Del ¡°golpe blando¡± a las guerras jur¨ªdicas: el Pacto Hist¨®rico acusa una persecuci¨®n pol¨ªtica desde los organismos de control

El Gobierno de Gustavo Petro atraviesa, una vez m¨¢s, d¨ªas de v¨¦rtigo. La misma semana que comenz¨® con la ambigua denuncia presidencial de un ¡°golpe blando¡± acab¨® con un incendio pol¨ªtico por cuenta de una crisis palaciega que deriv¨® en un caso de escuchas ilegales y la salida de la jefe de gabinete y el embajador en Venezuela, Laura Sarabia y Armando Benedetti, dos de los m¨¢s cercanos colaboradores del primer presidente de izquierdas en la historia reciente de Colombia. En el medio, la bancada del Pacto Hist¨®rico, el movimiento que llev¨® a Petro al poder, decidi¨® acudir al sistema interamericano de justicia ante el temor de una persecuci¨®n pol¨ªtica de los organismos de control.

La menci¨®n presidencial de un ¡°golpe blando¡±, que en un primer momento parec¨ªa referirse a las altas cortes, se prestaba para m¨²ltiples interpretaciones y acab¨® por generar un aluvi¨®n de cr¨ªticas. Ya la senadora Piedad C¨®rdoba lo hab¨ªa usado en referencia a ¡°un clima artificioso de malestar social insostenible¡±, sin demasiados detalles. ¡°Cuando el mandatario utiliza de forma irresponsable un t¨¦rmino tan peligroso, siembra el p¨¢nico y sabotea su propia gobernabilidad. Es momento de menos trinos y m¨¢s mesura en la Casa de Nari?o¡±, le fustig¨® un editorial de El Espectador. Petro despu¨¦s insinu¨® que se refer¨ªa a decisiones de la Procuradur¨ªa y no de las altas cortes, pero el episodio qued¨® te?ido de confusi¨®n.

En una Am¨¦rica Latina que se fue poblando poco a poco de l¨ªderes progresistas, esas fuerzas le temen ahora a una justicia politizada. El encuentro del Grupo de Puebla que se celebr¨® en Santa Marta a finales del a?o pasado ya discut¨ªa el concepto de lawfare, o guerras jur¨ªdicas, con la presencia de expresidentes como la brasile?a Dilma Rousseff, el espa?ol Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero o Ernesto Samper.

Al encuentro tambi¨¦n asistieron numerosos congresistas del Pacto Hist¨®rico como Mar¨ªa Jos¨¦ Pizarro, Clara L¨®pez o David Racero, el presidente de la C¨¢mara de Representantes. Varios de esos rostros volvieron a aparecer esta semana cuando la bancada de Gobierno anunci¨® que acudir¨¢ a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares, como lo hizo Petro en su momento, pues consideran que la Procuradur¨ªa ha tomado decisiones para las que no tiene competencia, como destituir congresistas. El grupo parlamentario ha denunciado que al menos seis de sus legisladores se encuentran en riesgo de perder sus esca?os por las acciones de la entidad dirigida por Margarita Cabello, la exministra de Justicia de Iv¨¢n Duque de la que desconf¨ªan.

En ese ambiente enrarecido, las posturas tanto de la procuradora Cabello como del fiscal general, Francisco Barbosa, alimentan las suspicacias. Ambos fueron funcionarios de Duque y, en su momento, sus elecciones desataron una intensa discusi¨®n acerca del equilibrio de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la independencia de los ¨®rganos de control. Si en la pasada Administraci¨®n se tem¨ªa que fueran ¡®funcionarios de bolsillo¡¯, ahora, en los diez meses del nuevo Gobierno, se han mostrado como f¨¦rreos opositores a las pol¨ªticas de Petro. Hay un ¡°claro hostigamiento¡± por parte de ambas entidades, ha se?alado Racero, el presidente de la C¨¢mara, que hace parte de los congresistas se?alados junto a la representante Susana Boreal y los senadores Mar¨ªa Jos¨¦ Pizarro, Alexander L¨®pez, Wilson Arias y Alex Fl¨®rez ¨Csuspendido por la Procuradur¨ªa la semana pasada por haber agredido a un polic¨ªa en Cartagena¨C.

Dos senadores del Pacto Hist¨®rico ya fueron suspendidos en los ¨²ltimos meses, C¨¦sar Pach¨®n y Roy Barreras, una figura clave que presid¨ªa el Congreso, en sus casos por el Consejo de Estado por incurrir en doble militancia, lo que est¨¢ prohibido por la ley electoral. Son escenarios distintos, y desde la bancada del Pacto Hist¨®rico son cuidadosos en advertir que los fallos de la justicia se acatan as¨ª no se compartan. ¡°No voy a atrincherarme en el viejo argumento de que hay una persecuci¨®n pol¨ªtica. Mucho menos de parte de los jueces. No hab¨ªa jurisprudencia y hab¨ªa un vac¨ªo legal. Lo que es cierto es que quienes meten las demandas ten¨ªan la intenci¨®n de sacarme del juego¡±, zanj¨® en su momento Roy Barreras.

Pero la lectura que hacen los congresistas es distinta cuando se trata de la procuradora Cabello. ¡°La Procuradur¨ªa por ser un ¨®rgano netamente administrativo carece de funciones jurisdiccionales para separar de sus cargos a los funcionarios de elecci¨®n popular¡±, apunta la carta que firmaron, en la que aseguran que sus actuaciones buscan ¡°amedrentar y disminuir la bancada del primer gobierno alternativo de los ¨²ltimos noventa a?os en Colombia¡±. De Cabello se?alan que no ofrece garant¨ªas al derecho de defensa.

¡°Queremos alertar que se puede estar configurando una persecuci¨®n pol¨ªtica en contra de los congresistas del Pacto Hist¨®rico, tanto del Senado como de C¨¢mara¡±, enfatiza Mar¨ªa Jos¨¦ Pizarro, quien tambi¨¦n es negociadora del Gobierno en la mesa con la guerrilla del ELN. ¡°La procuradora ha tenido expresiones en los medios de comunicaci¨®n muy preocupantes, donde asume m¨¢s una posici¨®n de l¨ªder pol¨ªtica de la oposici¨®n que de procuradora general¡±, valora la senadora al recordar que justamente en el caso de Petro cuando era alcalde de Bogot¨¢ se estableci¨® que la Procuradur¨ªa no es competente para inhabilitar servidores p¨²blicos que han sido elegidos por voto popular. ¡°Los mandatos constitucionales de autoridades electas solamente pueden ser interrumpidos en funci¨®n de sentencias de jueces penales¡±, recordaba esta semana un comunicado de la Organizaci¨®n de Estados Americanos. Colombia, sin embargo, no he terminado de ajustar su ordenamiento a lo ordenado por la Corte Interamericana. Una reforma que impulso la procuradora para ello, que le permite suspender funcionarios electos si el Consejo de Estado lo avala, ha sido objeto de un debate tan fuerte que dividi¨® a la Corte Constitucional.

¡°Es lamentable pero estamos en la misma situaci¨®n de todos los pa¨ªses latinoamericanos. Usan la Fiscal¨ªa y la Procuradur¨ªa para resolver la pol¨ªtica¡±, escribi¨® el presidente Petro en sus muy activas redes sociales al apelar a los derechos pol¨ªticos de los electores y hacer un llamado a la movilizaci¨®n popular. La senadora Pizarro subraya que ¡°bajo ninguna circunstancia¡± plantean una diferencia con las altas cortes, el Consejo de Estado ni la Corte Suprema, que son sus jueces naturales.

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