La Comisi¨®n de Paz del Senado aterriza en el Bajo Cauca en medio de una crisis humanitaria
Los habitantes de la regi¨®n, azotada por la violencia, exigen que se materialice la paz total que impulsa el Gobierno nacional
La cruenta disputa territorial en el Bajo Cauca y el nordeste antioque?o alcanz¨® su momento m¨¢s ¨¢lgido hasta ahora en la madrugada del pasado 24 de agosto. Seg¨²n la poblaci¨®n, una docena de sujetos armados incursion¨® en una vereda de C¨¢ceres, Antioquia, rayaron las casas con las siglas AGC (las de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y asesinaron a seis personas, entre ellas el l¨ªder social Luis Miguel Echavarr¨ªa. Para indagar sobre esa masacre y otras agresiones, la Comisi¨®n de Paz del Congreso impuls¨® una audiencia territorial para el 22 de septiembre, que tuvo que aplazarse dos d¨ªas por problemas log¨ªsticos. Este domingo ya algunos habitantes de la zona rural que hab¨ªan viajado a la cabecera municipal para asistir, hab¨ªan tenido que regresar a sus veredas. Aunque temerosos, otros segu¨ªan all¨ª, expectantes de la presencia de los congresistas.
El arquitecto de la paz total, Iv¨¢n Cepeda, preside la Comisi¨®n Paz que integran 44 senadores. Fue ¨¦l quien se dio a la tarea de escuchar a estas comunidades, que exigen que el Gobierno se haga presente en su territorio. Muchos de ellos se han visto obligados a dejar sus casas y desplazarse, sin poder regresar. Los grupos ilegales los han dejado incomunicados o les han prohibido salir de sus casas, como sucedi¨® tras la masacre, cuando prohibieron levantar el cad¨¢ver de Echeverr¨ªa o dar alerta a las autoridades. El cuerpo dur¨® dos d¨ªas tendido en una calle.
Adem¨¢s de Cepeda y su equipo, este domingo estuvieron en un polideportivo del pueblo ¨Dde unos 30.000 habitantes¨D el senador del partido Comunes, surgido del acuerdo con las extintas FARC, Omar Restrepo; Luz Ruano, asesora del congresista Robert Daza, del gobiernista Pacto Hist¨®rico; Vladimir Rodr¨ªguez, encargado de derechos humanos del Ministerio de Defensa; y delegados del Ministerio del Interior y de la Oficina del alto comisionado para la Paz. Ellos, junto a algunas instituciones locales y la MAPP-OEA, dialogaron y le pusieron rostro a las v¨ªctimas que iban desde adultos mayores, hasta beb¨¦s y ni?os. La asistencia, sin embargo, fue escasa, de una veintena de personas.
Los primeros en tomar el micr¨®fono fueron los delegados de la Corporaci¨®n de Derechos Humanos Jes¨²s Mar¨ªa Valle, una oeneg¨¦ antioque?a. En un extenso informe detallaron el panorama que se vive en la regi¨®n. Luego, varios l¨ªderes que pidieron la reserva de su identidad por la dif¨ªcil situaci¨®n, denunciaron robos, amenazas, desplazamientos, secuestros y masacres. Un panorama tr¨¢gico que ha venido escalando tras la salida de las FARC de la zona en 2016, al firmar e implementar el acuerdo de paz. Riesgos que desde entonces ven¨ªan alertando las oeneg¨¦s locales y nacionales, los medios o como la Defensor¨ªa del Pueblo, que ha emitido reiteradas alertas tempranas al respecto.
La miner¨ªa como salvaci¨®n y condena
Otro tema central del encuentro fue la miner¨ªa, una actividad centenaria que aprovechan los grupos ilegales para financiarse, aprovechando la poca formalizaci¨®n y los arraigados mercados informales e ilegales. Las tensiones por los operativos contra la miner¨ªa ilegal, el impacto en la econom¨ªa local y el poco apoyo estatal para la formalizaci¨®n fueron la g¨¦nesis de un paro minero a inicios de este a?o, del cual se desprendieron varios compromisos que los habitantes de C¨¢ceres consideran cruciales combatir el conflicto armado y la estigmatizaci¨®n en su contra.
