Del ¡°golpe blando¡± a las guerras jur¨ªdicas: la izquierda latinoamericana teme una justicia politizada

Los presidentes progresistas de Am¨¦rica Latina, o que se ufanan de serlo, se quejan con frecuencia de algunas decisiones judiciales. En un pasaje particularmente convulso de sus diez meses en el poder, el colombiano Gustavo Petro, que ya hab¨ªa alertado de una posible conspiraci¨®n de los militares para derrocarlo, denunci¨® esta semana un ¡°golpe blando¡± que amenaza con diezmar en el Congreso al Pacto Hist¨®rico, la coalici¨®n de izquierdas que lo llev¨® al poder, mientras las grandes reformas legislativas que se propone siguen atascadas. Casi al tiempo, el mexicano Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador calificaba de ¡°golpe de Estado t¨¦cnico¡± los fallos que buscan frenar las obras de infraestructura insignias de su Administraci¨®n.

La ambig¨¹edad del mensaje de Petro ¨Cque seg¨²n explic¨® despu¨¦s se refer¨ªa a decisiones de la Procuradur¨ªa y no de las cortes¨C provoc¨® cr¨ªticas y confundi¨® a propios y extra?os, pero ilustra las suspicacias que han hecho carrera. La idea de una justicia politizada ha adquirido dimensiones regionales. En medio de los vientos de cambio que ha tra¨ªdo una nueva camada de izquierdas en Am¨¦rica Latina, en varios pa¨ªses hablan de persecuciones jur¨ªdicas que se ceban con los Gobiernos de la nueva ola rosa. El encuentro del Grupo de Puebla que reuni¨® a finales del a?o pasado a m¨¢s de un centenar de dirigentes progresistas iberoamericanos en Santa Marta, en el Caribe colombiano, ya discut¨ªa en su agenda el concepto que en el mundo anglosaj¨®n se conoce como lawfare.

En ese c¨®nclave, la expresidenta brasile?a Dilma Rousseff, ella misma destituida por el Congreso de su pa¨ªs en 2016, denunciaba ¡°el uso de instrumentos jur¨ªdicos para destruir presidentes¡±, mientras el exmandatario colombiano Ernesto Samper criticaba la ¡°politizaci¨®n de la justicia¡± que se ha ¡°ensa?ado¡± con l¨ªderes como el hoy presidente Luiz In¨¢cio Lula da Silva, impedido de concurrir en las elecciones de 2018 por encontrarse preso ¨Csus procesos despu¨¦s fueron anulados por la justicia¨C. En casos muy disimiles, los l¨ªderes del Grupo de Puebla, que han venido trabajando sobre el tema, denuncian las ¡°guerras jur¨ªdicas¡± que han afectado a dirigentes como Lula, Dilma, el ecuatoriano Rafael Correa o el boliviano Evo Morales. Tambi¨¦n arroparon en marzo a la argentina Cristina Kirchner, y el grupo incluso ha creado un equipo especializado de juristas para trabajar los distintos casos que incluye al espa?ol Baltasar Garz¨®n y al argentino Eugenio Ra¨²l Zaffaroni.

El de Petro cuando era alcalde de Bogot¨¢ es considerado una caso emblem¨¢tico de lawfare. El entonces procurador encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios, Alejandro Ord¨®?ez, un ultraconservador lefebvrista de ret¨®rica incendiaria, famoso por su visi¨®n cat¨®lica del Estado, lo destituy¨® e inhabilit¨® por 15 a?os por fallas en la implementaci¨®n de un nuevo modelo de aseo en la capital colombiana. Petro consigui¨® medidas cautelares a su favor en el sistema interamericano de justicia, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la raz¨®n en 2020, cuando declar¨® que el Estado colombiano hab¨ªa violado sus derechos pol¨ªticos y que deb¨ªan eliminarse las facultades de la Procuradur¨ªa para destituir funcionarios electos por voto popular.

¡°Las guerras jur¨ªdicas son un instrumento de utilizaci¨®n pol¨ªtica de la justicia¡±, dice Samper, uno de los principales articuladores del Grupo de Puebla junto al chileno Marco Enr¨ªquez-Ominami y al brasile?o Aloizio Mercadante, al que Lula encomend¨® dirigir el Banco de Desarrollo de Brasil. ¡°Es una manera de ataque que ha encontrado especialmente la derecha para cuestionar, dificultar, obstaculizar o inclusive romper la posibilidad de que haya personajes progresistas que puedan avanzar en la pol¨ªtica¡±, apunta en di¨¢logo con este peri¨®dico. Las guerras jur¨ªdicas apuntan a causar da?os reputacionales, pol¨ªticos y jur¨ªdicos. ¡°Todas las municiones del lawfare tienen que ver con la afectaci¨®n del debido proceso¡±, sea la presunci¨®n de inocencia, el derecho a la defensa o la segunda instancia. A las guerras jur¨ªdicas, a?ade Samper, se pueden sumar otras estrategias como sembrar desconfianza alrededor de la econom¨ªa o fomentar la sensaci¨®n de inestabilidad institucional con el objetivo de eliminar las bases de gobernabilidad. Un repaso al panorama de algunos pa¨ªses de la regi¨®n.

