La quiebra de un motel incautado y el desorden de los bienes confiscados por el Estado

La relaci¨®n familiar de Gustavo Herrera Zuleta con el narcotr¨¢fico podr¨ªa ser de vieja data. Claudia Patricia, su hermana, fue pareja y tuvo un hijo con Carlos Lehder, uno de los principales capos de la droga en los 80 y el primer colombiano en ser extraditado a Estados Unidos. Benjam¨ªn, su otro hermano, era apodado ¡®el Papa negro de la coca¨ªna¡¯ y result¨® capturado en Miami, en diciembre de 1987, por ingresar droga a territorio norteamericano. M¨¢s de dos d¨¦cadas despu¨¦s, la justicia le toc¨® la puerta a Gustavo, a quien la DEA habr¨ªa se?alado como responsable de crear rutas de env¨ªo de coca a trav¨¦s de Las Bahamas. La justicia incaut¨® sus bienes, en lo que parec¨ªa un triunfo de la legalidad. Sin embargo, la decisi¨®n termin¨® afectando a 13 mujeres antioque?as por la desidia estatal y los malos manejos administrativos de uno de esos bienes.

Betty Rodr¨ªguez (T¨¢mesis, 56 a?os) empez¨® a trabajar en el motel Aries en noviembre de 2011. Antes de cumplir su primer aniversario laboral, en octubre del a?o siguiente, vio c¨®mo el lugar fue embargado por la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n. La intervenci¨®n lleg¨® despu¨¦s de que la Corte del Distrito Sur de la Florida aparentemente hubiera emitido ¨®rdenes de extradici¨®n contra uno de los due?os del motel por narcotr¨¢fico. Ese due?o era Gustavo Herrera Zuleta. ¡°Despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa apareciera, seguimos trabajando. Aunque al ratito las cosas empezaron a desmejorar. En las caba?as del sitio, la calidad y el servicio cayeron¡±, explica Betty, quien es madre soltera de cinco hijos.

El motel es uno de los 64 bienes que las autoridades incautaron a Herrera Zuleta y su n¨²cleo familiar, en un proceso de extinci¨®n del dominio que sigue en la etapa previa, en manos de la Fiscal¨ªa. Est¨¢ ubicado en La Estrella, Antioquia, un municipio del ¨¢rea metropolitana de Medell¨ªn. Pas¨® a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad estatal encargada de manejar las propiedades incautadas y que delega su administraci¨®n en empresas o personas conocidas como depositarios. Los depositarios deben mantener la actividad comercial de las empresas o de los bienes, mantener los puestos de trabajo y reportar beneficios econ¨®micos al Estado.

Betty Rodr¨ªguez reconoce que, aunque la calidad disminuy¨® en el motel, sus salarios y los de sus compa?eras no sufrieron atrasos. No obstante, narra que s¨ª sufrieron injusticias. Durante los primeros meses de la pandemia, ante la imposibilidad de mantener las puertas del lugar abiertas, el depositario del momento amenaz¨® con no transferirles sus salarios si se iban a sus hogares a cumplir con el confinamiento. Pese a ser conscientes de que les estaban vulnerando sus derechos, optaron por quedarse vigilando las instalaciones para asegurar sus ingresos y sostener a sus familias. ¡°Unas cuidaban en el d¨ªa y otras en la noche. Todo ese tiempo estuvimos encerradas all¨¢. Nosotras mismas, como si fu¨¦ramos expertas en seguridad, cuid¨¢bamos el motel¡±, recuerda.

