Las disidencias no dan tregua a los firmantes de la paz

El Estado colombiano ha sido incapaz de garantizar la seguridad y la vida a los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC, firmantes del acuerdo de paz sellado hace ya casi siete a?os, que son blanco constante de los grupos que siguen en armas. En especial de las disidencias del llamado Estado Mayor Central (EMC), con las que el Gobierno de Gustavo Petro se apresta a entablar nuevos di¨¢logos de paz, que los busca incluso en las grandes ciudades, bien sea para reclutarlos o para atentar en su contra.

En un ambiente de deterioro de la seguridad, a los asesinatos de l¨ªderes sociales y ambientalistas se suman los de exguerrilleros: van al menos 390 homicidios desde la firma de los acuerdos, seg¨²n la Misi¨®n de Verificaci¨®n de Naciones Unidas. Los llamados de atenci¨®n se acumulan. La Corte Constitucional ya ha ordenado garantizar la seguridad de los exguerrilleros. Ante la acumulaci¨®n de problemas e incumplimientos, la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) cit¨® tanto el fiscal general, Francisco Barbosa, como el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, a una audiencia este mi¨¦rcoles sobre la protecci¨®n de los firmantes, que deben comparecer a los llamados del sistema de justicia transicional.

La violencia contra los exguerrilleros persiste a pesar de que ha avanzado su tr¨¢nsito a la vida civil. Las zonas en las que se concentraron para dejar los fusiles se convirtieron en 2017 en lo que se conoci¨® como Espacios Territoriales de Capacitaci¨®n y Reincorporaci¨®n (ETCR), 24 lugares a lo largo y ancho del pa¨ªs. Algunos se volcaron a proyectos tur¨ªsticos, como Miravalle en Caquet¨¢ o Pondores en La Guajira, mientras otros se embarcaron en experimentos cooperativistas, como Agua Bonita, tambi¨¦n en el Caquet¨¢. En cualquier caso, los procesos de reincorporaci¨®n colectiva en parajes rurales que proyectaba la extinta guerrilla han dado paso a esfuerzos individuales y urbanos.

Menos de 3.000 de los 13.000 firmantes permanecen en un ETCR, de acuerdo con datos de la Misi¨®n de Verificaci¨®n. Los m¨¢s de 10.000 excombatientes que est¨¢n fuera de los antiguos espacios de reincorporaci¨®n viven en unos 605 municipios, 2.000 de ellos en las 75 nuevas ¨¢reas de reincorporaci¨®n de manera colectiva. Los restantes siguen su proceso de reincorporaci¨®n, o ruta, de manera individual. La mayor¨ªa participa en proyectos productivos, incluso los que est¨¢n en la ruta individual. En todos esos lugares, solos o en colectivo, han sido alcanzados por los hostigamientos.

Uno de los principales riesgos para los firmantes han sido las amenazas constantes por parte de las disidencias del EMC, encabezadas por Iv¨¢n Mordisco, detalla Francisco Daza, de la Fundaci¨®n Paz y Reconciliaci¨®n (PARES). El episodio de mayor impacto se registr¨® en julio, con el desplazamiento de m¨¢s de 200 familias, incluyendo a 90 menores de edad, que viv¨ªan en el ETCR ¡®Mariana P¨¢ez¡¯ en Mesetas, Meta. Pero esa no ha sido la ¨²nica amenaza masiva de las disidencias a los firmantes durante la administraci¨®n Petro. Un par de meses despu¨¦s, tambi¨¦n en el Meta, los habitantes del ETCR ¡®Georgina Ortiz¡¯ se desplazaron. Este peri¨®dico conoci¨® de amenazas recibidas m¨¢s recientemente en la nueva ¨¢rea de reincorporaci¨®n ¡®Sim¨®n Trinidad¡¯, tambi¨¦n en Mesetas, de donde han contemplado desplazarse. El problema no es solo en esa zona del centro oriente del pa¨ªs: los departamentos con mayor n¨²mero de homicidios contra firmantes son Nari?o, Cauca, Putumayo y Choc¨®, en el occidente y suroccidente de Colombia.

