La tragedia viva que se ha silenciado: el asesinato de l¨ªderes sociales en Colombia contin¨²a
M¨¢s de cien defensores de Derechos Humanos han sido asesinados en lo que va del a?o, mientras se enfr¨ªan las voces de indignaci¨®n
Lo que en redes sociales ha dejado de ser tendencia, en los territorios se traduce en impotencia y dolor. Amigos y familiares de Marcos Fidel Jim¨¦nez Boh¨®rquez tuvieron que despedir esta semana al l¨ªder campesino de 51 a?os en el cementerio La Resurrecci¨®n de Barrancabermeja (Santander), un municipio a orillas del r¨ªo Magdalena, en el nororiente de Colombia.
Jim¨¦nez formaba parte de la Junta de Acci¨®n Comunal de la vereda La Poza, en el municipio de Cantagallo (Bol¨ªvar), donde fue secuestrado el pasado 18 de agosto por disidencias de las Farc. Cuatro d¨ªas despu¨¦s, organizaciones defensoras de Derechos Humanos confirmaron su asesinato en la v¨ªa entre Rancho Quemado y Mina Nueva, zona rural de Segovia (Antioquia), a unos 90 kil¨®metros de donde ocurri¨® el rapto. El campesino, esposo y padre de dos hijos ¨C una ni?a de 10 a?os y otro que est¨¢ por cumplir 15¨C es el l¨ªder social 110 asesinado en lo corrido de este a?o, seg¨²n datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
La Asociaci¨®n Campesina del Valle del R¨ªo Cimitarra, una organizaci¨®n del Magdalena Medio a la que pertenec¨ªa el l¨ªder asesinado, conden¨® el crimen y exigi¨® la liberaci¨®n de otros tres compa?eros que contin¨²an secuestrados. ¡°Estos inaceptables hechos criminales profundizan la crisis humanitaria que padecemos en nuestro territorio por la acci¨®n violenta e indiscriminada de los grupos armados ilegales¡±, se?al¨® la asociaci¨®n en un pronunciamiento p¨²blico. Tambi¨¦n denunciaron el confinamiento de comunidades ind¨ªgenas y campesinas por las confrontaciones armadas.
El asesinato de l¨ªderes sociales, un fen¨®meno que se agrav¨® en Colombia tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Farc en 2016, no se detiene. Desde el acuerdo, han sido asesinados 1.526 de ellos, la mayor¨ªa entre 2017 y 2020. El a?o pasado se reportaron 189 casos, 18 m¨¢s que en 2021. En lo que va de 2023, los homicidios han disminuido, pero contin¨²an.
Indepaz advierte que el n¨²mero es elevado, particularmente en zonas con disputas por el control de negocios il¨ªcitos como la miner¨ªa ilegal o el cultivo de coca. ¡°Con la tendencia actual podr¨ªan ser 180 los l¨ªderes asesinados al mes de diciembre, una reducci¨®n frente a a?os anteriores. Sin embargo, la situaci¨®n es cada vez m¨¢s grave en el Pac¨ªfico sur, en departamentos como Nari?o y en el norte del Cauca¡±, enfatiza Leonardo Gonz¨¢lez, director del instituto.
El panorama que muestra Indepaz coincide con el que revel¨® la representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette De Rivero. En el primer semestre del a?o, esa oficina observ¨® una disminuci¨®n del 19% en los casos verificados de homicidios de l¨ªderes sociales en comparaci¨®n con el mismo periodo de 2022. ¡°Esto es positivo, pero el alto n¨²mero de defensoras y defensores asesinados en Colombia sigue siendo intolerable¡±, declar¨® la representante.
La situaci¨®n contrasta con un tono de indignaci¨®n cada vez m¨¢s d¨¦bil, que se adapta en las redes sociales seg¨²n los intereses pol¨ªticos. El portal de noticias La Silla Vac¨ªa encontr¨® que los asesinatos se han invisibilizado porque activistas afines al Gobierno de Gustavo Petro han cesado sus denuncias sobre la inseguridad de los l¨ªderes sociales. Ahora es la derecha la que utiliza ocasionalmente el tema para hacer oposici¨®n.
Pero una cosa es lo que sucede en Twitter, o X, y otra lo que se vive en los territorios alejados de internet o de los pulsos pol¨ªticos, donde las comunidades se sienten desprotegidas. Mar¨ªa Irene Ram¨ªrez, presidenta de la Asociaci¨®n Campesina del Valle del R¨ªo Cimitarra, afirma que los grupos armados ¡°quieren retomar el control y quitarles la tierra a los campesinos. Reclaman impuestos por cualquier cosa, por una mina, por la venta de madera, por la venta de una finca. A las juntas de acci¨®n comunal les han quitado mucha autoridad porque se tiene que hacer lo que ellos dicen. Eso es terrible. Al que no le gusta se tiene que ir, se muere o se acomoda¡±.
Del otro lado del pa¨ªs, al occidente, en la zona del Pac¨ªfico, donde se concentra el mayor n¨²mero de estos cr¨ªmenes, la preocupaci¨®n tambi¨¦n es latente. Juan Pablo Salazar, representante a la C¨¢mara del departamento del Cauca por las curules de paz, dice que estos hechos afectan la defensa de causas sociales y ambientales, y dejan una estela de consternaci¨®n. ¡°Cuando nos matan a una persona representante de una comunidad o de una causa lo primero que queda es mucho temor de las personas que est¨¢n alrededor de ese proceso, que hace que bajen banderas, que las mismas familias les recomienden a los que quedan que no sigan con eso. Se destruye el tejido social¡±, asegura.
Organizaciones de Derechos Humanos como Somos Defensores, que le entregaron al presidente Petro un plan de emergencia para proteger a los l¨ªderes sociales dos d¨ªas antes de su posesi¨®n, lamentaron hace algunos meses la lentitud del Ejecutivo para poner freno a los asesinatos.
Mientras el Gobierno insiste en la pol¨ªtica de paz total, buscando establecer acuerdos con grupos armados como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, que le pongan fin a la violencia, lideresas como Ram¨ªrez reclaman acciones inmediatas. ¡°El Estado se est¨¢ quedando sin respuestas. Tenemos un comisionado que nos invita a encontrarnos y dialogar, pero ?d¨®nde est¨¢n las garant¨ªas para la vida? No hay. Sentimos que se nos van a pasar cuatro a?os dialogando, hablando en talleres y que entre m¨¢s denunciamos m¨¢s se nos calla, m¨¢s se nos proh¨ªbe entrar a los territorios¡±, lamenta.
Para organizaciones como la que integraba el l¨ªder asesinado Marcos Fidel Jim¨¦nez, continuar en un proceso de di¨¢logo con los grupos ilegales sin el compromiso de respetar la libertad de la poblaci¨®n civil profundiza la desconfianza y dificulta la posibilidad de avanzar en la construcci¨®n de paz.
La indiferencia por el asesinato de un l¨ªder social en Colombia cada dos d¨ªas en promedio se siente en un pa¨ªs que se olvida f¨¢cilmente de sus muertos. ¡°Lastimosamente se convirti¨® en paisaje. Ya no es noticia cuando algo pasa todos los d¨ªas. Eso es grave porque significa que la misma sociedad se est¨¢ acostumbrando, lo est¨¢ normalizando. El control social de los grupos armados hace parte de la normalidad¡±, puntualiza Leonardo Gonz¨¢lez, el director de Indepaz.
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