Superada la emergencia sanitaria, en 2021, la SAE design¨® un nuevo depositario. El elegido fue la inmobiliaria Bogot¨¢ Real Estate, creada en 2013. El cambio de vientos trajo nuevos y mayores problemas. En junio de ese a?o, las trabajadoras fueron informadas de que el motel cerrar¨ªa por un mes, debido a que se llevar¨ªan a cabo arreglos en las caba?as. Betty y sus 12 compa?eras nunca pensaron que esa ser¨ªa su ¨²ltima vez en Aries. El cierre se extiende hasta la fecha, m¨¢s de dos a?os despu¨¦s, y ninguna ha sido contactada por el depositario para dar por terminado su contrato y que les paguen los sueldos y prestaciones que les adeudan. Tampoco les han pagado los valores correspondientes a salud y pensi¨®n, por lo que muchas no han podido asistir al m¨¦dico. ¡°He tenido quebrantos. A m¨ª me han operado varias veces una pierna y ten¨ªa que seguir un tratamiento, pero me toc¨® frenarlo porque me desafiliaron de la entidad de salud porque el depositario no pag¨®. Uno llama y ni contestan el tel¨¦fono¡±, afirma Betty.

El abogado Pedro Londo?o las representa en un proceso judicial que iniciaron contra Bogot¨¢ Real Estate, que no ha asistido a ninguna de las diligencias convocadas por el juez. Las empleadas exigen 1.000 millones de pesos (cerca de 250.000 d¨®lares). Pero enfrentan otro problema: seg¨²n los documentos oficiales registrados en la C¨¢mara de Comercio, la inmobiliaria solo tiene 37 millones de pesos (9.250 d¨®lares) de activos y debe incluso m¨¢s, casi 56 millones de pesos (unos 14.000 d¨®lares). Eso hace imposible que pueda pagar toda la deuda. Por eso, Londo?o vincul¨® en el proceso a la SAE, en su condici¨®n de instituci¨®n del Estado colombiano, para que responda por no cumplir con su deber de inspecci¨®n, vigilancia y control de la empresa depositaria.

Este no es un problema aislado en la SAE. El pasado septiembre su presidente, Daniel Rojas, reconoci¨® ante el Congreso que la entidad arrastra desde hace varios a?os problemas en los aval¨²os, inventarios y productividad de los bienes que tiene en su poder. En este ¨²ltimo ¨ªtem entra el motel Aries, que cumple m¨¢s de 24 meses sin operar. Aquella vez, Rojas les cont¨® a los legisladores que cuando se posesion¨® en la entidad, s¨®lo un mes antes, la recibi¨® con el encargo de 24.441 inmuebles, que val¨ªan alrededor de 5,3 billones de pesos (unos 133.000 millones de d¨®lares), una cifra 10 veces superior a todo el da?o que la corrupta Odebrecht le caus¨® al pa¨ªs, seg¨²n la Fiscal¨ªa. Tambi¨¦n ten¨ªa en su poder 1.632 sociedades y establecimientos de comercio por otros 3,2 billones, adem¨¢s de obras de arte, dineros y veh¨ªculos. Cinco de estos bienes ten¨ªan a Bogot¨¢ Real Estate como depositario.

El gerente de la compa?¨ªa, Juan Camilo Porras, convers¨® con EL PA?S sobre la situaci¨®n, a la que califica como ¡°una gran confusi¨®n¡±. Porras niega cualquier responsabilidad y se?ala que la acci¨®n judicial adelantada por las 13 trabajadoras deber¨ªa estar direccionada a alguien m¨¢s, ya que su compa?¨ªa no tiene relaci¨®n directa con el motel. ¡°Nosotros recibimos ese lugar cuando ya estaba cerrado. Es una cuesti¨®n de t¨¦cnica jur¨ªdica. Nosotros tenemos derechos sobre la sociedad que era propietaria de los inmuebles, pero los que los administraban eran otros, quienes se entend¨ªan con la SAE. Ah¨ª no tengo nada que ver¡±. Cont¨® que contrat¨® los servicios de un abogado para que lo represente y demuestre la equivocaci¨®n.

Hasta el momento de publicar esta nota, la SAE no ha respondido a las preguntas enviadas por EL PA?S el viernes pasado. No obstante, Betty Rodr¨ªguez espera que la situaci¨®n se solvente pronto, para poder ayudar a sus hijos con la manutenci¨®n de su casa. ¡°Nos sacaron injustamente de all¨¢, con mentiras y ahora nos incumplen. Queremos eso: que cumplan¡±, concluye.

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