El encaje de las disidencias ha sido desde el primer momento un punto problem¨¢tico para la paz total que persigue el Gobierno de Petro. Reconocer al llamado EMC como un actor armado con estatus pol¨ªtico es ¡°el peor error estrat¨¦gico que se ha cometido en Colombia en los ¨²ltimos 25 a?os y el da?o m¨¢s grande que se le ha hecho al proceso de paz¡±, se?alaba el mes pasado Sergio Jaramillo, el comisionado de Paz que sell¨® el acuerdo con las FARC, en su intervenci¨®n ante la Corte Constitucional. La responsabilidad de sus estructuras en los ataques a firmantes es alarmante.

¡°Hemos pedido que el alto comisionado exija que una condici¨®n para seguir dialogando es que pare el asesinato de firmantes y l¨ªderes sociales. Nosotros estamos desarmados y apost¨¢ndole a la paz¡±, reclama Abelardo Caicedo, cabeza de los firmantes en el Consejo Nacional de Reincorporaci¨®n, un cargo que antes ten¨ªa el ahora candidato a la alcald¨ªa de Puerto Berr¨ªo, Antioquia, y excomandante de las FARC, Pastor Alape.

Las disidencias de Mordisco son uno de los grupos que m¨¢s recluta, se?ala Daza, y los excombatientes les resultan llamativos por su experiencia. ¡°El m¨¢s activo en reclutamiento es el EMC, de eso da cuenta su crecimiento progresivo en n¨²mero de hombres en armas desde su conformaci¨®n. Tambi¨¦n ejercen con mayor fuerza vinculaci¨®n de ni?os, ni?as y adolescentes, como pasa en el Norte del Cauca, esto con la intenci¨®n de usarlos en combates al sur, en Argelia¡±, explica el investigador.

Ese fue el caso de Mateo*, quien durante el conflicto armado perteneci¨® a las estructuras urbanas de las extintas FARC. En ese entonces se encargaba de hacer inteligencia. Por ese conocimiento, pese a que se acogi¨® al acuerdo de paz y decidi¨® emprender nuevos rumbos, se ha convertido en un ¡®cuadro¡¯ deseable para los disidentes. Estos lo han interceptado en numerosas ocasiones, en diferentes lugares y a trav¨¦s de diferentes personas, para invitarlo a unirse a su organizaci¨®n. Le han ofrecido dinero, poder, seguridad y un largo etc¨¦tera. Si bien ante su negativa la respuesta hasta ahora ha sido la insistencia, no descarta que escale a violencia. Por eso se ha mudado, intentando perderse de su radar.

Otros antiguos mandos medios ya pasaron de intentos del EMC por reclutarlos a amenazas de muerte. Como las que obligaron a Jorge* a irse de Medell¨ªn, donde transitaba a la vida civil, con el agravante en su caso de que los militares tambi¨¦n lo buscan de manera muy agresiva para que se convierta en informante. ¡°Las disidencias necesitan entrar a las ciudades, y nos est¨¢n llegando a los firmantes a las ciudades¡±, se lamenta. La mayor¨ªa de los excombatientes mantiene su voluntad de paz para sacar esto adelante, reivindica en medio de las adversidades.

Adem¨¢s de asesinatos y amenazas, un tercer fen¨®meno ha sido la desaparici¨®n. Al igual que con el reclutamiento, las cifras de las v¨ªctimas no son claras, pero seg¨²n Comunes ¨Cel partido que surgi¨® de las extintas FARC tras el acuerdo¨C hay m¨¢s de 30 reincorporados y familiares de los que no se tiene rastro. Precisamente, el mismo d¨ªa que EL PA?S habl¨® con Luz Marina Giraldo, firmante y viuda de Alexander Parra, el primer reincorporado asesinado dentro de un ETCR en 2019, se hizo p¨²blica la denuncia de la desaparici¨®n de dos excombatientes que trabajaban en un proyecto tur¨ªstico en el Guaviare. En medio de ese confuso panorama, los mecanismos de protecci¨®n prove¨ªdos por el Estado son precarios. ¡°La violencia homicida contra firmantes de paz est¨¢ dirigida hacia aquellos que lideran proyectos econ¨®micos que en el marco de la reincorporaci¨®n los hacen l¨ªderes muy visibles¡±, lamenta Daza.

*Nombres cambiados por razones de seguridad

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