Del ¡®impeachment¡¯ al asalto bolsonarista

En Brasil, la hip¨®tesis de un golpe, que sobrevol¨® los cuatro a?os del Gobierno de Jair Bolsonaro, se hizo realidad el 8 de enero en Brasilia. Ese d¨ªa, una semana despu¨¦s de la toma de posesi¨®n de Luiz In¨¢cio Lula da Silva, miles de bolsonaristas radicales entraron por la fuerza en el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto (la sede del Gobierno) y el Tribunal Supremo. La movilizaci¨®n de la extrema derecha, que llevaba semanas acampada pidiendo una intervenci¨®n de las Fuerzas Armadas, se qued¨® en intento golpista. A d¨ªa de hoy hay 1.044 personas imputadas, y Bolsonaro est¨¢ siendo investigado por presuntamente haber instigado a sus seguidores.

Adem¨¢s de la intentona golpista de la capital, en Brasil buena parte de la izquierda considera que el impeachment que la expresidenta Rousseff sufri¨® en 2016 fue un golpe parlamentario. El presidente Lula tambi¨¦n ech¨® mano de la tesis del lawfare para explicar su encarcelaci¨®n, que le impidi¨® participar en las elecciones de 2018. La divulgaci¨®n de las maniobras del entonces juez S¨¦rgio Moro y los fiscales para poder condenarle y el archivo de varias causas pendientes contribuy¨® a fortalecer su relato de que fue v¨ªctima de una persecuci¨®n jur¨ªdica que pretend¨ªa acabar con su carrera pol¨ªtica.

¡°Me quieren presa o muerta¡±

En Argentina la tesis sobre la persecuci¨®n judicial determina la confrontaci¨®n pol¨ªtica desde el comienzo de la investigaci¨®n del caso de corrupci¨®n por el que la vicepresidenta Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner fue sentenciada a seis a?os de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n perpetua. Aunque el fallo todav¨ªa no es firme, la n¨²mero dos del Gobierno ha tratado de instalar la idea de la proscripci¨®n. Esta semana lo dej¨® claro al afirmar, una vez m¨¢s, que sus adversarios pol¨ªticos, entre los que la dirigente incluye el sistema judicial, buscan apartarla de la escena pol¨ªtica. ¡°Me quieren presa o muerta¡±, escribi¨® en una larga carta publicada en sus redes sociales. Hac¨ªa referencia a dos acontecimientos.

En primer lugar, el intento de magnicidio que sufri¨® el pasado 1 de septiembre, el hecho m¨¢s grave que ha convulsionado Argentina en su historia reciente. La Fiscal¨ªa descart¨® que detr¨¢s del atentado hubiera un m¨®vil pol¨ªtico y decidi¨® terminar la instrucci¨®n sobre el ataque centr¨¢ndose en los tres autores materiales. En segundo lugar, Cristina Kirchner tambi¨¦n alud¨ªa a su situaci¨®n procesal. Un tribunal la conden¨® en diciembre por defraudaci¨®n al Estado y la absolvi¨® del delito de asociaci¨®n il¨ªcita. La vicepresidenta rechaz¨® en su momento el fall¨® con unas palabras dur¨ªsimas: ¡°Esta condena no es una condena por las leyes de la Constituci¨®n o el C¨®digo Penal. Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial¡±. Y este es el clima que permea la conversaci¨®n p¨²blica y la disputa entre partidos cuando faltan menos de cinco meses para las elecciones presidenciales.

¡°Golpe de Estado t¨¦cnico¡±

El presidente de M¨¦xico, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, mantiene desde hace a?os un pulso con un sector del aparato judicial al que considera vinculado al pasado pol¨ªtico del pa¨ªs. Esta semana, sin embargo, el mandatario fue m¨¢s all¨¢ en sus se?alamientos y acus¨® a los jueces de perseguir un ¡°golpe de Estado t¨¦cnico¡± contra su Gobierno. Se refer¨ªa a la resoluci¨®n de un juzgado federal que orden¨® suspender de forma definitiva la deforestaci¨®n en cuatro tramos del Tren Maya, una de las obras m¨¢s importantes de la Administraci¨®n y, como ninguna otra, emblema de su proyecto pol¨ªtico, la llamada Cuarta Transformaci¨®n.

L¨®pez Obrador asegur¨® en cualquier caso que no acatar¨¢ el fallo judicial y, por tanto, las obras continuar¨¢n. ¡°Van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque de acuerdo con la Constituci¨®n y las leyes tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo¡±, afirm¨®.

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