La piedra angular de los acuerdos es crear el Distrito agro minero para la vida, en el que se implementar¨¢ una ruta de formalizaci¨®n para los peque?os mineros artesanales que se comprometan a emplear m¨¦todos m¨¢s amistosos con el medio ambiente, permitiendo as¨ª que el Estado enfoque sus estrategias represivas en las grandes mafias mineras. Detr¨¢s de ellas, en muchos casos, est¨¢n estructuras criminales como el Clan del Golfo ¡ªel mismo grupo que se autodenomina AGC¨D.
En el encuentro, los delegados del Gobierno se comprometieron en acelerar las gestiones para que el distrito sea realidad, y enfatizaron que, para que funcione, ser¨¢ vital mantener el di¨¢logo con la comunidad. ¡°Hacemos un llamado a quienes est¨¢n en la ilegalidad. La mano de presidente est¨¢ tendida. Logremos construir esto de manera dialogada. Todas y todos debemos trabajar por un territorio libre y en paz¡±, dijo Vladimir Rodr¨ªguez, del Ministerio de Defensa.
Cepeda enfatiz¨® esa misma l¨ªnea y dej¨® mensajes a las estructuras del Clan del Golfo que han venido siendo los principales autores de la violencia: ¡°La puerta de los di¨¢logos sociojur¨ªdicos est¨¢ abierta¡±, dijo. Si bien ese grupo ha manifestado su intenci¨®n de sumarse a la paz total, no han avanzado porque se mantiene el debate de qu¨¦ marco jur¨ªdico les aplicar¨ªa y cu¨¢les ser¨ªan sus eventuales beneficios.
Un d¨ªa antes de que la comisi¨®n aterrizara en C¨¢ceres, a unos 200 kil¨®metros de all¨ª, en Segovia, Benicio Beltr¨¢n Borja, reincorporado de las extintas FARC, fue asesinado e incinerado. Por eso, Cepeda agreg¨®: ¡°Hacemos un llamado a que se respete a la fuerza p¨²blica y a la poblaci¨®n, que se respete la vida de quienes firmaron la paz¡±. Ese grito por una paz amplia fue un¨¢nime en la audiencia. Hugo Barrera, l¨ªder ganadero y minero ¡ªy el ¨²nico participante que quiso que se citara su nombre¡ª, lo se?al¨® de manera sencilla pero tajante. ¡°Queremos que dejen vivir al Bajo Cauca en tranquilidad¡±, dijo. A ese reclamo se sum¨® el de otro l¨ªder, quien tom¨® la palabra para cerrar el espacio: ¡°No esperen a que llegue la emergencia, queremos vivir una vida digna en nuestro territorio. Necesitamos que se sienten con todos los grupos armados¡±, sostuvo.
Mientras hablaban los l¨ªderes, Cepeda y Restrepo tomaban nota atentamente. En charla con EL PA?S, previo a volver al ajetreo de la mesa de paz con la guerrilla del ELN en la que es miembro de la delegaci¨®n del Gobierno, Cepeda lament¨® la desconexi¨®n que encuentra entre el centro del pa¨ªs con los territorios azotados por la violencia y el empobrecimiento. Aun as¨ª, afirm¨® que para ¨¦l s¨ª hay una salida: un acuerdo nacional que permita ponerle fin a 50 a?os de conflicto armado en toda Colombia.
Ya cuando tarde arrib¨® y el calor alcanzaba los 30 grados, cargados de responsabilidad y tras una audiencia breve por la falta de asistencia, los delegados volvieron a Bogot¨¢ a transmitir el llamado de las familias de C¨¢ceres y todo el Bajo Cauca.
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