La guerra por la tierra: ?se har¨¢ justicia?

Hace algo m¨¢s de 20 a?os, en un trabajo de reporter¨ªa, habl¨¦ con Marina, una mujer que hab¨ªa llegado a Monter¨ªa desplazada por la violencia. Ten¨ªa 35 a?os, cinco hijos, ning¨²n futuro. Pens¨¦ en ella la semana pasada cuando el Congreso aprob¨® la reforma constitucional que crea la Jurisdicci¨®n Agraria y Rural. Marina me cont¨® su historia: viv¨ªan con su esposo y sus hijos en la zona rural de Turbo, Antioquia. Llegaron unos hombres que quer¨ªan comprarles la tierra. Su marido no quiso vender. Volvieron una segunda vez y ¨¦l les dijo lo mismo: ¡°Es lo ¨²nico que tengo para mantener a mis hijos¡±. Delante de ellos lo mataron, le prendieron fuego a la casa y le dieron a ella 24 horas para salir de la zona.

En medio de los debates de las grandes reformas sociales, la pensional, la laboral y la de salud, que han acaparado la atenci¨®n tanto como los esc¨¢ndalos de las ¨²ltimas semanas, pasaron en el Congreso cambios importantes que, si se aplican, pueden ser elementos de transformaci¨®n para un pa¨ªs que tiene entre las causas del conflicto la batalla por la tierra y el escaso acceso de los campesinos a los derechos consagrados en la Constituci¨®n. Esa mujer que se apretaba con sus hijos en un cambuche de tabla y pl¨¢stico no tuvo justicia. Se fue con los ni?os, con lo que llevaban puesto y perdieron la tierra que hab¨ªa pertenecido por tres generaciones en la familia de su marido.

La reforma constitucional que crea una Jurisdicci¨®n Agraria y Rural apunta a una justicia especializada que pueda tramitar con mayor rapidez y eficacia las disputas por la tierra que han estado en el fondo de muchas violencias. Al celebrar y agradecer la aprobaci¨®n de la reforma en el Congreso, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dijo: ¡°Llevamos un siglo esperando respuesta de la justicia¡±.

Son miles los colombianos que han muerto esperando justicia, esperando un fallo, esperando la restituci¨®n de su tierra arrebatada. Marina no tuvo justicia y me pregunto si habr¨ªa tenido una oportunidad con una justicia especializada. No lo s¨¦, porque leyes hay muchas y el cumplimiento de ellas es poco. Sin embargo, quiero creer que otros tendr¨¢n alguna oportunidad. Lo importante es que la justicia rural pase del papel a la realidad para que haya esperanza para miles de campesinos despojados y para que se tramiten los muchos conflictos en el campo.

Se trata de la propiedad y la tenencia, pero tambi¨¦n de los linderos, la titulaci¨®n o el acceso al agua. Son conflictos mayores o menores que alimentan violencias donde los m¨¢s vulnerables siempre pierden. El campo colombiano ha estado rezagado en sus derechos y la guerra al final se ha movido mayoritariamente all¨ª. Desde las gallinas y los cerdos que reclamaba Tirofijo, el l¨ªder de las FARC que sembr¨® violencia por d¨¦cadas, hasta las familias que hoy se desplazan en el Choc¨® para huir de los grupos ilegales¡­ siempre en el fondo se habla de la tierra.

A la Jurisdicci¨®n Agraria y Rural se suma la reforma constitucional que da el reconocimiento a los campesinos como sujetos de derechos y de especial protecci¨®n. A primera vista pudiera parecer que sobra reconocer los derechos consagrados para todos, en teor¨ªa, en la misma Constituci¨®n del 91. Sin embargo, la realidad nos muestra todos los d¨ªas las dificultades para acceder a esos derechos por una constante y aberrante discriminaci¨®n. No sobra entonces ese reconocimiento expl¨ªcito. Marina, esa mujer que perdi¨® a su marido y su tierra en un hecho violento, deb¨ªa ser protegida como ciudadana, como mujer, como cabeza de hogar y como campesina. Sin embargo, el Estado no la protegi¨®.

El modus operandi de los violentos ha sido constante: amenazar, asesinar, generar terror para comprar barato o simplemente despojar. Luego viene la ¡°legalizaci¨®n¡± del atropello de la mano de funcionarios amigos que se hacen los que no ven o son c¨®mplices de frente. Mientras tanto, los campesinos, en medio de dos violencias: la de los grupos ilegales que les arrebatan su tierra y la de un Estado indiferente que se demora y pocas veces llega para garantizar sus derechos y reparar.

Las reformas constitucionales y las leyes no cambian hechos por s¨ª mismas. Si as¨ª fuera, simplemente con la Constituci¨®n tendr¨ªamos un pa¨ªs ideal. No se puede entonces celebrar nada todav¨ªa porque, si no se aplican, todo seguir¨¢ igual. Aun as¨ª, hay que saludar estas reformas porque tenerlas sirve por lo menos como otra herramienta para seguir batallando. A todos nos corresponde vigilar y exigir que se pongan en marcha, que se hagan reales, porque de normas bien intencionadas y fracasadas est¨¢ llena nuestra historia. Por eso a veces sorprende tanta obsesi¨®n por legislar y tan poca por aplicar las leyes que ya existen.

Por la ¨¦poca en que conoc¨ª a Marina, en los a?os noventa, se calculaba que unas 40.000 personas desplazadas por la violencia se refugiaban solamente ah¨ª, en Monter¨ªa. No son casos aislados, no fue una secuela menor de la guerra. El despojo de la tierra a punta de terror y muerte es parte sustancial de un conflicto que se niega a desaparecer porque sus ra¨ªces originales siguen vivas y los dineros que lo mueven tambi¨¦n. Por eso, tener una justicia especializada y un reconocimiento de derechos en la Constituci¨®n abre por lo menos una ventana de esperanza. Una ventana que Marina y miles m¨¢s no tuvieron.

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