¨®n¡±, escribi¨®.

Algo similar al senador Iv¨¢n Cepeda, cuyo padre, Manuel Cepeda fue asesinado. ¡°Es una sentencia que, sin lugar a dudas, hace justicia a tres d¨¦cadas de lucha y que se constituye en un precedente para que no se vuelva a producir un genocidio pol¨ªtico en Colombia¡±, dijo a trav¨¦s de un video y record¨® que la condena dicta una serie de medidas de reparaci¨®n.

Entre ellas, la Corte IDH asegura que se deber¨¢ impulsar, en un plazo no mayor de 2 a?os, investigaciones que esclarezcan la verdad de estos cr¨ªmenes, realizar una b¨²squeda de los desaparecidos; dar tratamiento m¨¦dico y psicol¨®gico a las v¨ªctimas que lo soliciten y realizar un acto p¨²blico de reconocimiento de responsabilidad internacional. El Estado tambi¨¦n deber¨¢ crear un d¨ªa nacional en conmemoraci¨®n de las v¨ªctimas de la Uni¨®n Patri¨®tica, construir un monumento en memoria de los asesinados y poner placas en al menos 5 lugares p¨²blicos para recordarlos. El Tribunal tambi¨¦n ordena que se haga un documental ¡°sobre la violencia y estigmatizaci¨®n contra la Uni¨®n Patri¨®tica¡± y foros acad¨¦micos que se centren en la estigmatizaci¨®n que han sufrido estos militantes.

Adem¨¢s de esas actividades, el Estado tendr¨¢ que informar a l CIDH c¨®mo va a proteger o mejorar los mecanismos de protecci¨®n existentes a dirigentes de la UP; y finalmente pagar las ¡°cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por da?os materiales e inmateriales¡±.

El ministro de justicia N¨¦stor Osuna dijo que acatar¨¢n el fallo. ¡°La sentencia de la Corte Interamericana de DH sobre el exterminio de la UP nos llama a reflexionar sobre la sociedad que fuimos y que no podemos volver a ser, nunca m¨¢s¡±, asegur¨®.

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