La Fiscal¨ªa pide al Gobierno m¨¢s protecci¨®n para las v¨ªctimas en el proyecto de sometimiento a la justicia

La Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n le ha pedido este lunes al Gobierno que el proyecto de ley de sometimiento a la justicia incluya mayores protecciones a las v¨ªctimas de los grupos del crimen organizado. As¨ª lo ha informado el fiscal general, Francisco Barbosa, en declaraciones tras una reuni¨®n con el presidente de la Rep¨²blica, Gustavo Petro. ¡°Recomendamos que las v¨ªctimas no queden desprotegidas¡±, ha enfatizado. El pedido ha sido una de las nueve propuestas de cambios que ha realizado la entidad acusatoria al Ejecutivo, que present¨® el proyecto el pasado mi¨¦rcoles.

Barbosa ha expresado su satisfacci¨®n con que el Gobierno haya elaborado un proyecto de ley de sometimiento. Esto era algo con lo que la Fiscal¨ªa hab¨ªa insistido en enero, cuando la vicefiscal se neg¨® a levantar las ¨®rdenes de captura de los gestores de paz que propusieron el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, dos de las organizaciones ilegales que han dicho estar interesadas en lograr acuerdos bajo la pol¨ªtica de la paz total del Ejecutivo. ¡°No existe un marco normativo¡±, argument¨® entonces la entidad.

El proyecto propone penas de 6 a 8 a?os de c¨¢rcel y luego cuatro a?os de trabajo restaurativo para los capos que se comprometan a desmantelar sus estructuras criminales. El sometimiento, inspirado en el derecho estadounidense y en varias experiencias pasadas de Colombia, se diferencia de las negociaciones de paz que avanzan con el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN). Es una figura destinada a grupos que carecen de un car¨¢cter pol¨ªtico y se limita a otorgar beneficios judiciales, sin la agenda pol¨ªtica, social o militar de los di¨¢logos con las guerrillas.

Sin embargo, la entidad acusatoria considera que el proyecto no protege lo suficiente a las v¨ªctimas de estos grupos criminales. ¡°No se encuentra el esquema de reparaci¨®n de v¨ªctimas y su rol en los procesos. Hay una gran indeterminaci¨®n alrededor de la reparaci¨®n¡±, ha declarado Barbosa. El texto establece que ¡°contribuir a la reparaci¨®n moral y simb¨®lica de las v¨ªctimas¡± en mecanismos de justicia restaurativa es uno de los requisitos para mantener un tratamiento penal diferenciado.

Hay otros ocho puntos, m¨¢s t¨¦cnicos, que preocupan al fiscal general. Uno de ellos es que el proyecto encarga los procesos de sometimiento a la Unidad Especial de Investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa. Seg¨²n Barbosa, esto es inconstitucional porque le quita facultades a ¨¦l y se las otorga al director de la Unidad. Su pedido al presidente ha sido que el texto se cambie para que la responsabilidad est¨¦ en la Fiscal¨ªa en su conjunto. ¡°El fiscal general de la Naci¨®n es qui¨¦n fija el criterio y la posici¨®n que se deben asumir en el ente investigador¡±, ha resaltado Barbosa.

Otro motivo de preocupaci¨®n es el art¨ªculo 46, que permite que se dicten sentencias complementarias para delitos que se conozcan despu¨¦s de la resoluci¨®n colectiva para cada grupo. La Fiscal¨ªa considera que esto viola el principio de cosa juzgada, seg¨²n el cual no se puede reabrir un proceso por el que una persona o grupo ya ha sido juzgado. ¡°?Cu¨¢l es la firmeza de la sentencia [en ese caso]?¡±, ha cuestionado Barbosa.

Adem¨¢s, el fiscal ha expresado su preocupaci¨®n por delitos que conozca la entidad a su cargo pero no est¨¦n en las actas. Por ello, le ha hecho dos pedidos al Ejecutivo. El primero es que no limite la formulaci¨®n de las imputaciones a los delitos que se?alen las personas que firmen los acuerdos, para que la entidad acusatoria pueda corroborar los hechos revelados y verificar que no haya otros. El segundo es expandir los tiempos procesales para que esto pueda realizarse adecuadamente. Barbosa considera prioritario evitar que los beneficiarios sean investigados paralelamente por delitos no reconocidos en la sentencia colectiva.

Dos de los puntos restantes incluyen modificaciones a c¨®mo se aplica el principio de oportunidad, que permite a la Fiscal¨ªa abandonar investigaciones por delitos de escasa gravedad cuando el investigado acepta cargos m¨¢s graves. Barbosa le ha pedido a Petro que no se incluya el delito de concierto para delinquir por cr¨ªmenes graves porque la jurisprudencia establece la obligaci¨®n del Estado de investigar las violaciones a los derechos humanos. Adem¨¢s, ha solicitado que el beneficio se otorgue solamente en suspensi¨®n, condicionado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la justicia restaurativa.

Finalmente, hay dos ajustes adicionales que solicita Barbosa. La Fiscal¨ªa no quiere que se le asignen responsabilidades en la confecci¨®n de los listados y en la verificaci¨®n del cumplimiento de las obligaciones. ¡°No es nuestra funci¨®n¡±, ha resaltado el fiscal general. Asimismo, quiere que los topes de los bienes entregados a los beneficiarios se ajusten al C¨®digo de Extinci¨®n de Dominio.

Las preguntas de los periodistas han incluido la inc¨®gnita que a¨²n se mantiene sobre si las dos grandes disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ser¨¢n contempladas dentro de las negociaciones de paz tradicionales o en el sometimiento a la justicia. El Ejecutivo todav¨ªa no ha definido el tratamiento para el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, grupos aglutinados bajo las figuras de Iv¨¢n Mordisco e Iv¨¢n M¨¢rquez, respectivamente. La primera disidencia nunca firm¨® el acuerdo de paz de 2016, mientras que la segunda retom¨® las armas tras denunciar el incumplimiento del tratado por parte del Gobierno de Iv¨¢n Duque.

La respuesta del fiscal general ha mantenido la ambig¨¹edad. Para ¨¦l, la definici¨®n del estatus de cada disidencia es una facultad constitucional del presidente, a diferencia de casos de ¡°organizaciones paramilitares o narcotraficantes¡± en los que la Fiscal¨ªa neg¨® la suspensi¨®n de ¨®rdenes de captura. ¡°El presidente tiene la posibilidad de otorgar car¨¢cter pol¨ªtico a organizaciones para iniciar procesos de paz [...] La claridad depender¨¢ de si el presidente da valoraci¨®n pol¨ªtica a esas estructuras o no¡±, ha remarcado. No obstante, ha confirmado que ha respondido al pedido del Ejecutivo de levantar las ¨®rdenes de captura de los voceros del Estado Mayor Central, con un requerimiento para que se definan las condiciones de negociaci¨®n.

Al igual que en enero, Barbosa ha enfatizado que la paz total es una pol¨ªtica del Gobierno que la Fiscal¨ªa se limita a acompa?ar. ¡°El presidente de la Rep¨²blica hace una apuesta por la paz total. En la medida que nosotros podamos ser un instrumento de ayuda institucional, lo haremos¡±, ha remarcado. Para el fiscal, es esencial que se revisen los nueve puntos y evitar que la futura ley tenga problemas en la Corte Constitucional. Sin embargo, ha resaltado su apoyo a que la ley salga adelante: ¡°Mal har¨ªamos nosotros en voltearle la cara al pa¨ªs y decirle que queremos obstaculizar. Lo que queremos aqu¨ª es ayudar, apoyar¡±.

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