Sin paz urbana no hay paz total

La paz total, apuesta central del Gobierno de Gustavo Petro, solo lograr¨¢ su meta si incluye a los combos, bandas y dem¨¢s grupos criminales urbanos ¡ªy ese puede ser su reto m¨¢s complejo. La paz total busca acabar, mediante una estrategia a diferentes niveles, con las principales din¨¢micas de violencia colectiva que sufre la sociedad colombiana, involucrando procesos de negociaci¨®n pol¨ªtica con el ELN, ¨²nica guerrilla que hoy opera en el pa¨ªs, as¨ª como desarrollar procesos de sometimiento a la justicia con grandes estructuras criminales dedicadas a todo tipo de actividades delictivas, principalmente del narcotr¨¢fico, y definir un plan de acci¨®n para buscar la desactivaci¨®n de los dos grandes grupos armados que ideol¨®gicamente tienen su origen en las ya desmovilizadas guerrillas de las FARC, pero que cada d¨ªa se ven m¨¢s involucradas en din¨¢micas de criminalidad. Como se observa, es una pretensi¨®n ambiciosa, compleja, dif¨ªcil, pero que busca no repetir los procesos de desmovilizaci¨®n parciales que ha vivido Colombia desde comienzos de la d¨¦cada de 1990, en que a la desaparici¨®n de los grupos armados le sucede una larga historia de disidencias y rearmes.

En la mayor¨ªa de las ciudades colombianas, las din¨¢micas de violencia no tienen su origen en organizaciones y expresiones del conflicto pol¨ªtico armado, sino que son protagonizadas por redes de organizaciones dedicadas a actividades delictivas, tanto de narcotr¨¢fico como de extorsi¨®n, robo y, principalmente, de microtr¨¢fico. En un pa¨ªs que hoy es principalmente urbano, con cerca del 80% de la poblaci¨®n viviendo en localidades de m¨¢s de 10.000 habitantes, el peso de estas din¨¢micas de violencia se vuelve un asunto central que marca la vida de la inmensa mayor¨ªa de la poblaci¨®n colombiana, y explica por qu¨¦ es fundamental que en una estrategia integral de paz se incluya la paz urbana como un componente central de la acci¨®n gubernamental.

Sin embargo, este es un tema muy dif¨ªcil de ser reconocido como un proceso leg¨ªtimo, ya que hay una fuerte postura al respecto que considera que con este tipo de organizaciones no puede haber ning¨²n tipo de negociaci¨®n, por sus prop¨®sitos criminales y por su impacto mayoritario en las acciones de violencia que ha vivido Colombia al menos en las ¨²ltimas cuatro d¨¦cadas. Por esto, hay algunas consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para buscar el prop¨®sito de su desarticulaci¨®n, pero al tiempo, que haya un mayor nivel de consenso sobre la legitimidad de esta negociaci¨®n.

Sin duda, lo primero que debe quedar claro para el Gobierno, las organizaciones criminales y la opini¨®n p¨²blica del pa¨ªs es que esta es una negociaci¨®n que no les reconoce como actores pol¨ªticos y, en consecuencia, que no se establecer¨¢ una agenda que incluya las dimensiones pol¨ªtica, econ¨®mica ni social con estas estructuras, salvo asuntos puntuales sobre la reinserci¨®n de los miles de j¨®venes que han encontrado en pertenecer a estas organizaciones, una alternativa para no seguir sumidos en la marginalidad y la falta de oportunidades. Esto parece que es lo que el alto comisionado de Paz denomina la dimensi¨®n sociojur¨ªdica de la negociaci¨®n.

El centro de la negociaci¨®n con los grupos criminales, principalmente urbanos, son las condiciones para su sometimiento a la justicia mediante una transacci¨®n de favorabilidad penal a cambio del fin de las estructuras y el desmantelamiento de las acciones criminales. Pero as¨ª mismo, especialmente en la perspectiva de lo que como sociedad debemos hacer para que el fen¨®meno de masividad criminal que hemos vivido en las ¨²ltimas d¨¦cadas no se repita y teniendo tambi¨¦n como centro a los miles de v¨ªctimas del pa¨ªs, la negociaci¨®n debe considerar mecanismos que garanticen de alguna forma el esclarecimiento de la verdad centrada en las condiciones que han permitido el crecimiento y perdurabilidad de un fen¨®meno criminal que, sin duda, ha permeado de manera transversal a la sociedad y a la institucionalidad colombiana.

Deber¨ªan as¨ª mismo incluirse mecanismos para la reparaci¨®n integral a las v¨ªctimas, usando para ello recursos que estas organizaciones deber¨¢n entregar, y establecer procedimientos para que se desarrollen procesos de reconocimiento de responsabilidades y dignificaci¨®n a las v¨ªctimas.

Finalmente, se deben establecer garant¨ªas para que esto signifique el fin real de las estructuras y sus din¨¢micas de criminalidad. No puede ser una negociaci¨®n para resolver los problemas jur¨ªdicos de algunos jefes, mientras las estructuras se mantienen, bajan de perfil o mutan en nuevas organizaciones delincuenciales, sino que debe establecerse un compromiso claro y verificable de su desmantelamiento.

La paz urbana es una aspiraci¨®n y una necesidad para millones de personas que viven cada d¨ªa bajo el mando de todo tipo de organizaciones violentas en Colombia. Pero es claro que es un proceso complejo, lleno de peligros y desaf¨ªos y el gobierno nacional debe considerar que la legitimidad de esta negociaci¨®n estar¨¢ basada en la transparencia de lo que se vaya acordando, y en la seriedad y compromiso de las organizaciones criminales de que deben actuar teniendo como fin su desaparici¨®n y un compromiso indudable con la verdad y la reparaci¨®n integral de sus v¨ªctimas.

*Max Yuri Gil Ram¨ªrez es profesor del Instituto de Estudios Pol¨ªticos de la Universidad de Antioquia.

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