La Contralor¨ªa declara ¡°de impacto nacional¡± la negativa de Cruz Verde a vender m¨¢s medicamentos a Sanitas

La Contralor¨ªa ha puesto lupa en el l¨ªo entre la cadena de farmacias Cruz Verde y la Empresa Promotora de Salud (EPS) Sanitas, que tiene en riesgo la entrega de medicamentos e insumos m¨¦dicos que no est¨¦n incluidos en el Plan B¨¢sico de Salud a casi 6 millones de personas. El contralor de la Rep¨²blica, Carlos Mario Zuluaga, ha declarado este mi¨¦rcoles como de ¡°impacto nacional¡± el caso y ha anunciado la activaci¨®n de un equipo especializado de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupci¨®n. El prop¨®sito, explic¨® en un video publicado en X, es ¡°determinar qu¨¦ ocurri¨® con las reservas t¨¦cnicas que debi¨® haber constituido la EPS Sanitas para garantizar el pago a proveedores y gestores de servicios m¨¦dicos¡± y ¡°obtener resultados r¨¢pidos con el fin de evitar un posible detrimento en los recursos de la salud¡±.

La declaratoria y la activaci¨®n del equipo son indicaciones de la gravedad de la disputa, por sus repercusiones sociales sobre los afiliados a esa EPS, pero tambi¨¦n por la posibilidad de que el problema se replique con m¨¢s EPS y otros proveedores. Son medidas que la Contralor¨ªa, la entidad encargada de vigilar el buen uso de los dineros p¨²blicos, solo toma en casos de grandes sumas de dinero o que tengan repercusi¨®n nacional. Justamente, Cruz Verde alega que Sanitas le adeuda una suma del orden de los 400.000 millones de pesos (unos 100 millones de d¨®lares). Adem¨¢s, agrega que ¡°tras m¨¢s de tres a?os de negociaciones y de diversas solicitudes¡±, la EPS de capital espa?ol no le ha propuesto un plan de pago.

Esa gravedad se refrend¨® este mi¨¦rcoles cuando otro ente estatal independiente, la Defensor¨ªa del Pueblo, convoc¨® una mesa de concertaci¨®n entre Cruz Verde, Sanitas y las diferentes autoridades de salud. Adem¨¢s, al igual que lo hizo el Gobierno desde el martes, se puso del lado de la cadena. ¡°La Defensor¨ªa del Pueblo insta a la EPS Sanitas a no permitir que se ahonde a¨²n m¨¢s la crisis de la salud y a garantizar ese derecho fundamental¡±, declar¨® en un comunicado oficial.

Aunque el choque entre las dos empresas ha creado revuelo, no es totalmente in¨¦dito. En casos similares la Contralor¨ªa ha llegado a multar a otros proveedores y gestores de servicios m¨¦dicos. El ente asegura que en el ¨²ltimo a?o la unidad de investigaci¨®n activada este mi¨¦rcoles ha tramitado 14 actuaciones de temas de salud que suman 630.000 millones de pesos (unos 150 millones de d¨®lares). Entre otras, se han proferido cuatro imputaciones de responsabilidad fiscal por 274.201 millones de pesos (unos 66 millones de d¨®lares) y han emitido tres fallos con responsabilidad fiscal de primera instancia por 389.619 millones de pesos (unos 95 millones de pesos). No todas las afectadas son EPS, aunque entre los procesados est¨¢n Saludcoop, Cafesalud y Medimas. Tambi¨¦n est¨¢n la estatal ADRES, que maneja todos los recursos del sistema, las cajas de compensaci¨®n familiar de Sucre y C¨®rdoba, el Distrito de Cartagena de Indias y el departamento de C¨®rdoba.

Adem¨¢s de destacar los precedentes, la Contralor¨ªa afirm¨® este mi¨¦rcoles que tiene en el radar la informaci¨®n relacionada con el estado contable general de las EPS para la vigencia 2022, una indicaci¨®n de la magnitud sist¨¦mica de la crisis. La delegada de Salud, explic¨® el ente, realiza actualmente una auditor¨ªa de desempe?o al flujo de los recursos del sistema de salud para determinar las debilidades y los cuellos de botella. Es la primera vez que se realiza el ejercicio, que audita alrededor de 240 billones de pesos (unos 60.000 millones de d¨®lares), una cifra similar a todo el presupuesto nacional. Entre las cuentas est¨¢n las reservas t¨¦cnicas, un colch¨®n de recursos que deben tener las EPS para responder en caso de necesidad urgente de recursos, y que aparecen muy menguados en sus cuentas.

Esa revisi¨®n es una se?al adicional del dif¨ªcil estado de un sistema creado hace 30 a?os, que logr¨® disparar la cobertura del aseguramiento entre la poblaci¨®n (solo el 23,5% ten¨ªa un asegurador en 1993, y la tasa ya est¨¢ alrededor del 98%) y aumentar los procedimientos y medicamentos cubiertos, pero que enfrenta grandes problemas financieros. El Gobierno, que cree necesario un cambio radical para eliminar la figura de las EPS como gestoras de riesgos y administradoras de recursos, ha presentado una pol¨¦mica reforma estructural que propone eliminarlas y concentrar el manejo del dinero en la estatal ADRES.

Pero la reforma ha producido una pol¨¦mica muy fuerte. Gener¨® una crisis de gabinete y el final de una amplia coalici¨®n pol¨ªtica que apoyaba al presidente Gustavo Petro. Con su reestructuraci¨®n enredada en el Congreso, en las ¨²ltimas semanas el Gobierno ha intervenido varias EPS, busca la primera licencia obligatoria de un medicamento y propone incluir en el sistema general el pago de los accidentes de tr¨¢nsito. En solo cuatro meses, casi siete millones de personas pasaron a estar asegurados por EPS que temporalmente maneja el Gobierno. Se suman a otros casi 11 millones que est¨¢n en Nueva EPS, de la que la Naci¨®n es accionista junto con varias cajas de compensaci¨®n. Adem¨¢s, la exministra de salud Carolina Corcho, cerebro detr¨¢s de la reforma, ha sonado como posible cabeza de la Nueva EPS, lo que ser¨ªa un camino para reforzar el control estatal sobre el sistema de salud sin pasar por el Legislativo.

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